La indiferencia de Turquía hacia los reclusos en estado crítico

Aysel Tugluk, una morena delgada de pómulos altos, ojos de águila, y pelo largo y oscuro, despertó mucha curiosidad durante el juicio de Abdullah Öcalan, el líder del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que cumple cadena perpetua desde 1999 en una prisión en la isla de Imrali, frente a la costa de Estambul. Fue una de las más de 50 abogadas que defendieron a Öcalan, capturado en Nairobi (Kenia) en febrero de ese año con la ayuda de la CIA. También era la más intrépida y animosa. Esta reportera estuvo presente en dos de las audiencias.

En la actualidad, Tugluk, de 56 años, languidece en una cárcel turca y cumple una condena de 10 años por supuestos cargos de terrorismo. Se encuentra en una fase avanzada de demencia. Es una sombra de su antiguo carácter combativo, tiene graves pérdidas de memoria y es incapaz de atender sus necesidades más básicas. Tugluk debe ser liberada inmediatamente para poder recibir una atención física y médica adecuada, que no está disponible en la prisión. Este fue el dictamen formal emitido por un comité de nueve médicos en un hospital gubernamental de la provincia occidental de Kocaeli en febrero, tras siete meses de pruebas exhaustivas. Sin embargo, este dictamen fue rechazado ocho meses después por el Instituto de Medicina Forense (IMF) de Estambul, que trató su enfermedad “como si fuera una especie de broma y pareció sugerir que estaba fingiendo su estado”, dijo Reyhan Yalcindag, un destacado abogado de derechos humanos que conoce a Tugluk desde hace 25 años, y forma parte de su equipo legal. La oficina del fiscal jefe dictaminó que seguiría en la cárcel.

El caso de Tugluk es emblemático sobre la crueldad institucionalizada que define el tratamiento de los enfermos terminales en Turquía, con las peores indignidades reservadas a los detenidos políticos. La Asociación Turca de Derechos Humanos afirma que hay 1.605 enfermos graves en las cárceles turcas. Unas 600 se encuentran en estado crítico, según Ercan Yilmaz, que se ocupa de estos casos para la Asociación de Derechos Humanos. Según sus cálculos, al menos 103 de ellos han muerto en prisión desde julio de 2016, cuando el gobierno comenzó a detener a personas por decenas de miles bajo la sospecha de estar involucradas en el fallido intento de derrocar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Esperan a que las personas se conviertan en cadáveres vivientes en los raros casos en los que los ponen en libertad -dijo Yalcindag a Al Monitor-. Poco después, mueren”.

Con el sistema actual, cuando la defensa apela a las autoridades para que se conmute la pena de su cliente, los fiscales los remiten al hospital del gobierno local para que los evalúen. Esa evaluación es, a su vez, asumida por el IMF. La mayoría de las veces, el IFM determina que el caso carece de fundamento, como ocurrió con Tugluk.

“Una de las cosas que llama la atención es la recurrencia del problema en el que las personas reciben informes médicos que muestran que tienen graves problemas de salud que, por razones compasivas, significan que deben ser liberados de la prisión y que la ejecución de la sentencia sea suspendida”, dijo Emma Sinclair-Webb, directora para Turquía de Human Rights Watch (HRW). “Aunque reciben informes de salud que muestran condiciones terminales, el (IMF), que está bajo el control del Ministerio de Justicia, da repetidamente informes que dicen lo contrario para que la gente siga cumpliendo sus sentencias”.

“No es una organización médica independiente. Está muy relacionada con el ejecutivo, y eso es un problema y algo que se ha criticado durante muchos, muchos años”, dijo Sinclair-Webb a Al Monitor.

En 2018, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan añadió otra barrera con la introducción de una ley que estipula que los fiscales tienen que pedir la opinión de la Dirección de Seguridad sobre si la liberación del preso enfermo supondría una amenaza para el orden público.

Cuando una petición de clemencia se refiere a una persona que está en la cárcel por presuntos vínculos con el PKK, como Tugluk, la Dirección de Seguridad suele alegar que “la familia de esta persona vive en un barrio donde hay un fuerte apoyo al PKK. Si son liberados, habrá un estallido de euforia. Las masas se reunirán en las calles; esto se presentará como una victoria para la organización terrorista. Se producirá un caos que amenazará la seguridad pública”, dijo Yilmaz a Al Monitor. “Se citan estos escenarios infundados como motivo de rechazo”, agregó.

Los grupos de derechos humanos afirman que, además del IMF, se debería llamar a un tercero independiente para que aporte su experiencia a la hora de legislar el destino de los reclusos enfermos. Con la esperanza de sentar un precedente de este tipo, los abogados de Tugluk se pusieron en contacto con la Fundación Turca de Derechos Humanos, un organismo independiente que trata a las víctimas de la tortura, para conocer su opinión sobre Tugluk. Hace cinco semanas, presentaron a la fiscalía general el informe de la fundación, firmado por tres médicos -dos de los cuales imparten clases en una universidad estatal-, en el que se afirma que Tugluk no es apta para permanecer en prisión, y exigen que se tenga en cuenta como motivo para revisar su propio veredicto.

Hay numerosos casos destacados de presos en estado crítico, como el de Mehmet Emin Ozkan, un kurdo de 83 años que fue condenado a cadena perpetua, acusado de asesinar a un general turco en un caso que posteriormente se demostró que se basaba en pruebas falsas, lo que obligó a repetir el juicio. Ha sufrido cinco infartos durante sus 26 años entre rejas, entre otras muchas afecciones, que ahora incluyen el COVID-19, y sigue esperando justicia.

La situación de Tugluk es especialmente desgarradora. Comenzó a mostrar los síntomas de su enfermedad en 2017, poco después de que se produjeran horribles acontecimientos en el funeral de su madre en el cementerio de Incek, en Ankara. A Tugluk se le permitió asistir.

Una turba de más de 100 hombres con palos, que coreaban insultos racistas y Allahu akbar (la frase árabe para “Dios es grande”) y gritaban que no iban a “permitir que los terroristas sean enterrados aquí”, se acumuló alrededor de los dolientes. Llevaban un tractor para retirar el cuerpo tras el entierro. La familia lo hizo ella misma y volvió a enterrar a Hatun Tugluk en su Tunceli natal.

“Aysel nunca se recuperó del shock. Ella y su madre estaban muy unidas”, recuerda Yalcindag. Tugluk nunca se casó, y compartían una casa en Ankara que daba al cementerio de Incek, donde pidió ser enterrada “para que mi hija pueda estar cerca de mí cuando salga de la cárcel”.

Hatun estaba muy orgullosa de los logros de su hija. Miembro de la fe aleví, reprimida durante mucho tiempo en Turquía, había llegado a ocupar algunos de los puestos más altos en el movimiento político kurdo dirigido por Öcalan, incluso como miembro del Parlamento, y como la primera mujer copresidenta de un partido político pro-kurdo, que posteriormente fue prohibido; todo esto fue citado como prueba contra ella en una serie de casos judiciales.

La vida de Tugluk estuvo llena de dolor y adversidad. Tenía 13 años cuando su hermano mayor, Aytekin, un guerrillero del PKK, fue asesinado a tiros en la cárcel, en 1979, en circunstancias turbias. Sus compañeros dicen que fue un guardia de la prisión quien le disparó. Aytekin tenía un gran parecido con su hermana.

El único hermano superviviente de Tugluk la visita en la cárcel cada semana. Le repite las mismas preguntas entre risas infantiles. Hasta hace poco, la familia se negaba a hacer público su estado, alegando que el Estado turco lo saludaría como “una victoria contra el movimiento kurdo”. Aunque sus abogados no quisieron hacer comentarios al respecto, la postura de la familia explica probablemente por qué tardaron tanto en actuar. Sin “una enorme campaña pública, es muy difícil obtener resultados”, señaló Sinclair-Webb. Ayse Ozdogan, una enferma terminal de cáncer que cumplía condena por sus presuntos vínculos con la secta de Fethullah Gulen, fue liberada en un raro acto de piedad el 26 de noviembre, tras una prolongada campaña en las redes sociales que mostraba su situación.

FUENTE: Amberin Zaman / Al Monitor / Rojava Azadi Madrid

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