El 27 de julio de 2021, la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, escribió una carta junto con otros cinco expertos del organismo internacional sobre la criminalización de la defensora de derechos humanos Sevda Özbingöl Çelik, así como el acoso judicial contra Cihan Aydin en Turquía.
La abogada Çelik, integrante de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), y el ex director del Colegio de Abogados de Diyarbakır, Cihan Aydin, están acusados de “ser miembros de una organización terrorista armada”, debido a las reuniones que mantuvieron con sus defendidos y las actividades en las que participaron.
En su carta, Lawlor criticó la Ley Antiterrorista de Turquía y afirmó que las y los defensores de los derechos humanos y los abogados, son blanco de ataques por ejercer su profesión. La funcionaria expresó que la normativa se utiliza para evitar que los defensores de los derechos humanos hagan su propio trabajo. Además, comentó que las demandas e investigaciones contra Çelik y Aydin son un buen ejemplo del uso indebido de la Ley Antiterrorista turca. Lawlor pidió al Estado turco una explicación oficial sobre este asunto.
La representación de Turquía en la ONU respondió a Lawlor. En una misiva del 24 de septiembre, el Estado turco argumentó que la visita de Çelik a sus defendidos en las cárceles, sus publicaciones en las redes sociales y los eventos legales a los que asistió, eran “actividades en nombre de una organización terrorista”. Desde el gobierno turco justificaron que Çelik fue procesada no porque ejerciera su profesión, sino porque “realizaba actividades en favor del terrorismo”.
Turquía citó su ley antiterrorista, que es criticada por la relatora de la ONU, como justificación de sus acusaciones. La representación turca también argumentó que hubo declaraciones de testigos anónimos sobre Çelik, y que llegó a la conclusión de que tenía una conexión con una organización terrorista. Desde el Estado turco también se afirmó que a Çelik no se le permitió reunirse con su abogado y su familia durante tres meses durante su detención y que la mantuvieron en una celda solitaria, debido a las restricciones de la pandemia.
Los funcionarios turcos argumentaron que Cihan Aydin “defiende a personas e instituciones asociadas con el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán)”. Afirmaron que aunque hubo declaraciones de testigos anónimos sobre Aydin, los cargos en su contra fueron retirados porque no había pruebas suficientes sobre su lugar en la jerarquía de la organización. Turquía argumentó que no hay ninguna investigación en curso contra Aydin.
Si es declarado culpable en virtud del artículo 7 de la Ley contra el terrorismo, Aydin puede ser condenado a siete años y medio de prisión.
“Los casos penales contra los dos defensores de derechos humanos parecen estar relacionados con su trabajo como abogados y su pertenencia a organizaciones de derechos humanos. Los cargos caerían en un patrón más amplio de uso indebido de la legislación antiterrorista para restringir a la sociedad civil y silenciar a los defensores condenándolos a largas penas de prisión”, concluyó Lawlor.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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