El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó varios casos presentados por víctimas de la invasión y ocupación por parte de Turquía de Afrin, la región kurda del norte de Siria, alegando que los solicitantes aún no habían agotado todas las formas de recurso legal interno, informó el viernes DW News.
Los solicitantes presentaron peticiones entre el 23 de julio y el 18 de septiembre, citando disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. El tribunal rechazó todas las solicitudes en septiembre y octubre.
A medida que se produjo la invasión, la Comisión Cívica Unión Europea (UE)-Turquía, establecida para supervisar el cumplimiento por parte de de Ankara de los criterios de adhesión a la UE, instó al CEDH a tomar medidas sobre Afrin. “Turquía es miembro del Consejo de Europa y miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Por lo tanto, se alienta al tribunal a tomar medidas inmediatas en forma de medidas provisionales, según lo considere apropiado en estas circunstancias, para detener los crímenes cometidos por Turquía en nombre del propio oresidente Erdogan”, se lee en el comunicado.
Para que un caso sea declarado admisible por el CEDH, el tribunal debe determinar que los solicitantes han agotado todos los “recursos internos”. Según el informe de DW News, los casos relacionados con Afrin fueron rechazados porque no hubo ningún intento de resolverlos dentro del sistema legal turco. Tal decisión significa, en particular, que la CEDH reconoce que el sistema legal de Turquía es el sistema legal “interno” de cualquier persona que viva en Afrin ocupado. Cualquier otro caso que provenga del territorio sirio ocupado por los turcos tendría que progresar a través del sistema legal turco para ser admitido, una perspectiva extremadamente difícil.
Tomando esta decisión como punto de partida, un examen de las realidades legales nacionales e internacionales que enfrenta la gente de Afrin muestra qué pocas vías tienen, a pesar de la gravedad de las violaciones de derechos humanos que han enfrentado. El estado de la guerra en Siria y el hecho de que la Federación Democrática del Norte de Siria es una entidad no estatal, complica aún más la situación.
Los tribunales turcos, el sistema que el CEDH sugiere que los residentes de Afrin “agoten”, han procesado a cientos de ciudadanos por abogar contra la invasión de Afrin, a menudo por cargos relacionados con “terrorismo”. Solo en el primer mes de la operación, al menos 449 personas fueron detenidas por cargos de “propaganda terrorista” y por abogar contra la guerra en las redes sociales. Erdogan calificó de “traición” a una declaración contra la guerra de la Asociación Médica turca y los obligó a eliminar la palabra “turco” de su nombre, alegando que ya no podían representar al país. Nueve estudiantes fueron detenidos por realizar una manifestación contra la guerra en su campus universitario.
Si los individuos que viven dentro de las fronteras turcas enfrentan un sistema legal hostil y politizado para mostrar su oposición a la invasión, los residentes de Afrin ocupado que esperan presentar una petición a un tribunal turco, seguramente enfrentarán un ambiente más tenue, si ese caso fuera posible. Al evaluar los posibles crímenes de guerra en Afrin, un informe de las Naciones Unidas describió los hechos cometidos por el Ejército Libre Sirio (ELS), pero solo observó el papel de Turquía para decir que “el ACNUDH insta a la República de Turquía a garantizar que todos los grupos armados sobre los que ejerce control en Afrin y otras áreas de Siria se adhieren estrictamente a sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”.
Mientras tanto, los funcionarios turcos han afirmado que no pueden ser responsabilizados por los delitos cometidos por las fuerzas que supervisan en las áreas que ocupan. En respuesta al asesinato de Rasha Bseis, cometido por su hermano, un miliciano del ELS, Leyla Shahin Usta, presidenta de derechos humanos del partido AKP, le dijo a The Guardian que “el ELS tiene su propia fuerza policial y sus propios tribunales. Como país observador, les aconsejamos sobre las normas de derechos humanos, pero al final del día, el ELS está a cargo”.
El Cuarto Convenio de Ginebra establece que en cualquier territorio ocupado, “las leyes penales del territorio ocupado permanecerán en vigor, con la excepción de que pueden ser derogadas o suspendidas por la potencia ocupante en los casos en que constituyan una amenaza para su seguridad o una obstáculo para la aplicación de la presente Convención”, y que tales cambios en la ley “no deben entrar en vigor antes de haber sido publicados y llevados al conocimiento de los habitantes en su propio idioma”.
Turquía no implementó dicho proceso cuando invadió Afrin, ni ha hecho ningún esfuerzo por establecer un sistema legal justo como lo describen otros artículos de la Convención. Hay un tribunal supervisado por el ELS y por turcos en Al Rai, que se abrió en septiembre. Al Monitor informó que el tribunal tendrá jurisdicción sobre las áreas en poder de los rebeldes respaldados por Turquía, incluido Afrin. Los casos presentados ante la CEDH, que impugnaron violaciones anteriores, no pudieron haber sido juzgados por este tribunal en el momento en que se presentaron.
También es probable que sea tan politizado e injusto como lo han demostrado otros sistemas de justicia administrados por el ELS.
FUENTE: Meghan Bodette / The Region / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
