Cien días después de los arrestos injustificados, Amnistía Internacional (AI) impulsa una demanda mundial para la liberación inmediata e incondicional de 11 prominentes defensores de los derechos humanos en Turquía.
Diez activistas, entre ellos İdil Eser, director de AI Turquía, fueron detenidos el 5 de julio pasado, mientras que el presidente de AI, Turquía, Taner Kılıç, fue detenido un mes antes.
El 4 de octubre, un fiscal presentó una acusación pidiendo penas de cárcel de hasta 15 años para los 11 defensores de los derechos humanos, por cargos de supuesto terrorismo.
“Hace cien días nuestros colegas fueron encerrados por defender los derechos humanos. Cada día que pasa, se expone el largo alcance de la represión posterior al golpe de Estado (de mediados del año pasado) y las profundas fallas en el sistema de justicia de Turquía”, aseveró John Dalhuisen, Director de Amnistía Internacional en Europa.
“La acusación es una mezcla tóxica de insinuaciones y falsedades que no resiste el más mínimo escrutinio. Repite acusaciones ridículas y contradictorias que no tienen cabida en ningún tribunal que se respete”, enfatizó el funcionario.
Después de tres meses, la investigación no proporcionó ninguna evidencia incriminatoria para sustanciar las acusaciones contra los defensores de derechos humanos. Tampoco se demostró cómo la supuestamente secreta “reunión Buyukada” se relaciona con el terrorismo de alguna manera.
Los activistas son acusados de ayudar a una variedad de “organizaciones terroristas armadas” con ideologías diametralmente opuestas, por lo cual enfrentan penas máximas de 15 años.
En los próximos días, activistas de AI en más de 25 países celebrarán diversas actividades para conmemorar el cumpleaños de İdil.
El encarcelamiento de los defensores de los derechos humanos tiene “la intención clara de enviar un mensaje de que la disidencia no sería tolerada. Pero el coraje de İdil Eser y sus colegas y el apoyo que han ganado en todo el mundo, ha enviado un mensaje más brillante: que las voces críticas no pueden ser silenciadas “, afirmó Dalhuisen.
“Las autoridades turcas deben liberar de manera inmediata e incondicional a los defensores encarcelados y poner fin a la brutal represión posterior al golpe que está devastando al país”, expresó el funcionario de AI.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció que la gente en Turquía acusada de vínculos con el terrorismo o con el intento de golpe militar de 2016 ha sido torturada bajo custodia policial, mientras que otros han sido secuestrados, en medio de crecientes evidencias de abusos de detención.
En un informe de 43 páginas titulado “La custodia: la tortura policial y los secuestros en Turquía”, el organismo internacional detalló 11 casos de abusos graves durante detenciones.
Las conclusiones de la investigación se basan en entrevistas con abogados y familiares, y una revisión de las transcripciones de los tribunales, incluidas las acusaciones de que la policía golpeó severamente y amenazó a los detenidos, desnudándolos y, en algunos casos, amenazándolos con agresión sexual.
HRW documentó cinco casos de secuestros en Ankara e Izmir entre marzo y junio de 2017, que podrían equivaler a desapariciones forzadas. En estos hechos, las autoridades llevan a una persona a detención, pero se niegan a proporcionar información sobre su paradero.
“Como prueba de que la tortura en custodia policial ha regresado a Turquía, el gobierno necesita urgentemente investigar y detenerlo”, alertó Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
“Dada la oscura historia de desapariciones forzadas de Turquía, las autoridades deben localizar a los hombres desaparecidos y asegurarse de que cualquier persona detenida por agentes estatales tiene acceso regular a un abogado y su familia sabe dónde están”, advirtió el funcionario.
Las cifras oficiales muestran que en el último año más de 150.000 personas han pasado por custodia policial, acusadas de delitos de terrorismo, pertenencia a grupos armados o participación en el intento de golpe de Estado.
Los casos reportados muestran que el mayor riesgo de tortura es para las personas que fueron detenidas por supuesta asociación con lo que los tribunales han etiquetado la FETH (Organización terrorista de Fetullah Gülen, ex aliado del presidente Erdogan), que el gobierno sostiene que es responsable del intento de golpe.
De los registros judiciales y otras fuentes, Human Rights Watch identificó varios casos en que los detenidos denunciaron malos tratos de los fiscales o durante las audiencias judiciales, aunque estas instancias nunca investigaron las acusaciones de manera efectiva.
Además, HRW reveló que los abogados defensores enfrentan obstáculos y riesgos considerables en el cumplimiento de sus deberes profesionales. A menudo se les impide tener acceso a sus clientes sin que haya agentes de policía presentes, como también están sujetos a presiones significativas.
Hasta el momento, el gobierno de Erdogan clausuró tres asociaciones de abogados bajo el estado de emergencia y varios cientos de letrados se encuentran bajo prisión preventiva, imputados por terrorismo.
FUENTE: ANF/Traducción y edición: Kurdistán América Latina
