El retroceso democrático en Turquía incrementa el malestar civil en las calles

Manifestante en una protesta contra la retirada de la Convención de Estambul el pasado 26 de marzo en Estambul. Alba Cambeiro

El líder turco Recep Tayyip Erdoğan continúa adoptando medidas que suponen un varapalo para los derechos humanos en el país, lo que ha incrementado la agitación social en las calles de las principales ciudades de Turquía. La generación Z del país anatolio, que ha vivido exclusivamente bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), marcado por la inestabilidad política y económica, desafía ahora al régimen de “un solo hombre” aprobado tras el referéndum de 2017. La reforma constitucional convirtió a Turquía en una república presidencialista y otorgó a Erdoğan mayores poderes ejecutivos, así como la capacidad de gobernar por decreto.

“Llevo 6 años viviendo en Estambul, pero no había visto tanta tensión desde el golpe en 2016. En las manifestaciones de mujeres hay más policía que manifestantes”, explica Kübra, vecina del barrio de Kadıköy. Kubra es peluquera, pero lleva meses sin empleo. “Trabajo en casa, le corto el pelo a amigos y conocidos. Si esto sigue así, tendré que volver a casa de mis padres”, declara.

Baris, miembro de las juventudes del CHP -principal partido de la oposición-, afirma que ha notado un incremento de policía en las calles del barrio, “incluso el monumento de Atatürk, que es donde normalmente se llevan a cabo todas las concentraciones, fue bloqueado con una barrera de policías”.

En enero de este año, el gobierno emitió un decreto presidencial que nombraba a Melih Bulu -figura vinculada al AKP- como nuevo rector de la prestigiosa Universidad Boğaziçi. Bulu es el primer rector elegido fuera de la comunidad universitaria desde el golpe militar de 1980. Este anuncio se convirtió en el motor de una escalada de protestas, en las que los jóvenes de Turquía manifiestan su frustración contra el partido conservador gobernante en el país. Según datos del Instituto de Estadística de Turquía (TUIK), la tasa de desempleo en el grupo de edad de 15 a 24 años es del 24,7%, y un informe de la Plataforma de Jóvenes Desempleados sitúa el paro juvenil como el más alto entre los titulados universitarios.

Las protestas estudiantiles han sido reprimidas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y, desde enero, más de 700 manifestantes han sido detenidos. En las manifestaciones participan también grupos LGTB, y varios estudiantes han sido juzgados acusados de incitar al odio por mostrar una imagen que combinaba imágenes islámicas con banderas del orgullo. Süleyman Soylu, ministro de Interior, calificó a los estudiantes como “pervertidos LGTB”. Erdoğan, por su parte, comparó a los manifestantes con “terroristas”, tras afirmar que el movimiento LGTB es incompatible con los valores de Turquía.

Revés para los derechos de la mujer

El 19 de marzo, en un decreto publicado a medianoche, el presidente Erdoğan retiró al país del Convenio de Estambul, tratado para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los abusos domésticos. El Convenio fue redactado por el Consejo de Europa y nombrado en honor a la ciudad donde se firmó, en el año 2011.

“El Convenio de Estambul, originalmente destinado a promover los derechos de las mujeres, ha sido secuestrado por un grupo de personas que intentan normalizar la homosexualidad, lo que es incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía”, afirmaba un comunicado publicado por el Directorado de Comunicaciones turco. Refiere al apartado de la convención que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Según la organización Human Rights Watch, la decisión del gobierno responde a un esfuerzo por asegurar el apoyo de las esferas religiosas más conservadoras fuera del partido, claves para mantener a Erdoğan en el poder.

Desde la salida del Convenio, miles de mujeres protestan semanalmente en ciudades de todo el país. Exigen la acción del gobierno para combatir los casos de feminicidios y violencia doméstica en Turquía. Según la plataforma Detendremos los Feminicidios (Kadin Cinayetlerini Durduracağız en turco), solo en el año 2020 al menos 300 mujeres fueron asesinadas, en su mayoría por sus parejas, y 171 mujeres más fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas.

“Erdoğan está muy atascado políticamente y esto ha influido en su decisión de poner fin al Convenio de Estambul. Están arriesgando la vida de las mujeres a cambio de apoyos políticos”, explica Melek Önder, de la plataforma Detendremos los Feminicidios. “Los ataques contra grupos LGTB y contra sus derechos han aumentado, se está llevando a cabo una política discriminatoria contra las personas LGTB”.

Desmantelar a la oposición

El 17 de marzo, el Parlamento turco retiró la condición de diputado a Ömer Faruk Gergerlioğlu, miembro del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP); alegaron difusión de propaganda terrorista por un tuit publicado en 2016. Poco después, el fiscal general de Turquía anunciaba la apertura de un caso para cerrar el propio partido. Asimismo, el fiscal solicitaba al Tribunal Constitucional la prohibición de ejercer política para más de 600 miembros, argumentando vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El HDP es el tercer mayor partido en el Parlamento turco, pero decenas de sus dirigentes han sido encarcelados -el último Gergerlioğlu, detenido el pasado 2 de abril-, y 48 de las 65 alcaldías gobernadas por el HDP han sido intervenidas. Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, antiguos copresidentes del partido, llevan desde el año 2016 en prisión por cargos relacionados con el terrorismo.

Las últimas medidas contra el HDP han supuesto la culminación de años de represión contra el partido. Responden a las repetidas llamadas al cierre por parte de Devlet Bahçeli, líder ultraderechista del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), parte de la coalición de gobierno con el AKP. El pasado 1 de abril, el Tribunal rechazó la acusación para el cese del HDP por omisiones de procedimiento, y Bahçeli sugirió en un comunicado que el Tribunal Constitucional también debía ser cerrado. No obstante, una vez corregidos los defectos técnicos y la información faltante, la acusación puede volver a ser presentada.

“Todo lo que practican en Turquía el AKP y el MHP se anuncia bajo la etiqueta estilo turco. El sistema presidencial, que fue descrito como estilo turco, ha dado la concentración de poder a Erdoğan a expensas del poder político formativo”, explica a Público Devriş Çimen, representante europeo del HDP. “Lo que se marca como estilo turco es, de hecho, una dictadura, como afirmó correctamente el primer ministro italiano Mario Draghi”, declara.

Aproximación a la UE

La Unión Europea (UE) ha reconocido el retroceso democrático en Turquía; la influencia política sobre el poder judicial ha supuesto el arresto de periodistas, políticos electos de la oposición y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, como miembro clave de la OTAN, Turquía es aliado fundamental para la Unión, debido a su importancia estratégica en la región. “Contra todas las prácticas de Erdoğan, los representantes de la UE o Josep Borrell siempre expresan su pesar y preocupación. Pero esta preocupación cuesta la vida de personas en Turquía”, afirma Çimen.

El 25 de marzo, los líderes de la UE acordaron restablecer las relaciones con Turquía en materia de migración, así como profundizar los lazos comerciales con el país. El pasado martes, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, se reunieron con Recep Tayyip Erdoğan en Ankara.

Durante la reunión en el palacio presidencial tuvo lugar un momento incómodo que ha causado todo un revuelo diplomático. Ursula Von der Leyen se quedaba desconcertada de pie mientras su compañero Charles Michel y el presidente Erdoğan ocupaban los dos únicos asientos entre las banderas de la UE y Turquía. La presidenta de la Comisión Europea acabó sentada en un sofá, a unos metros de distancia. “Erdogan ha humillado y seguirá humillando a los líderes de la UE, porque le han hecho saber que le necesitan más que él a la UE”, escribía recientemente el periodista turco Cengiz Çandar .

El historial de derechos humanos de Turquía no ocupó un lugar destacado en la agenda de la visita oficial. “Me preocupa que Turquía se haya retirado de la Convención de Estambul. Se trata de proteger a las mujeres y proteger a los niños contra la violencia, y esta es claramente la señal equivocada”, se limitó a decir Von der Leyen en la rueda de prensa respecto a la retirada de la Convención. “Queremos avanzar hacia unas mejores relaciones en el futuro, estamos en el comienzo de este camino”, afirmó.

La reunión en Ankara se centró en la renovación del acuerdo migratorio de 2016 -se espera que la UE proporcione más fondos a partir de 2022 para los refugiados que acoge el país-, y en la renegociación de la unión aduanera UE-Turquía, lo que facilitaría al país anatolio la exportación de sus productos. Un nuevo acuerdo aduanero podría ayudar a Ankara a aliviar la profunda crisis económica en la que se encuentra el país. El desempleo y la pobreza, agravados por la Covid-19, no han dejado de aumentar en Turquía. Según un informe del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, el número de hogares que reciben ayuda social ha aumentado un 102% en un año.

Erdoğan destituyó al gobernador del Banco Central -cuarto en pasar por el cargo en menos de dos años- mediante un decreto presidencial el pasado marzo. El ex gobernador Naci Ağbal subió los tipos de interés para luchar contra la inflación y restableció cierta confianza en la gestión económica del país. Su sustituto, Şahap Kavcıoğlu, defiende, al igual que Erdoğan, que los tipos de interés altos provocan una mayor inflación. La interferencia de Erdoğan en el Banco Central está dañando la confianza de los inversores, en un momento en el que Turquía necesita de fondos extranjeros para estabilizar su economía. La sustitución del ex gobernador Naci Ağbal por un leal al partido del AKP provocó el desplome de la lira y ha aumentado la inflación, que ya supera el 16%.

FUENTE: Alba Cambeiro Cernadas / Público

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