Un nuevo informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) describe la forma en que Afrin está siendo administrado por las Fuerzas Armadas turcas y sus aliados árabes. El informe relata “altos niveles de crímenes violentos, con civiles como víctimas de robos, hostigamiento, secuestros y asesinatos”, y también menciona la discriminación particular a la que se han enfrentado los kurdos en Afrin desde que la ciudad fue ocupada a principios de este año.
En el informe se afirma que la división Sultan Murad, la división Hamza y los grupos rebeldes Ahrar Al Sharqiya cometen “robos, hostigamientos, tratos crueles y otros abusos y, en ocasiones, asesinatos”, mientras que los saqueos se producen “a diario” con bienes robados y luego vendidos en los mercados de Azaz, en el territorio del Escudo del Éufrates, haciendo caso omiso de las fuerzas de policía turcas que operan allí.
“Los civiles han informado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que varios miembros de los grupos armados de oposición que operan en la zona son antiguos delincuentes, contrabandistas o traficantes de drogas locales bien conocidos”, informó la Oficina del Alto Comisionado.
El informe también se queja de una creciente industria del contrabando y el secuestro de personas.
“La ACNUDH ha documentado al menos 11 casos en los que civiles, entre ellos mujeres y niños, fueron secuestrados, algunos de los cuales fueron liberados después de pagar rescates que oscilaban entre 1.000 y 3.000 dólares, mientras que se desconoce el paradero de otros”, indicó el informe.
La complicidad de las autoridades turcas
Según la ACNUDH, el gobierno de Turquía sólo ha cedido nominalmente el poder al llamado gobierno provisional sirio con sede en Ankara. Turquía administra Afrin con la ayuda de un “ciudadano sirio” que visita regularmente el distrito aunque no tenga su base allí. Sin embargo, el gobernador del distrito turco de Hatay ha encargado a dos ciudadanos turcos que actúen como Wali (gobernador). Uno de estos dos Wali visita Afrin cada dos días durante unas horas e informa al respecto.
Turquía administra Afrin a través de su fuerza de policía, su personal militar estacionado y los grupos armados a los que financia. El distrito de Afrin está dividido en “plazas de seguridad” que están bajo el control de varios grupos armados, incluidos Jaish Al Islam y Failaq Ar Rahman, recién llegados, que eran opositores en Ghouta Oriental. Cada plaza de seguridad está formada por varios barrios y está controlada por diferentes grupos armados. Para los civiles que quieren pasar de una “plaza de seguridad” a otra, se requiere la aprobación escrita del ejército turco o de los grupos armados. El ejército turco controla la ciudad a través de una red de puestos de control en las afueras de Afrin. Si los civiles desean desplazarse entre aldeas, ciudades y pueblos, también necesitan un permiso por escrito.
“ACNUDH ha recibido información de que la población procedente originalmente del distrito de Afrin -particularmente kurdos- son sujetos a procedimientos de control estrictos y procesos más largos para obtener la aprobación que los rebeldes desplazados internamente y sus familias civiles, así como otros civiles que han llegado recientemente a Afrin desde Ghouta Oriental y otras zonas”, asegura el informe.
Apartheid
Se relata una historia, según la cual, se detuvo a un minibús y un soldado turco preguntó si había kurdos a bordo. Un hombre de mediana edad que se dirigía al hospital respondió que era kurdo de Afrin y se le pidió que presentara un permiso para viajar. “Otros pasajeros no kurdos no estaban obligados a mostrar ningún permiso ni a presentar pruebas de sus motivos para viajar”, recoge el informe.
Ha habido otras situaciones en las que se ha puesto en marcha un sistema de apartheid virtual, con especial vulnerabilidad para la mayoría kurda de la ciudad. “ACNUDH continua recibiendo informes procedentes del distrito de Afrin sobre civiles, incluyendo mujeres, que son apresados en sus hogares o detenidos en controles, basándose en acusaciones de haber sido antiguos guerrilleros o afiliados de las fuerzas kurdas”, afirma la investigación, citando un relato en el que una joven kurda de 20 años, acusada de haber sido anteriormente miembro de las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ), fue forzada a presentarse en el juzgado de la Sharia (Ley Islámica) en el territorio del Escudo del Éufrates.
Otras formas de discriminación son el robo de bienes y la depuración étnica. “La mayoría de los desplazados internos son de etnia árabe, muchos de los cuales han sido ubicados aleatoriamente en las casas vacías de civiles (mayormente kurdos)”, señala el informe.
Además, los colonos en Afrin se han negado a desalojar las casas para los propietarios originales: “Muchos civiles que tratan de regresar a sus hogares los han encontrado ocupados por estos combatientes y sus familias, que se han negado a desalojarlos y devolverlos a sus legítimos dueños”.
“También ha habido informes de confiscación de bienes civiles con el pretexto de que la persona había estado afiliada de alguna manera a las fuerzas kurdas”, informa ACNUDH.
Impunidad de los rebeldes
Los grupos armados que supervisan la ocupación de Afrin junto con las fuerzas turcas también han sido acusados de estar divididos internamente, participando a menudo en actividades delictivas contra civiles y entre ellos mismos sin temor a las repercusiones. El 6 de mayo, por ejemplo, 10 civiles varones originarios de Deir-ez-Zor fueron muertos a tiros en un puesto de control comandado por miembros armados de la familia Al Waki, una familia infame con vínculos conocidos con grupos armados. En respuesta, Ahrar Al Sharqiya y Ahrar Al Sham intercambiaron disparos, que terminaron matando a tres civiles, entre ellos una mujer, e hiriendo a otras 19 personas.
“Las luchas internas entre varios grupos armados se han visto exacerbadas por la llegada, con la aprobación de Turquía, de nuevos combatientes de grupos como Failaq ar Rahman y Jaish Al Islam”, señala el informe.
Los grupos armados, si bien ostentan el derecho a administrar Afrin, en varias ocasiones han eludido la ley. En un caso, por ejemplo, miembros de la división Hamza abusaron del personal del hospital. Dos enfermeros y una enfermera fueron acusados de no trabajar lo suficientemente rápido para atender a uno de sus familiares. Los rebeldes procedieron a disparar balas al aire y cerraron el hospital durante cuatro horas. Al día siguiente atacaron a las enfermeras. “Al parecer, los autores fueron entregados a la policía por la División Hamza el 5 de mayo, pero fueron puestos en libertad unos días después de que miembros de alto rango del grupo armado amenazaran a la policía”.
Las Naciones Unidas han recomendado que “las fuerzas militares turcas y los grupos armados afiliados a ellas ejerzan el control, incluyendo, entre otros, el respeto y la protección de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, la libertad de circulación, el acceso a los servicios básicos (asistencia sanitaria, educación, etc.)”.
El informe concluye que debe garantizarse la libertad de expresión y opinión y la libertad de discriminación por motivos de raza, religión, opiniones políticas o de otra índole.
FUENTE: The Region / Traducido por Rojava Azadi Madrid
