Desde que España apoya a Turquía con un destacamento militar en la base de Incirlik debido a la crisis siria, en ese país se han producido más de 20.000 detenciones entre militantes, cuadros y dirigentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), principal organización defensora de los derechos culturales y políticos de los kurdos en Turquía. Esta operación militar, denominada “Apoyo a Turquía” en el marco de la OTAN, se inició en enero de 2015 y ha sido sucesivamente renovada. Su última renovación se produjo el pasado mes de junio por el actual gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Fue el propio HDP quien a comienzos de noviembre facilitó la cifra de detenciones, en concreto 22.321 en un periodo comprendido entre junio de 2015 y septiembre de 2020. Sin embargo, tal cálculo no incluía las detenciones que afectaban a otros partidos kurdos -el HDP es el más importante en el Kurdistán turco pero no el único- o a grupos de otro tipo, como organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales y culturales. Tampoco recogían las sufridas por el propio HDP en el primer semestre de 2015 ni los meses de octubre y noviembre del año en curso.
Solo durante este último noviembre, el HDP ha denunciado casi un millar de detenciones más. Por ejemplo, el día 7 fueron detenidos 25 maestros; el día 20, en la ciudad de Diyarbakir, hubo un centenar de apresamientos; otra veintena, el 22, y el 25 otros 19 en Estambul. No sería, por lo tanto, aventurado elevar la cifra total durante estos seis años a cerca de 30.000.
En la inmensa mayoría de los casos, como viene denunciándose de forma reiterada, los apresados sufren maltrato en los distintos centros de detención y, en muchas ocasiones, torturas. En este sentido, ha tenido especial repercusión mediática lo sucedido a Servet Turgut y Osman Siban, dos campesinos de una zona rural de Van -extremo oriental de Turquía- que, tras ser brutalmente golpeados por los militares, fueron arrojados el pasado 11 de septiembre desde un helicóptero a una altura de entre 15 y 20 metros.
Servet, de 55 años y padre de siete hijos, falleció días después, mientras que Osman sobrevivió al cuadro de politraumatismo que presentaba. El 9 de octubre serían detenidos cuatro periodistas que habían informado de estos hechos, entre ellos Adnan Bilen, un reconocido reportero de la Agencia Mesopotamia, que fue encarcelado junto a su compañero Cemil Ugur y a las periodistas de la agencia JinNews (Noticias de Mujer) Sehriban Abi y Nazan Sala.
Otro de los relevantes aspectos de estas oleadas represivas contra el movimiento kurdo en Turquía es el total desmantelamiento de los ayuntamientos elegidos en los comicios del 31 de marzo de 2019. Entonces, las candidaturas paritarias presididas siempre por un hombre y una mujer del HDP se hicieron con los gobiernos municipales de 65 ciudades, en muchos casos con porcentajes de votos que superaban el 60 y el 70 por ciento.
En estos momentos, solamente queda media docena de ayuntamientos regidos por esas candidaturas. Los 59 restantes ya han sido sustituidos por gestores nombrados por el gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan. Se da la circunstancia de que una de las primeras medidas tomadas por los gestores gubernamentales suele consistir en cerrar los centros de atención a la mujer.
Entre los alcaldes detenidos y encarcelados destaca Selcuk Mizrakli, prestigioso cirujano que encabezaba la candidatura kurda de Diyarbakir, ciudad con cerca de un millón de habitantes. Fue destituido inmediatamente después de la elección; su antecesora, Gulten Kisanak, elegida en las elecciones de 2014, fue encarcelada dos años más tarde y aún permanece en prisión.
Entre los apresamientos más representativos se encuentran también once parlamentarios, que, pese a su condición como diputados, fueron apresados aplicando una reforma constitucional “exprés” que anulaba la inmunidad parlamentaria. La reforma fue posible gracias a los votos en la Asamblea Nacional turca de la actual coalición gubernamental, integrada por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y la organización ultraderechista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).
Igualmente, permanecen en la cárcel la copresidencia paritaria del HDP: Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, cuya liberación ha sido exigida recientemente por la organización Human Rights Watch (HRW), al considerar que viola los principios de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).
Como han denunciado otras organizaciones semejantes, la HRW vincula esta oleada de detenciones con la vasta operación de “limpieza política” puesta en marcha por el presiente turco tras el intento de golpe de Estado, en julio de 2016. De esta forma, ha conseguido controlar el sistema judicial y silenciar a los medios de comunicación contrarios a su política. En la práctica totalidad de los casos, las detenciones y destituciones se realizan bajo la acusación de colaboración con grupos terroristas, en el caso kurdo con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
Sin embargo, como ha comprobado HRW al analizar once de los procesos contra Selahattin Demirtas, las acusaciones se refieren a delitos de opinión, declaraciones públicas y discursos en su calidad de dirigentes políticos, sin que exista relación alguna con actos de violencia o vinculación orgánica con ese grupo armado. Por este motivo, Demirtas hace frente a causas que le podrían acarrear hasta 150 años de prisión.
Precisamente, una de las investigaciones policiales contra Demirtas se abrió tras la campaña de solidaridad popular con la ciudad kurdo-siria de Kobane, entre los días 6 y 8 de octubre de 2014, cuando esa ciudad, tal y como anunciaba el gobierno turco, estaba a punto de caer en manos del Estado Islámico (ISIS).
En esos tres días de protestas, murieron medio centenar de personas y casi setecientas resultaron heridas. Finalmente, la ciudad de Kobane, contra de los deseos expresados por Erdogan, no cayó en manos del Estado Islámico gracias a la ayuda aérea, in extremis, de Francia y Estados Unidos a las fuerzas que resistían el duro asalto islamista.
Hay que destacar que, como se ha afirmado reiteradamente por miembros del gobierno turco y en especial por Erdogan, la actuación militar de Turquía en la crisis siria tiene como eje central acabar con la autonomía kurda establecida en el norte de ese país, al considerar Ankara que tal proyecto político supone una grave amenaza para su seguridad nacional.
Ankara defiende, en contra del resto de las potencias que intervienen en Siria, que el Partido de la Unidad Democrática (PYD), principal organización kurda de Siria e impulsor de esa autonomía, no es más que una filial siria de los “terroristas” del PKK, extendiendo así su principal problema político al norte de Siria, donde, ante el silencio y pasividad de sus aliados de la OTAN, está perpetrando una verdadera operación de limpieza étnica.
FUENTE: Manuel Martorell / Cuarto Poder
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