Poco queda del poderoso Estado Islámico (EI) que en 2014 proclamó un “califato” sobre vastos territorios conquistados en Siria e Irak, aprovechando la fragilidad de los gobiernos en Damasco y Bagdad. Las ejecuciones en masa, violaciones y otros abusos se sucedieron. La ONU abrió una investigación por lo que consideró crímenes de guerra.
En los siguientes años, el EI fue perdiendo su influencia tras ser derrotado en el Kurdistán sirio por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y combatientes kurdos y árabes de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS)
En marzo de 2019 proclamaron su victoria contra el EI después de la conquista del último reducto integrista. Aquellos lugares que se regían por la ley islámica, ahora están bajo una administración autónoma kurda autoproclamada, que ejerce el poder y la justicia de facto.
El problema de la victoria
La victoria sobre el yihadismo lleva asociado el problema de cómo gestionar la justicia entre los derrotados. Un millar de extranjeros sospechosos de actividades yihadistas están recluidos en cárceles establecidas en ese territorio autónomo. Unas 12.000 mujeres y niños no sirios, allegados de los integristas islámicos, se encuentran recluidos en campamentos de desplazados.
Muchos de estos yihadistas tienen nacionalidad de países europeos. Muchos estados occidentales se niegan a repatriar a sus nacionales sospechosos de yihadismo del Kurdistán sirio, un territorio fronterizo con Turquía e Irak donde la pena de muerte está prohibida.
En el vecino Irak sí que se aplica la pena capital y cientos de personas, incluidas las extranjeras, ya han sido condenadas a muerte o cadena perpetua en juicios expeditivos denunciados por ONGs, tras ser transferidos desde Siria.
Una conferencia con expertos aborda el problema
La necesidad de juzgar con garantías a tantos sospechosos de graves crímenes ha llevado a que, a principios de julio, las autoridades kurdas invitaran a expertos internacionales a una conferencia para discutir sobre cómo juzgarlos, in situ.
“Lo ideal es que se establezca un tribunal en el área donde se cometieron los delitos para que las personas implicadas participen en el proceso de justicia”, afirma Mahmoud Patel, experto sudafricano en derecho internacional invitado a dicho simposio.
No es la primera vez que este tema sale a la luz pública. En marzo, las FDS y la administración autónoma del Kurdistán sirio ya habían pedido que se constituyera un tribunal penal internacional para juzgar a miles de miembros del Estado Islámico que permanecen en las cárceles de este territorio. Señalaban en un comunicado la conveniencia de que los yihadistas “sean juzgados en el país en el que cometieron sus crímenes”. Este hipotético tribunal especial permitiría “que los procesos sean llevados a cabo de forma igualitaria y respetando el derecho internacional y los derechos humanos”.
Este gobierno autónomo no es reconocido ni por el régimen de Bashar Al Asad, que lo ve como un oponente, ni por los estados occidentales, principal escollo para que un tribunal internacional se pueda materializar.
¿Tribunal Penal Internacional o corte local?
“Vamos a trabajar para crear este tribunal aquí. Ahora, la pregunta es ¿cómo configurar este tribunal y en qué forma?”, explica Abdel Karim Omar a la agencia AFP. Omar, que actúa como ministro de Exteriores de la administración kurda, cree que el tribunal internacional de marras debería juzgar a los acusados “de acuerdo con las leyes locales después de desarrollarlas para cumplir con el derecho internacional”.
Las autoridades kurdas ya cuentan con tribunales para los sirios, pero según Omar, sería necesaria la asistencia logística y legal para juzgar a los extranjeros. La imagina así: “Habría jueces locales y jueces internacionales así como abogados internacionales” para defender a los acusados.
Para Nabil Boudi, un abogado que defiende a cuatro prisioneros franceses, también invitado en la conferencia, incidió en la importancia de que el tribunal sea garantista: “Se necesita una investigación seria con un magistrado de investigación independiente” y “(un juicio) que sea mucho menos rápido que en Bagdad”.
Stephen Rapp, que fue representante de Estados Unidos en el Tribunal de Crímenes de guerra, opina que es más realista establecer un tribunal kurdo asesorado por expertos internacionales que garanticen “el respeto del derecho internacional”. Una opción que estima más factible que constituir una corte internacional, como se hizo para los crímenes de la antigua Yugoslavia o de Ruanda.
FUENTE: La Vanguardia
