Serio contratiempo para los servicios secretos turcos. Una filtración de documentos secretos ha dejado expuesto el complejo sistema de vigilancia que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan tiene desplegado en, al menos, diecinueve países, para mantener bajo control a individuos críticos con el régimen. Los documentos a los que ha tenido acceso Nordic Monitor describen una intrincada estructura en la que están involucrados agentes de inteligencia, policías y hasta miembros del personal diplomático.
Según la investigación del periodista Abdullah Bozkurt, Ankara lleva años reuniendo datos de inteligencia sobre personas concretas -nacionales turcos que se oponen a la deriva totalitaria de Erdogan- en cerca de una veintena de países de varios continentes. Los documentos a los que ha tenido acceso, prueban que estas operaciones se han llevado a cabo, sobre todo, en Estados Unidos, Alemania y Grecia, pero también en Canadá, Reino Unido, Bélgica, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Rumania, Brasil, Angola, Sudáfrica, Egipto, Irak, Uzbekistán, Pakistán y Kirguistán.
Todo el sistema de vigilancia se puso en marcha con el pleno conocimiento del propio presidente. Su objetivo era recabar información que pudiera servir para construir casos criminales contra los disidentes, muchos de ellos afiliados al movimiento del opositor Fetullah Gülen.
El funcionamiento
¿Cómo operaba esta red, con presencia firme a lo largo y a lo ancho del globo? El sistema quedó establecido dentro de la célebre Emniyet, que es como se denomina en turco a la Dirección General de Seguridad. En el seno de esta poderosa institución, Erdogan creó, en la primavera de 2016 (poco antes del golpe de Estado fallido), cuatro nuevos departamentos. El nombre de uno de ellos ha permanecido oculto hasta ahora.
El tiempo se ha encargado de demostrar que ese secretismo estaba, en cierto modo, justificado. Se trata del Departamento para el Combate contra los Crímenes contra la Seguridad Nacional, que, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha encargado de trasladar instrucciones concretas a los encargados de conseguir la inteligencia sobre el terreno. Los datos obtenidos eran enviados, en último término, a la Organización Nacional de Inteligencia (MIT, por sus siglas en turco), que los compilaba y los almacenaba.
¿Quiénes eran las fuentes? Lo normal es que las operaciones de obtención de información se encargasen a especialistas que hubiesen sido puestos sobre el terreno por la MIT. No obstante, la labor no está reservada en exclusiva a los agentes de inteligencia. Según el Nordic Monitor, se ha documentado que personal diplomático de Turquía en Londres, Dinamarca y Uzbekistán ha suministrado al Ministerio de Asuntos Exteriores informes secretos con datos sobre vigilancia a ciertos individuos; unas funciones que son a todas luces ilegales, en virtud de la Convención de Viena de 1961 que regula el derecho diplomático.
La inteligencia obtenida no se dejaba en un cajón. Al menos una parte era compartida con el Departamento de Crimen Organizado (KOM, por sus siglas en turco) de la Emniyet. Esta institución, dirigida por Resul Hologlu, ha sido la encargada de, en múltiples ocasiones, fabricar acusaciones de terrorismo y pertenencia a grupos criminales contra ciudadanos que se han mostrado críticos contra el gobierno de Erdogan, entre los que se encuentran periodistas y abogados.
¿Quiénes están en el punto de mira?
Precisamente, algunas de las personas que han sido sometidas a vigilancia en el extranjero son profesionales de la información. La investigación del Nordic Monitor afirma que una parte de los individuos monitorizados eran simpatizantes o afiliados del movimiento encabezado por Fetullah Gülen, uno de los opositores más renombrados al presidente. Aunque el propio Gülen tiene su residencia en Estados Unidos, las ramificaciones de su organización se extienden por muchos países. Otros, por su parte, estaban en el radar por oponerse a las campañas expansionistas de Erdogan en Siria y Libia.
Entre las personas mencionadas en los papeles filtrados, algunos tienen en su contra diversos cargos penales de dudosa validez jurídica. Algunos de los más prominentes son el periodista Metin Yikar, que trabajaba como editor jefe del canal informativo Samanyolu Haber TV, clausurado en 2016 después de una investigación periodística sobre los casos de corrupción que afectaban entonces a miembros de la familia del presidente.
Otro de los vigilados es Ibrahim Aytaç Anli, que pasó por Irak antes de afincarse definitivamente en Estados Unidos. En Washington DC, se desempeña como presidente ejecutivo de Rumi Forum, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del diálogo interreligioso e intercultural.
Temor a una filtración
Precisamente, una de las prioridades del poder turco era mantener, en la medida de lo posible, este sistema de vigilancia en secreto. Entre los documentos a los que ha tenido acceso el Nordic Monitor, figura una carta firmada por Kahyan Ay, adjunto al jefe de policía de la provincia de Ankara.
En la misiva, Ay insistía a sus subordinados en que era primordial que la información solo fuese transmitida en casos estrictamente necesarios. Además, puntualizaba que no debía ser compartida con personas o agencias no autorizadas. De este modo, parece que las autoridades turcas albergaban un temor bastante justificado a que se supiera de su estrategia de vigilancia.
No obstante, resulta algo contradictorio, puesto que el mismo Erdogan ha hecho llamamientos públicos a los integrantes de la diáspora turca a denunciar a aquellos que no comulgasen con la doctrina oficial. De hecho, una llamada anónima se ha saldado con la investigación por parte de Ankara de varios ciudadanos críticos con su gobierno residentes en Alemania, según el Nordic Monitor.
Por tanto, está bien contar con una red de informadores, aunque sean los propios ciudadanos quienes acusen a su vecino, pero no que se conozca que hay un departamento público dedicado en exclusiva a la vigilancia de los individuos más críticos; esa parece haber sido la postura adoptada por el presidente y los suyos.
¿Tendrá consecuencias?
¿Qué consecuencias prácticas puede tener que este entramado haya salido a la luz? Está por ver. A nivel interno, la sociedad turca se ha ido polarizando a medida que Erdogan ha consolidado una forma de hacer política cada vez más autoritaria. Sus defensores lo defienden cada vez con más entusiasmo, mientras que el malestar entre sus detractores es cada vez mayor.
El mandatario ha reforzado su posición tratando de acallar cualquier tipo de crítica. Esta estrategia, enraizada en una vulneración constante de los derechos humanos, ha dado resultado solo a medias, puesto que las voces disonantes siguen apareciendo por doquier. En el contexto actual de la crisis por el coronavirus, prominentes figuras de la oposición política, como los alcaldes de Estambul y Ankara, se han mostrado muy contrarios a la gestión del gobierno. Además, en un marco más amplio, la profunda crisis económica que atraviesa el país euroasiático puede generar todavía más descontento.
A nivel exterior, lo cierto es que Turquía cada vez tiene menos apoyos en el terreno geopolítico, en parte, debido a la deriva de su presidente. Los abusos perpetrados por el gobierno, con una separación de poderes que se ha ido difuminando en el último lustro, ha levantado ampollas en diversas organizaciones para la defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En el plano estatal e intergubernamental, Turquía ha supuesto un dolor de cabeza muy persistente para la OTAN, organización de la que es Estado miembro, pero más por sus campañas militares en Siria y Libia que por sus problemas internos. La Unión Europea, sin embargo, sí que es un objetivo cada vez más lejano para Ankara. La campaña de represión interna puesta en práctica por el presidente Erdogan imposibilita, por el momento, la entrada del país en el club comunitario.
FUENTE: Pablo Rubio / Atalayar