El califato del Estado Islámico (ISIS) fue derrotado como entidad territorialmente consolidada en Irak a finales de 2017. A pesar de ello, algunos de los pueblos más vulnerables que habían sido su objetivo, como los yezidíes y los cristianos asirios, siguen estando amenazados. Para estos pueblos, el Estado Islámico fue una verdadera pesadilla, pero representaba una situación mucho más compleja que ya existía antes del ascenso del grupo y que continuó tras su declive. A medida que Irak se hundía en un conflicto caótico y violento después de la invasión estadounidense, pronto quedó claro que las minorías no pertenecientes a los grupos étnicos y religiosos dominantes del país se enfrentaban a la perspectiva de una violencia selectiva y sin frenos, a manos de las milicias y de los terroristas.
Los asirios fueron expulsados de sus casas en Bagdad. La gran mayoría de los mandeos ya había abandonado el país, en 2007, tras ser víctimas de extorsiones y asesinatos. Durante ese mismo año, varios ataques suicidas coordinados mataron a 800 yezidíes en el noroeste de Irak. La llanura de Nínive, al este y norte de Mosul, única zona de Irak que cuenta con una mayoría demográfica de minorías étnicas, y Sinjar (Shengal), la tierra natal de los yezidíes al oeste de Mosul, se convirtieron en los últimos refugios para la supervivencia de estas minorías. Líderes políticos y sociales impulsaron un plan para crear un gobierno autónomo en la zona, apoyándose en el marco legislativo y político iraquí, posterior a 2003. La aplicación del artículo 125 de la Constitución iraquí, que recoge legalmente los derechos administrativos, políticos y culturales de las distintas “nacionalidades” de Irak, se hizo urgente para las zonas que podían ser objeto de conquista, así como para los grupos amenazados por un genocidio. Sin embargo, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) se apropió de estos territorios por medio de un aparato militar y de seguridad etno-nacionalista, y represivo. El área de Sinjar y la llanura de Nínive pasaron a ser objeto de disputa de las reivindicaciones unilaterales del Kurdistán iraquí, que pretendía extenderse hacia zonas no kurdas. El gobierno regional tenía la capacidad necesaria para respaldar esas reivindicaciones. En Sinjar y en la llanura de Nínive, varias figuras políticas, líderes comunitarios, periodistas y activistas de comunidades minoritarias que se resistieron a la presencia de las tropas armadas del KRG fueron acosados, golpeados y, en algunas ocasiones, asesinados. En Bagdad, por el contrario, la disfunción, la corrupción y el fanatismo eran tan generalizados que el apoyo a las minorías por parte del gobierno central se había vuelto escaso o prácticamente nulo. Cada parte responsabilizaba a la otra como razón para evitar la inversión y el desarrollo.
El gobierno de los Estados Unidos legitimó esta anexión de facto llevada a cabo por el KRG, mediante medidas pasivas y activas. La denominación de “territorios en disputa” propuesta por el KRG fue aceptada por los estadounidenses, que adoptaron a la vez un papel ostensiblemente distante, alegando que el destino de estas zonas era un asunto interno de Irak. A pesar de ello, el gobierno estadounidense potenció directamente a los dirigentes del KRG, en particular al Partido Democrático del Kurdistán (KDP), controlado por la familia Barzani, reforzando su crecimiento territorial militarizado y anulando así las perspectivas políticas de los grupos a los que este había sometido a través de su expansión.
El gobierno estadounidense también optó por no apoyar a los líderes legítimos de las minorías a través de Bagdad, a pesar de que las propuestas de estos líderes, que garantizarían la supervivencia de sus circunscripciones, avanzaban los principios de pluralismo y democracia que Estados Unidos había pretendido instaurar en el sistema político iraquí después de 2003, y que todavía hoy sus funcionarios defienden retóricamente. En cambio, dichos funcionarios culparon sistemáticamente a los líderes laicos políticamente independientes por tratar de hacer efectivos aquellos mismos procesos que Estados Unidos había puesto en marcha para garantizar su supervivencia, en lugar de aceptar el papel de comunidades religiosas simbólicas, subyugadas a unas fuerzas vecinas hostiles y depredadoras.
En agosto de 2014, los Peshmerga, que habían luchado con los lugareños ante el avance de Estado Islámico, se retiraron de forma abrupta y organizada sin disparar ni un solo un tiro cuando ISIS invadió Sinjar y la llanura de Nínive. Esta retirada confirmó los peores temores de yezidíes y asirios, alimentados durante años de discriminación y opresión, especialmente a manos del KDP. Con sus antiguos residentes dispersos, sus aldeas en ruinas, y un Estado ya políticamente débil, la supervivencia de estos grupos parecía más frágil que nunca. El apoyo que los Peshmerga recibieron por parte de Estados Unidos durante la lucha contra Estado Islámico no hizo sino envalentonar las ambiciones territoriales del KRG.
Tras la expulsión de Estado Islámico del norte de Irak, regresó el statu quo y con ello el conflicto político. No hubo ninguna revisión ni se depuraron responsabilidades. Asirios y yezidíes nunca habían tenido tanta necesidad de apoyo directo para sobrevivir, y sin embargo, la perspectiva de una ayuda nunca había parecido más remota. La política de la era Biden no sólo ha renovado el compromiso de Estados Unidos con el statu quo establecido desde hace tiempo con consecuencias catastróficas, sino que ha avanzado hacia la formalización de algunos aspectos particularmente dañinos. La propuesta de autonomía de la llanura de Nínive se enfrentó a una década de obstrucción directa por parte del KDP y de negligencia e indiferencia por parte de Bagdad, período durante el cual cientos de miles de asirios abandonaron Irak. Finalmente, la autonomía fue aprobada por el Consejo de Ministros iraquí en enero de 2014.
El ascenso del Estado Islámico impidió la creación de esta autonomía, pero también significó que los asirios podían ahora reclamar algo concreto a cambio de su participación activa en la lucha contra ISIS. Para ello, se crearon las Unidades de Protección de la llanura de Nínive (NPU), una fuerza de seguridad apoyada políticamente por el Movimiento Democrático Asirio, con base en Bagdad, pero con un mandato defensivo local. Las NPU están registradas bajo el Servicio de Seguridad Nacional, que depende de la oficina del primer ministro y forma parte oficialmente de las fuerzas de seguridad iraquíes. En el marco de esta estructura, las NPU recibieron formación y un modesto apoyo por parte de Estados Unidos durante la operación Inherent Resolve, previa a la misión Conquest, que pretendía expulsar al Estado Islámico de Mosul. Sin embargo, una vez finalizada la misión, Estados Unidos no apoyó a las NPU en su intento de institucionalizarse como fuerza de seguridad local. Los porcentajes de retorno tras la expulsión del Estado Islámico son relativamente altos en las ciudades controladas por las NPU, pero siguen siendo muy bajos o inexistentes en las ciudades ocupadas por los Peshmerga. El hecho de que las NPU funcionen como fuerza de seguridad refleja el hecho de que sus filas se llenan de activistas procedentes de poblaciones locales que confían en su misión defensiva y en un acuerdo con Bagdad que resiste tanto la conquista del KRG, la perspectiva de ataques terroristas y la incursión de fuerzas iraníes. La ocupación de los Peshmerga conduciría a una situación de inseguridad constante, así como a una probable transformación demográfica. Como dijo Daniel Rawand Pols, un líder de la comunidad asiria católica que vive en Ankawa, el suburbio cristiano de Erbil, en una conferencia en línea en octubre de 2020 : “Si el Gobierno Regional de Kurdistán se apodera formalmente de la llanura de Nínive, será el fin de nuestro pueblo”.
Las NPU no solo dependen completamente de Irak, sino que también se resisten activamente a que la Brigada 30 (una milicia jomeinista compuesta por la minoría shabak, que responde a Teherán) se quede cerca de la ciudad mayoritariamente asiria de Bartella; y también a que la Brigada 50 (comandada por Rian al-Kaldani, un asirio de la ciudad de Alqosh cuyos vínculos con Irán son bien conocidos) actúe como apoderado local de la Organización Badr; y fue sancionado por Estados Unidos en 2019.
La política de Estados Unidos, empezada por el entonces presidente Donald Trump y continuada de manera más evidente aún por el actual presidente Joe Biden, ha permitido a Irán reforzar su presencia en la llanura de Nínive. Simone Ledeen, que fue subsecretaria de Defensa para Oriente Medio durante los últimos nueve meses del mandato de Trump, había sido asesora de la Autoridad Provisional de la Coalición que gobernó Irak en 2003-2004. En octubre de 2020, Ledeen se comunicó con los representantes de las NPU, con los que la administración llevaba más de un año en conversaciones, para advertirles de que Estados Unidos no apoyaría a la fuerza de seguridad en su misión a largo plazo. Ledeen insistió en que su país veía el futuro de la seguridad iraquí exclusivamente en términos del ejército iraquí y de los Peshmerga, recuperando la política que el equipo del entonces presidente George W. Bush había puesto en marcha después de la invasión. Cuando los representantes de las NPU señalaron que los estadounidenses habían apoyado a las Fuerzas de Movilización Tribal, una de las más pequeñas dentro de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), administradas por los Servicios de Seguridad Nacional iraquíes (y que, por tanto, tienen el mismo estatus que las NPU), Ledeen admitió que la decisión de apoyarlas había sido “un error”: “Lamento que otros les hayan hecho perder tiempo, al darles la impresión de que podríamos garantizar nuestro apoyo”, concluyó.
En la práctica, de las fuerzas presentes en el área en cuestión, la única que representa el modelo de centralización y formalización que Ledeen pretendía promover era las NPU. Pero incluso cuando sugirió erróneamente a sus representantes que las NPU estaban vinculadas a Irán a través de la afiliación al comité de movilización de las PMF, su postura oficial dio alas a los apoderados iraníes.
Varios funcionarios de la administración Biden han señalado recientemente a los representantes de las NPU que Estados Unidos está adoptando un papel aún más distante en los asuntos del norte de Irak, incluso en relación con la presencia de Irán, y que éste está dispuesto a subvertir fatalmente la misión de las NPU. En las elecciones parlamentarias iraquíes del pasado mes de octubre, el partido de Kaldani (que lleva el mismo nombre e insignia que su milicia), gracias a los votantes no cristianos, consiguió ganar cuatro de los cinco escaños de cuota cristiana, en un atroz pero eficaz abuso del sistema que aprovechó sus antiguos vínculos con responsables políticos respaldados por Irán en Irak. Este resultado reforzó las perspectivas de Kaldani de avanzar militarmente hacia la llanura de Nínive. En noviembre de 2021, autorizó varias órdenes extralegales en una maniobra facilitada por un viceministro de Badr, con el fin de hacerse definitivamente con el mando operativo de las NPU. Cuando los representantes de las NPU, alarmados, se dirigieron a los funcionarios del Departamento de Estado estadounidense y del Pentágono, fueron rechazados de plano y se les dijo que apelaran a las mismas autoridades de Irak de cuyos ataques buscaban salvarse. “Las elecciones tienen consecuencias” fue el mensaje que trasmitió Jennifer Gavrito, subsecretaria adjunta para Irak e Irán.
Sinjar se encuentra hoy mismo en condiciones pésimas. Gran parte de la ciudad está destruida; la situación política es caótica y la seguridad es mínima. El retorno de los yezidíes se ha visto dificultado por la presencia de árabes y kurdos que apoyan al Estado Islámico, así como por la intensa actividad minera que ocupa la zona. Unos 200.000 yezidíes permanecen refugiados en diferentes campamentos en Irak, y unos 3.000 están desaparecidos.
Tras un bloqueo de casi dos años a la ciudad de Sinjar, que impidió la llegada de la ayuda humanitaria y el retorno de los yezidíes, el KDP acabó por retirarse a finales de 2017, tras el fracaso de facto del referendum de independencia del KRG. Pero Irak sigue sin tener un verdadero plan para resolver los problemas más profundos de Sinjar, en línea con las demandas yezidíes de una autonomía que unifique las fuerzas de seguridad. Al contrario: los grupos de las PMF respaldados por Irán han pasado a dominar la zona. Diferentes milicias presiden ahora Sinjar, entre ellas el KDP, la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), las Unidades de Protección de Sinjar (YBŞ) y las PMF. En octubre de 2020, el gobierno iraquí firmó un acuerdo con el Gobierno Regional del Kurdistán con el objetivo de dar solución a este estancamiento, aunque se ha avanzado poco en su aplicación. “El acuerdo no era lo que queríamos, pero era mejor que nada”, dijo Hadi Pir, vicepresidente de Yazda, que ha estado abogando internacionalmente en nombre de los yezidíes desde su genocidio a manos del Estado Islámico. “Sin embargo, sabemos que no llevará a nada, porque seguimos viviendo en un territorio en disputa. Hay varios desacuerdos estratégicos entre las principales partes, y dudo que Estados Unidos tenga intención de proponer ninguna política efectiva, más allá de solicitar al gobierno que proporcione seguridad”.
Los ataques aéreos turcos en el norte de Irak (donde el KDP ha permitido a Turquía afianzar su presencia militar), supuestamente dirigidos contra los militantes del PKK, han supuesto otro desafío directo a la supervivencia asiria y yezidí. El Instituto de Política Asiria registró al menos 52 ataques aéreos turcos sobre zonas habitadas por asirios en 2020, que han provocado daños materiales y económicos; en julio de 2021, el valle de Nahla, en Duhok -una de las últimas zonas asirias con más historia de Irak-, fue incendiado durante semanas a consecuencia de estos ataques. Según el New Statesman, el 60% de los ataques turcos han provocado víctimas civiles; el sitio web Airwars informa de que se han registrado entre 65 y 125 muertes de civiles. El aumento de los ataques aéreos en los últimos dos años ha sido el principal impedimento para el regreso de los yezidíes a Sinjar. El pasado mes de agosto, en el aniversario de la masacre de Kocho, llevada a cabo por el Estado Islámico en 2014, Mustafá al-Kadhimi se convirtió en el primer ministro iraquí en visitar Sinjar desde la caída de Sadam Hussein. Mientras estaba en camino, un ataque aéreo turco mató a Saeed Hasan Saeed, importante representante yezidí que, según el académico Matthew Barber, iba a reunirse con al-Kadhimi durante su visita. Hasan formaba parte de las YBŞ, creadas originalmente por militantes del grupo miliciano kurdo-sirio YPG, que había intervenido desde el otro lado de la frontera para contraatacar el ataque genocida del Estado Islámico contra los yezidíes en 2014.
El ataque puso de manifiesto el inestable legado político que representa en Sinjar el marco de los territorios en disputa, al amparo del cual las principales fuerzas políticas ignoran a actores e intereses locales, cuando no tratan directamente de sofocarlos deliberadamente. Según informó Rania Abouzeid al Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, uno de los principales motivos por los que los yezidíes se unen a las YBŞ (y a los grupos locales de las PMF) es para resistir a las pretensiones del KDP de volver a monopolizar el control de Sinjar.
Bagdad no ha sabido canalizar el urgente interés yezidí por formar una fuerza de seguridad local legítima y una administración autónoma en Sinjar, en paralelo al acuerdo de las NPU, que pueda resistir al KDP y, a la vez, mantener a raya el conflicto entre Turquía y el PKK. Este modelo, que probablemente representaría la última oportunidad para los yezidíes de regresar a su tierra ancestral, tampoco fue respaldado por los Estados Unidos. La política de seguridad de Estados Unidos en relación con los asirios en Irak, de hecho, los aparta de la contienda política, reduciéndolos a un mero complemento de las autoridades dominantes y de sus estrategias políticas. Esta minimización de su estatus en materia de seguridad tiene su correspondencia en la ayuda al desarrollo. En una rara referencia a la situación específica de los asirios en 2007, un informe del Departamento de Estado estadounidense dejó claro que aunque “la minoría cristiana se enfrenta a considerables dificultades” (con ciertas alusiones eufemísticas al fraude electoral, la expropiación y la violencia cometidas por el Gobierno Regional del Kurdistán), se considera “inapropiado señalar a este grupo para que reciba una atención especial”. Sin embargo, bajo el mandato de Trump, el gobierno de Estados Unidos (que en 2015 había reconocido los atentados del Estado Islámico como genocidio) destinó unos 400 millones de dólares en ayudas a las minorías del norte de Irak, lo que parecía señalar un cambio importante en este frente. El objetivo de la Resolución 390 de la Cámara de Representantes, aprobada por el Congreso y promulgada por Trump, era “hacer frente a los crímenes de genocidio” y ayudar “en particular a las personas de etnias y minorías en riesgo de persecución o crímenes de guerra”. Pero este aparente cambio de política hacia un apoyo más directo no llegó a modificar los estamentos que habían expropiado y privado de derechos a los asirios en el transcurso de muchas décadas. Incluso tuvo un efecto material limitado.
Por citar un ejemplo significativo: la Sociedad de Ayuda a los Asirios, una organización laica, políticamente independiente y con una larga trayectoria, sólo recibió 400.000 dólares (de bienes en especie, en este caso material escolar). La dimensión aparentemente pro-cristiana de lo que se ha dado en llamar la “Iniciativa Pence”, en referencia al ex vicepresidente Mike Pence, un cristiano conservador, se reflejó en la destacada presencia del arzobispo (de Erbil) Bashar Warda, de la Iglesia Católica Caldea, la mayor confesión cristiana de Irak. Warda reviste un papel importante dentro del sistema de patronazgo controlado por la familia Barzani, que divide a los asirios entre líneas confesionales, de manera neo-otomana. El arzobispo ha actuado como representante de facto de todos los asirios cristianos de Irak, en el contexto de la iniciativa.
Pero la propuesta de Pence no se basaba en la comprensión detallada de la política iraquí, y no preveía ningún plan para preservar las culturas amenazadas dentro del país. En cambio, sirvió como argumento interno de peso para afianzar a Trump entre el electorado de la derecha cristiana, creando oportunidades para que los más leales al presidente y a Pence se beneficiaran de nombramientos políticos para gestionar esta inyección de dinero en las redes de patrocinio iraquíes. El ejemplo más destacado es el de Max Primorac, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue nombrado representante especial para los programas de asistencia a las minorías en Irak en octubre de 2018 y que en noviembre de 2020 fue ascendido dentro de la misma USAID. Primorac era el secretario/tesorero del Consejo de Reconstrucción de Nínive (NRC), que representa a una asociación del mismo nombre en Irak, dirigida exclusivamente por líderes religiosos cristianos de diferentes sectas. Gracias a Pence, el NRC (junto con otros organismos cristianos como los pro-católicos Caballeros de Colón, que en 2018 firmaron un memorando de colaboración con USAID) se aseguró una mayor influencia durante la era Trump. Mientras era tesorero del NRC, Primorac presentó a la organización diferentes propuestas, por un total de 22 millones de dólares. Primero presionó para que Estados Unidos apoyara al grupo en el Congreso, y luego se convirtió en el director gubernamental de los programas financiados que lo beneficiaban.
Pir, que creció en el norte de Irak y trabajó de intérprete para el ejército estadounidense antes de mudarse a Estados Unidos en 2012, reflexionó sobre la persistencia de determinadas realidades que nada de todo esto han logrado cambiar. “Los representantes de Estados Unidos no realizaron ninguna encuesta, no se reunieron con la gente ni les preguntaron qué necesitaban”, me dijo con respecto a los primeros años post-Saddam. “Aceptaron el marco de los territorios en disputa y prometieron un referéndum. Pero con ese ambiente de miedo y represión provocado por las costosas y violentas luchas entre los diferentes bandos por el control de este área, aunque se celebrara un referéndum, éste no podría representar la opinión del pueblo”. Incluso aunque Irak no cumpliera con los deberes más básicos de un gobierno, los grupos iraquíes más violentos podían utilizar el Estado iraquí para obtener beneficios. Cuando los diputados defensores de las minorías tuvieron que recurrir a los procesos constitucionales, respetando la legislación del Estado de derecho, se puso en evidencia su debilidad. Triunfaron los actores que se movían en contra de los principios oficialmente propugnados por el Estado, y no los que se ceñían a ellos.
Uno de los principios fundamentales era el monopolio de las armas por parte del Estado central. La respuesta típica de Estados Unidos a las peticiones de los defensores de las minorías era que el establecimiento del Estado de derecho sería una solución para todos los iraquíes, a pesar de que el único recurso procesable para las minorías ya estaba integrado en el nuevo sistema legal y constitucional iraquí. “Los Estados Unidos siguen afirmando que no hacen ninguna distinción basada sobre la religión o la raza, que tratan por igual con todos los actores políticos, y que discute con el gobierno iraquí, no con la gente”, dijo Pir. “Pero cuando la gente sufre simplemente por ser quien es, tenemos que buscar soluciones alternativas”. La idea de los defensores de las minorías que se enfrentan al genocidio es la de buscar soluciones locales que apuntalen el Estado iraquí. Sus comunidades construirían y protegerían sus zonas, y gracias a incentivos para ajustarse al Estado de derecho y sus circunscritas ambiciones políticas y territoriales, ayudarían a aliviar las crisis políticas que afectan a Irak. Esta perspectiva no fue finalmente correspondida. “Nadie lo ve en términos de cómo ayudará a Irak como país -concluyó Pir-. La solución existe, pero nadie quiere comprometerse con ella”.
FUENTE: Mardean Isaac / New Lines Magazine / Traducido por Inés Giuli / Rojava Azadi Madrid
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