Desde hace dos meses, los estudiantes y profesores de la Universidad del Bósforo (Boğaziçi), en la ciudad de Estambul, se encuentran movilizados en rechazo a la designación como rector de Melih Bulu, con vínculos estrechos con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido Justica y Desarrollo (AKP).
Las protestas de los y las estudiantes dejaron en claro –otra vez- la furia represiva que es desatada de forma permanente por el Ejecutivo turco ante cualquier manifestación en su contra. La utilización de las fuerzas de seguridad contra amplios sectores de la oposición no es un hecho aislado o coyuntural, sino que es una parte profunda en la génesis del AKP y del partido Acción Nacionalista (MHP), el principal aliado del gobierno para desplegar sus políticas estatales.
Las protestas en la Universidad del Bósforo demostraron que el gobierno turco construye -tanto en lo interno como en su política exterior- una política militarista, condimentada con persecuciones ideológicas y fuertes censuras a los medios de comunicación que considera díscolos.
Desde que se iniciaron las manifestaciones en contra de la designación de Bulu y en defensa de la autonomía universitaria, se produjo la detención de, al menos, 560 personas, según Human Right Watch (HRW). Las protestas que comenzaron en Estambul a principios de enero se multiplicaron en otras 38 ciudades del país. Medios locales revelaron que muchos de los detenidos sufrieron maltratos, fueron desnudados y registrados, y amenazados de muerte.
Como respuesta a las protestas, desde el gobierno turco calificaron a las y los estudiantes como “pervertidos” y “terroristas”. El 1 de febrero, el presidente Erdogan declaró en referencia a las manifestaciones que “nuestra juventud no es una juventud LGBT. Es una juventud con computadoras y teclados, no son LGBT. No son una juventud que comete actos vandálicos”. Unos días antes, el ministro del Interior, Süleyman Soylu, reveló que cuatro de los estudiantes detenidos eran “pervertidos LGBT”.
El movimiento kurdo en la mira
El 15 de febrero pasado, la justicia de Turquía publicó órdenes de captura para 700 integrantes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), entre los que se encuentran dirigentes, co-alcaldes y militantes. El HDP, que aglutina al movimiento kurdo y a sectores de izquierda y progresistas del país, es perseguido de forma sistemática a pesar de ser la tercera fuerza política del país, haber ganado casi 100 alcaldías y proponer un diálogo de paz urgente para resolver las problemáticas generadas por el Estado turco no sólo en la población kurda (unas 25 millones de personas), sino en las minorías étnicas y religiosas que habitan el país.
Los arrestos y la judicialización de dirigentes y co-alcaldes ya es algo habitual en el Kurdistán turco (sudeste del país). El Poder Judicial, bajo la férrea tutela del Ejecutivo, acusa a todos por igual de “pertenecer a una organización terrorista”, en referencia al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), ilegalizado por el Estado turco. Aunque el gobierno turco respalda de manera abierta al Estado Islámico (ISIS) y a otros grupos terroristas en Siria, el problema para Erdogan es el HDP y sus iniciativas progresistas y de paz.
Dos días después de los arrestos masivos, Erdal Avci, dirigente del HDP en Estambul, declaró que en Turquía “se está librando una guerra psicológica contra la oposición para que no se escuchen sus reclamos. La gente está aislada de la sociedad, como si hubiera hecho algo ilegal”. Beser Celik, portavoz del Consejo de Mujeres del HDP, explicó a dónde apunta la política represiva del gobierno: “Especialmente antes del 8 de marzo, la práctica (represiva) sirve para disuadir e intimidar a las mujeres que pelean. Sin embargo, las mujeres continuarán peleando y seguirán en las calles”.
Por su parte, el diputado del HDP Zeynel Özen, aseveró que “si la cuestión kurda no se resuelve, no habrá paz en este país”, al mismo tiempo que sintetizó: “Nuestra esperanza ante este poder que se alimenta de violencia, sangre, persecución, es la vida”.
Las 100 razones de las mujeres
El Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Europa (TJK-E) lanzó en noviembre pasado la campaña internacional 100 razones para juzgar al dictador, con la cual busca reunir 100 mil firmas para presentar en Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, y de esta forma denunciar los femicidios cotidianos en Turquía, que son apañados por el Ejecutivo.
La campaña, iniciada el mismo día en que en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, recoge 100 casos emblemáticos de femicidios cometidos contra mujeres de Kurdistán y Turquía. Desde el TJK-E alertaron que las guerras impulsadas por Erdogan en Medio Oriente, y en muchos casos la posterior ocupación de territorios, pone en peligro a las mujeres que los habitan.
A principio de año, la plataforma “Vamos a parar los feminicidios” (Kadın Cinayetlerini Durduracağız, KCDP) publicó un informe en el que reveló que en 2020 en Turquía se cometieron 300 femicidios y otras 171 mujeres fueron encontradas muertas en condiciones sospechosas. La misma organización informó que sólo en enero de 2021, fueron asesinadas 23 mujeres y otras 14 murieron en circunstancias extrañas.
Desde el TJK-E expresaron que “lucharemos de forma creativa y resuelta por el reconocimiento del femicidio como crimen de lesa humanidad y la condena del presidente turco Recep Tayyip Erdogan” ante los tribunales internacionales. En una declaración, las mujeres que integran la organización puntualizaron que en Turquía el gobierno profundizó el fascismo, el cual “se convierte en una amenaza permanente para las mujeres y para una sociedad orientada a la libertad”.
Periodistas entre rejas
En diciembre pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) presentó su informe anual sobre las cifras de periodistas presos en 2020, que alcanza un total de 274. Según el organismo internacional, Turquía es el segundo país del mundo con mayor cantidad de periodistas presos, detrás de China.
El CPJ advirtió que en Turquía, “donde todos los periodistas encarcelados enfrentan acusaciones de delitos contra el Estado, la cifra de periodistas presos ha disminuido desde la escalada de 2016, año en que se registró un fallido intento golpista en el mes de julio”. “El CPJ halló que 37 periodistas se encontraban presos en Turquía en 2020, menos de la mitad que en 2016, pero las autoridades continúan arrestando a periodistas -y a sus abogados-”, agregó el informe.
El CPJ indicó en las semanas previas a la divulgación del informe, “las autoridades turcas arrestaron, como mínimo, a tres periodistas que trabajaban para el medio de prensa pro-kurdo Mezopotamya News Agency, por su cobertura informativa crítica. Uno de esos periodistas, Cemil Uğur, había denunciado en un artículo que efectivos militares habían detenido y torturado a dos pobladores y los habían arrojado desde un helicóptero; una de esas dos personas murió posteriormente”.
A finales de febrero, comenzó el juicio contra el periodista kurdo Abdurrahman Gök, acusado de “violación de la legislación antiterrorista” y por el cual podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Gök, que trabaja en Mezopotamya, también es acusado de “pertenencia a una organización armada” y “de propaganda terrorista”, ya que la justicia lo vincula a la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK).
A Gök realmente se lo está juzgando por escribir un artículo sobre el expolio de la cultura musical kurda, en el que expuso un caso de acusación de plagio en el que estaba implicado el cantante turco de extrema derecha Mustafa Yıldızdoğan, que supuestamente robó la melodía del himno nacional kurdo Ey Raqîp para utilizarla en su canción nacionalista Muero por ti, mi Turquía. Gök también es acusado de brindar un discurso en el Día del Periodismo Kurdo (que se celebra el 22 de abril) y por varias publicaciones que realizó en Twitter. Además, la justicia los acusa de tomar fotos de las Unidades de Defensa del Pueblo y de las Mujeres (YPG/YPJ) durante la liberación de la ciudad de Kobane, en el Kurdistán sirio, en 2014, y de las Unidades de Autodefensa de Shengal (YBS) durante la defensa de la población yezidí atacada por ISIS en el norte de Irak.
FUENTE: Leandro Albani / La tinta
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