La Comisión de Derecho y Derechos Humanos del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), junto a los abogados de la organización, presentaron la semana pasada una denuncia penal sobre la tortura de 10 personas, entre ellas el dirigente provincial Rıdvan Atman, en el distrito de Iskenderun, en la provincia de Hatay, una de las más afectadas por el sismo.
En la solicitud, el HDP –la tercera fuerza política de Turquía- demandó que se tomaran medidas contra el gobernador de Hatay y el jefe de policía, el titular de las fuerzas de seguridad del distrito de Iskenderun y los funcionarios públicos que cometieron el delito de tortura.
En la denuncia penal, se remarcó ante el fiscal en que las alegaciones sobre los detenidos no reflejaban la verdad.
En la denuncia se expresó: “Personas inocentes que perdieron a sus familiares, vieron destruidos sus hogares y lugares de trabajo a causa del terremoto, fueron gravemente torturadas por el personal encargado de hacer cumplir la ley”.
A esto, desde el HDP agregaron: “La tortura está prohibida en la Constitución, en el Código Penal turco (artículo 5237) y en numerosos convenios internacionales. La prohibición de la tortura y los malos tratos está garantizada por la ley a escala internacional. Desgraciadamente, los sospechosos del expediente fueron brutalmente golpeados, tenían graves contusiones en la cara y el cuerpo, fueron insultados”.
En el HDP también presentaron fotografías de las personas torturadas, donde se pueden ver los golpes recibidos.
Este lunes, la Comisión de Derechos y Derechos Humanos de la organización, conformada por el movimiento kurdo y sectores de la izquierda turca, presentó otra denuncia penal contra la toma, por parte del gobierno turco, del Centro de Coordinación de Crisis para las víctimas, creado por el mismo HDP, en el distrito de Pazarcik, en Maraş.
El 15 de febrero, el gobernador del distrito, acompañado por la policía y la gendarmería, nombró un “fideicomisario” (interventor) para hacerse cargo del Centro de Coordinación de Crisis, en el cual se estaba entregando ayuda humanitaria a las víctimas de más de cien pueblos de la zona.
Debido a la intervención estatal, las y los voluntarios del HDP que colaboraban en el Centro tuvieron que abandonar la ciudad para evitar ser detenidos.
La denuncia del HDP fue presentada contra el Ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, el gobernador de Maraş, Ömer Faruk Coşkun, el gobernador del distrito de Pazarcık, Mustafa Hamit Kıyıcı, el comandante de la Gendarmería y quienes dieron instrucciones para nombrar un interventor.
Según los abogados del partido, en el Centro de Crisis de Hasankoca no solo se había organizado la ayuda humanitaria, sino que se brindaba refugio a los sobrevivientes del terremoto.
En la denuncia penal, se describió que “el gobernador del distrito de Pazarcık, acompañado de cientos de soldados armados, confiscó los materiales de ayuda del partido (…). El gobernador distrital manifestó que el gobierno nombraría una nueva gerencia compuesta por seis funcionarios y confiscaría todos los materiales de ayuda”.
El lunes pasado, otros dos terremotos -de 6,4 y 5,8 de magnitud, respectivamente- golpearon el sureste turco, cerca de la frontera con Siria, una zona ya devastada por los terremotos del pasado 6 de febrero.
Los movimientos tectónicos anteriores mataron a 44.000 personas en ambos país, y en las regiones kurdas, y dejaron a decenas de miles más sin hogar.
Los temblores del lunes derribaron estructuras que habían quedado debilitadas por los temblores anteriores.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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