“La posible ilegalización del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) es muy problemática”, declaró Marija Pejčinović Burić, Secretaria General del Consejo de Europa.
Los partidos políticos, ha explicado la ex ministra de Asuntos Exteriores croata, se benefician de la protección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que protege el derecho a la libertad de asociación.
“El TEDH ha subrayado explícitamente el papel fundamental que desempeñan los partidos en una democracia. El Tribunal considera que la disolución o prohibición de un partido es una medida extrema que sólo se justifica en circunstancias muy excepcionales, como último recurso”, ha dicho Pejčinović Burić.
Estas “circunstancias excepcionales” incluyen, por ejemplo, un vínculo directo entre un partido político y los actos delictivos de una organización terrorista, demostrado por un tribunal independiente, puntualizó.
“La prohibición de un partido político no puede justificarse, de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, por el mero hecho de que este partido intente debatir públicamente la situación de una parte de la población -aseveró la líder del Consejo Europeo-. Las críticas a la forma en que el gobierno aplica las medidas antiterroristas tampoco pueden ser motivo para prohibir un partido de la oposición”.
Hay varias sentencias, incluso contra Turquía, en las que se considera que la prohibición de un partido político viola las normas de derechos humanos del Consejo de Europa.
De hecho, el TEDH ha fallado contra Turquía en seis de siete casos.
Ayer, el vicepresidente de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y el Comisario de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, emitieron una declaración conjunta sobre la última represión contra el Partido Democrático de los Pueblos.
En el comunicado afirmaron que la UE “está profundamente preocupada por la decisión de despojar al miembro del HDP de la Gran Asamblea Nacional turca, Ömer Faruk Gergerlioğlu, de su escaño e inmunidad parlamentaria y su inminente encarcelamiento, así como la demanda iniciada por el Tribunal de Fiscal de casación solicitando el cierre del HDP”.
“Cerrar el segundo partido de oposición más grande violaría los derechos de millones de votantes en Turquía. Se suma a las preocupaciones de la UE con respecto al retroceso de los derechos fundamentales en Turquía y socava la credibilidad del compromiso declarado de las autoridades turcas con las reformas”, expresaron.
Para Borrell y Várhelyi, “como país candidato a la UE y miembro del Consejo de Europa, Turquía necesita urgentemente respetar sus obligaciones democráticas fundamentales, incluido el respeto por la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”.
El fiscal general de Turquía presentó este miércoles una solicitud ante el Tribunal Constitucional para ilegalizar al Partido Democrático de los Pueblos, la principal formación prokurda del país y la tercera en escaños del Parlamento turco. También pidió prohibir la actividad política de por vida a más de 687 dirigentes y representantes del partido. Con ello se abre un proceso que podría terminar con la cancelación del HDP (que obtuvo seis millones de votos en 2018), algo que exigía desde hace semanas la extrema derecha que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. En los últimos años, miles de miembros del partido prokurdo han sido encarcelados, incluidos sus antiguos líderes, y decenas de alcaldías logradas en las elecciones municipales de 2019 han sido intervenidas por el Ministerio de Interior.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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