En un café de Mardin, ciudad del este de Turquía, la cólera se mezcla con la resignación cuando se habla de la destitución del alcalde prokurdo, elegido democráticamente y destituido en agosto por el gobierno, que lo acusó de estar vinculado a los rebeldes kurdos.
Ahmet Turk, una figura popular del movimiento kurdo, fue elegido a fines de marzo de 2019 con 56,2% de los votos pero, ante la acusación del gobierno, fue reemplazado por un administrador.
La historia se repite para Turk, de 77 años, quien ya había sido destituido de su cargo de alcalde de Mardin en noviembre de 2016 y estuvo detenido durante más de dos meses.
Poco más de un año después de las últimas elecciones municipales, 40 de los 65 municipios del sudeste de mayoría kurda están ahora dirigidos por administradores designados por el Estado para sustituir a los alcaldes elegidos.
Los alcaldes expulsados se presentaron bajo la etiqueta del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que Ankara considera el escaparate político de la guerrilla liderada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Además del de Mardin, fueron destituidos los alcaldes de Diyarbakir, la ciudad más grande de mayoría kurda de Turquía, y de Van.
En Mardin, el gobernador de la provincia nombrado por Ankara sustituyó a Turk como administrador del ayuntamiento de esta ciudad de 800.000 habitantes, muchos de los cuales se quejan de la falta de servicios y desarrollo.
“Nadie se toma la molestia de hacer algo o de alzar la voz. Quién sabe qué nos puede pasar mañana”, dice el dueño del café en Mardin, Firat Kayatar, entrevistado en febrero.
“Mejor no organizar más elecciones en el sudeste, porque es la segunda vez que sustituyen a los alcaldes elegidos por administradores”, agregó.
Uno de los clientes del café, Abdulaziz, de 57 años, opina: “Nadie nos escucha de todos modos. No tenemos a nadie ante quien quejarnos. El gobernador nos trae bananos cuando necesitamos pan”.
El HDP rechaza cualquier vínculo entre los alcaldes de sus filas y el PKK, y calificó su destitución de “ataque” contra los kurdos, que representan más del 20% de la población de Turquía.
El partido también acusó al gobierno de obstaculizar la lucha contra el coronavirus en el sudeste del país “mediante la represión ejercida contra las instituciones democráticas kurdas, en particular los ayuntamientos”.
“Las acusaciones fabricadas contra el HDP revelan un intento político del gobierno de destruir su legitimidad”, consideró Emma Sinclair-Webb, directora para Turquía de la oenegé de derechos humanos Human Rights Watch.
Faruk Kilic, jefe de la sección de Mardin del AKP, el partido del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, defiende sin sorpresa las medidas tomadas por el gobierno.
“En realidad esos alcaldes eran representantes de Qandil”, afirmó, refiriéndose al monte Qandil, sede del PKK en el norte de Irak. “Ninguno de esos alcaldes hablaba con toda libertad”.
El gobierno turco acusa regularmente a los alcaldes del HDP de poner las cajas de sus municipios a disposición del PKK o de reclutar en sus administraciones a familiares de miembros del grupo, considerado como terrorista por Ankara y sus aliados occidentales debido a la guerrilla que conduce desde 1984.
Pero para Sinclair-Webb, el gobierno busca “hacer desaparecer todas las distinciones entre el HDP, un partido que respeta las reglas del juego en el Parlamento, y sus representantes democráticamente elegidos por un lado, y una organización armada por el otro”.
Eren Keskin, de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) basada en Ankara, ve un motivo “económico” en la expulsión de alcaldes kurdos, debido a los importantes recursos de algunos municipios.
“Los primeros municipios para los que nombraron administradores -Diyarbakir, Mardin y Van- están en provincias con oportunidades de desarrollo económico”, dice.
El vicepresidente del HDP, Saruhan Oluc, acusa al gobierno de utilizar los ingresos generados por las administraciones locales para fortalecerse.
FUENTE: Agencias / Infobae / Edición: Kurdistán América Latina