Lawfare en Turquía

Los casos de lawfare que se multiplican en América Latina también tienen su réplica en Turquía. En el caso de nuestro continente, esta metodología sirvió (y todavía sirve) para que los poderes concentrados de derecha (donde se entrelazan dirigencia política, Poder Judicial y grandes medios de comunicación) desbaraten lo que se denominó “ciclo progresista” en la región, proceso encabezado por Hugo Chávez en Venezuela y que aglutinó –con sus diferencias, matices y vaivenes- a Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras, y Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina.

En Turquía, los métodos aplicados por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan son similares a los que observamos en América Latina. En el caso turco, el principal objetivo del Ejecutivo es el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas originales), la tercera fuerza política del país que reúne al movimiento kurdo, a sectores de la izquierda, a las minorías étnicas y religiosas, y a grupos LGTBIQ. Sobre esta agrupación pesan las más terribles acusaciones emitidas desde el gobierno, aunque esas imputaciones sean, en realidad, historias fantásticas ya alucinadas en la mente de Erdogan y sus secuaces. Entre las acusaciones contra el HDP, siempre resalta su supuesta vinculación a una “organización terrorista”, en referencia al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), ilegalizado en Turquía, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos;  además, se acusa a los miembros del partido de “homicidio” y de “alterar la unidad e integridad del Estado”.

El 26 de abril comenzó en Ankara el denominado “Juicio de Kobane”. En esta causa, están imputados 108 dirigentes y miembros del HDP. A todos y a todas se los acusa de lo mismo de siempre. La excusa del gobierno turco para judicializar al HDP se remonta a 2014, cuando el Estado Islámico inició el asedio sobre la ciudad kurda de Kobane, en Rojava (Kurdistán sirio). En esos días, el HDP convocó a movilizaciones en Turquía en solidaridad con los kurdos de Siria y para rechazar las medidas tomadas por la administración turca de cerrar a cal y canto su frontera con Rojava. Con esta decisión, el gobierno de Erdogan cerraba la posibilidad que los kurdos del sudeste de Turquía se trasladaran a Kobane para sumarse a la resistencia contra ISIS. A su vez, el gobierno turco dejaba en claro, por primera vez, su respaldo al grupo terrorista que asoló Irak y Siria.

En las masivas manifestaciones en las principales ciudades turcas en solidaridad con Kobane, el saldo fue de al menos 37 personas muertas, y 700 heridos. A la represión desatada por la policía, se sumaron grupos islamistas de extrema derecha y del nacionalismo turco, que arremetieron contra las personas movilizadas. Luego de las marchas y la represión, la justicia inició una investigación, que posteriormente fue archivada. Por su parte, el HDP demandó una investigación completa de lo que había sucedido.

Pero el caso fue resucitado por el Fiscal General de Turquía. El 30 de diciembre de 202 fue presentada la acusación formal contra los 108 miembros del HDP, la cual incluía a algunas personas fallecidas. El 7 de enero de este año, el Tribunal Penal de Ankara aceptó la causa, pese a las irregularidades y las críticas internas, pero también de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. La causa apenas se sustenta en una serie de tuits emitidos por el HDP en 2014 convocando a las protestas. Entre los acusados se encuentran los ex copresidentes del HDP, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, actualmente encarcelado luego de ser arrestados mientras se desempeñaban como parlamentarios en la Asamblea Nacional.

Con la acusación contra el HDP, el Poder Judicial –siempre de la mano con el gobierno de Erdogan- intenta una condena aleccionadora. En la causa se demandan 38 condenas a cadena perpetua, entre otras penas, que en total suman 19.000 años de cárcel. Del total de imputados, 27 ya se encuentran tras las rejas, seis con libertad bajo fianza y 75 se desconoce su paradero.

El operativo político-judicial contra el HDP abarca mucho más que este juicio. A mediados de marzo, el Fiscal General del Tribunal de Casación, Bekir Şahin, presentó una demanda al Tribunal Constitucional para cerrar el HDP. Además, en esta acusación se pidió que a 687 representantes del HDP se les prohíban las actividades políticas durante cinco años. A esto se suma que en los últimos seis años, al menos 6000 militantes del partido fueron arrestados. Y desde 2016, después del curioso y frustrado intento de golpe de Estado contra Erdogan, de los 65 municipios gobernados por el HDP, 50 fueron intervenidos por el Estado, encarcelando y judicializando a muchos de sus co-alcaldes.

La primera audiencia del “Juicio de Kobane” fue suspendida. Cuando los abogados defensores llegaron a la sala, sus asientos estaban ocupados por policías. Debido a esto, y a que los jueces no permitieron el ingreso de la totalidad de los abogados, los letrados se retiraron y encabezaron una protesta en la calle. La próxima audiencia estaba estipulada para el 3 de mayo, pero debido al crecimiento de casos de coronavirus en todo el país, el proceso quedó aplazado hasta el 18 de mayo.

En el reciente artículo El caso Kobane: un juicio-espectáculo turco, la periodista Sarah Glynn escribió lo siguiente: “Cuando se trata de retener el poder, Erdogan ve al sistema judicial como un aliado vital. Los casos legales contra el HDP y sus miembros se basan en la negativa del gobierno a distinguir entre el partido político legalmente constituido y el PKK, y en su definición enormemente elástica de terrorismo. Los casos han sido posibles gracias a la eliminación de la separación entre el gobierno y el Poder Judicial”. En estas pocas líneas se pueden ver, de forma notoria, los mecanismos de lawfere que hoy existen en la Turquía de Erdogan.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

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