Tras la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, un acuerdo a nivel europeo destinado a erradicar la violencia contra las mujeres, la opinión pública cuestionó la capacidad de Turquía para abandonar otros acuerdos internacionales mediante decretos presidenciales, es decir, por vía unilateral y dependiente del presidente Recep Tayyip Erdogan. A colación de este debate, el portavoz de la Asamblea Nacional turca, Mustafa Şentop, declaró que es posible desde el punto de vista constitucional, y puso como ejemplo el Convenio de Montreux.
El presidente Erdogan aprobó a finales de 2019 un proyecto para construir un canal comercial en Estambul, similar a los construidos en Panamá o en Suez. Los planes de Turquía pasan por abrir un nuevo canal que conecte el mar Negro, al norte de Estambul, con el Mar de Mármara, al sur. La administración considera a este de vital importancia para aliviar la presión sobre el Estrecho del Bósforo, en Estambul, uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, que albergó a más de 38.000 barcos el curso pasado.
La decisión del Ejecutivo incurre en la violación de la Convención de Montreux. Rubricado en 1936, este pacto otorga a Turquía el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y regula el tránsito de buques de guerra de otros estados. Turquía obtuvo el control total de los estrechos a cambio de garantizar el libre tránsito de buques civiles en tiempos de paz. La firma de la Convención de Montreux dio pie, además, la remilitarización de los estrechos por parte de Turquía, y puso fin a las limitaciones derivadas de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial.
Los opositores a los planes de Erdogan alegan que, más allá de su impacto en el medio ambiente, la consecución del gobierno amenazaría a la libertad de las embarcaciones civiles para cruzar el Bósforo y el estrecho de los Dardanelos. No obstante, el gobierno turco alega que desde la rúbrica de la Convención, el instrumento legal que rige el régimen del estrecho, el tamaño y la capacidad de los barcos, ha aumentado enormemente, lo que plantea importantes problemas de seguridad.
El nuevo canal permitiría a los barcos cruzar entre el Mediterráneo y el mar Negro, sin pasar por estrechos sujetos a las disposiciones de la Convención de Montreux. “¿Qué ha ganado y qué ha perdido Turquía con la Convención de Montreux? Lo demostraremos terminando el Canal de Estambul”, declaró el año pasado Erdogan.
Detención ante las críticas del Ejército
A raíz de las pretensiones del gobierno turco, un grupo de 103 almirantes hicieron pública el sábado una declaración en forma de denuncia ante el Ejecutivo. “Montreux proporcionó a Turquía la posibilidad de mantener su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Somos de la opinión de que es necesario evitar cualquier declaración y acción que pueda hacer que la convención de Montreux, un tratado importante en términos de la supervivencia de Turquía, sea puesta en discusión”, alegaron los oficiales militares retirados en la declaración. Esta suscitó una potente reacción gubernamental ante una “injerencia en las instituciones democráticas y en la voluntad pública”.
Las fuerzas de seguridad turcas han detenido este lunes a 10 almirantes que criticaron públicamente la intención de Erdogan de abandonar la Convención de Montreux en una declaración conjunta suscrita por más de un centenar de almirantes. En la misiva, los firmantes reivindicaron el papel del Ejército como garante de la Constitución y denunciaron la deriva islamista guiada por Erdogan. Por su parte, el gobierno turco ha acusado a los ex militares de interferir en la acción del gobierno elegido democráticamente.
La Fiscalía de Ankara ha iniciado una investigación judicial basada en el artículo 316/1 del Código Penal turco. Este recoge que si dos o más personas acuerdan cometer cualquier delito contra el orden constitucional, serán condenados a prisión de 3 a 12 años, según la gravedad del caso. El artículo incluye que no serán sancionados aquellos que se retiren de esta alianza antes de que se cometa el delito pretendido o se inicie la investigación.
La Fiscalía adujo en un comunicado que los sospechosos fueron detenidos para evitar la destrucción de pruebas y para encontrar al resto de los implicados en la firma de la declaración. En el mismo mensaje, la Fiscalía detalló que las autoridades no habían detenido a otros cuatro sospechosos por su avanzada edad, sin embargo, están obligados a presentarse en la Dirección de Policía de Ankara en un plazo de tres días. Las autoridades creen que los 14 sospechosos organizaron la declaración.
El inicio de las pesquisas se ha saldado con una decena de arrestos. Dos de los almirantes, Ergun Mengi y Atilla Kezek, fueron capturados en la capital, Ankara; otros dos, Turgay Erdag y Ali Sadi Ünsal, en la ciudad de Izmit, hacia el noroeste del país, y los seis restantes, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sagdıç y Türker Ertürk, en Estambul. Todos ellos fueron conducidos hacia dependencias judiciales en Ankara.
Entre los detenidos se encuentra Cem Gürdeniz, un almirante del Ejército turco conocido por impulsar la nueva doctrina marítima “Patria Azul”, por la que se rige Turquía en su pugna por el control y el dominio de los recursos naturales en el Mediterráneo oriental contra Grecia, Chipre y Egipto. Gürdeniz fue acusado de formar parte del supuesto golpe de Estado en marzo de 2003, aunque posteriormente fue absuelto.
El Ministerio de Defensa ha asegurado que la declaración “solo afectará negativamente a la moral y motivación del personal y alegrará a los enemigos”. “Creemos firmemente que el independiente sistema judicial turco hará lo que sea necesario”, ha añadido el Ministerio. El presidente Erdogan ha convocado para este mismo lunes un Consejo de Ministros Extraordinario para analizar la respuesta.
El director de Comunicaciones de la Presidencia, Fahrettin Altun, ha cargado con aquellos que no han criticado la misiva. “Lo único que pueden hacer todos los que respetan la democracia y la voluntad del pueblo es posicionarse en contra de esta declaración insensible y sin peros”, sostuvo. “Si permanecemos en silencio ante la más mínima insinuación de un intento de golpe de Estado, ¿cómo podemos proteger a nuestro país y a la nación contra los planes traicioneros?”, añadió Altun.
Las acusaciones de golpe militar ante una misiva secundada por tan solo un centenar de militares jubilados refleja la deriva autócrata y reaccionaria en la que ahonda Turquía. Cualquier crítica es catalogada como un ataque frontal a la Constitución, y posteriormente aprovechada para redirigir con más fuerza si cabe el comportamiento unilateral del presidente Erdogan.
FUENTE: Álvaro Escalonilla / Atalayar
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