En la entrada de la Ex-Caserma Occupata, un centro comunitario en la ciudad costera toscana de Livorno, hay algunos graffiti de una mujer con una pistola. Ella lleva un pañuelo verde, rojo y amarillo.
Los carteles con la palabra “Rojava” y las banderas con estrellas rojas sobre fondo amarillo indican el claro apoyo del centro a la revolución social kurda, que comenzó a principios de 2013 en el noreste de Siria, la región llamada Rojava.
Rojava tiene una población mayoritaria kurda, pero también alberga a otras minorías étnicas, incluidos árabes y yezidíes. Según Yilmaz Orkan, coordinador de la Oficina de Información del Kurdistán en Italia, las señales de apoyo a Rojava, similares a las de Ex-Caserma Occupata, se pueden ver en los centros sociales y juveniles repartidos por todo el país, particularmente en las regiones del norte del Piamonte, Toscana y Emilia Romagna, donde los refugiados kurdos han acudido desde finales de los años ochenta.
“En Italia siempre ha habido personas que muestran interés en la causa kurda, y desde que las Unidades de Protección del Pueblo, más conocida como YPG, luchó y ayudó a derrotar a ISIS, el tema ganó resonancia internacional -dice Orkan-. Pero lo que lo hizo aún más popular recientemente, es el juicio de un grupo de voluntarios italianos que se unieron a las unidades de las YPG en el terreno”.
En enero de 2019, un tribunal en la ciudad norteña de Turín inició un procedimiento legal peculiar llamado “vigilancia especial” contra cinco voluntarios de Italia que se unieron a las YPG, el componente principal de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS).
Ideas revolucionarias
Los cinco voluntarios, Maria Edgarda Marcucci, Davide Grasso, Jacopo Bindi, Fabrizio Maniero y Paolo Andolina, estuvieron principalmente en Siria, entre 2016 y 2018. Nunca se habían conocido antes de esto, pero habían estado activos en movimientos sociales y políticos en Italia.
Viajaron a Siria después de quedar fascinados por las ideas revolucionarias que surgieron desde Rojava luego del comienzo de la guerra siria en 2011. Según Orkan, estos ideales de Rojava están enraizados en la construcción de una “sociedad multiétnica, basada en principios de igualdad de género, social cohesión y protección del medio ambiente”.
Cuatro de ellos terminaron inscribiéndose en las YPG, y Marcucci en las YPJ, las Unidades de Protección de las Mujeres.
En enero de 2019, el tribunal de Turín instigó un “procedimiento de prevención especial”, un proceso legal dirigido a “sujetos potencialmente peligrosos”, para limitar las libertades civiles de los voluntarios.
Los jueces recomendaron que fueran expulsados de su ciudad natal de Turín durante al menos dos años, revocando sus pasaportes y licencias de conducir, prohibiéndoles todas las actividades sociales y políticas, incluida la participación en la vida pública al discutir sus experiencias en eventos de panel y conferencias. Las medidas sugeridas también incluyeron poner a los acusados bajo toque de queda entre las siete de la tarde y las seis de la mañana.
Los voluntarios fueron etiquetados como “socialmente peligrosos”, y los jueces dijeron que representaban una amenaza debido al entrenamiento de combate que recibieron mientras estaban en el terreno.
El caso atrajo críticas generalizadas de jóvenes en Italia, y centros sociales como el Ex-Caserma en Livorno se movilizaron a través de campañas de solidaridad para condenar lo que ven como trato “injusto” y “no democrático”, según Elisa, una asistente regular del centro comunitario. “(Este procedimiento legal) es una falta de respeto por las víctimas europeas e internacionales del fundamentalismo y por aquellos, sirios y no, que perecieron en la guerra contra el Estado Islámico”, dijo.
Jacopo Bindi, uno de los cinco acusados, explica a New Internationalist que todos “sintieron (que fueron) víctimas de un sistema judicial injusto que se centra en nuestros puntos de vista políticos, en lugar de nuestra conducta real”.
Tomar medidas enérgicas contra la disidencia
Antes de partir hacia Siria, Bindi formó parte del popular movimiento civil de base “No Tav”, que criticaba el proyecto de “’trenes de alta velocidad” y, en general, el desarrollo insostenible de infraestructura ferroviaria en el norte de Italia. El grupo afirma que el desarrollo ignora los peligros ambientales inherentes al proyecto, y las autoridades italianas se han opuesto ampliamente al movimiento. Bindi cree que su participación en “No Tav” es lo que empujó a los jueces a considerarlo “peligroso”.
“Era un joven estudiante curioso por aprender sobre nuevos sistemas sociales, que podrían dar una respuesta a mis ideales –cuenta-. Así que en 2017 decidí ir a Siria y ver con mis propios ojos la revolución que estaba teniendo lugar allí. Necesitaba presenciar el cambio”.
Inicialmente, Bindi planeaba quedarse un mes como observador internacional. Cientos de jóvenes de países occidentales ya estaban en el terreno, ofreciendo la ayuda que podían. Además de la ayuda para el combate, ayudarían a organizar actividades en centros juveniles e interactuarían con la población local a través de intercambios culturales e ideológicos, ayudando con actividades agrícolas y ecológicas, o escribir informes sobre el terreno para lectores occidentales.
Obligado a tomar un papel más activo, Bindi terminó extendiendo su estadía por nueve meses, durante los cuales se desempeñó como voluntario para actividades juveniles y en el centro de medios en Afrin. De los cinco, fue el único que no se involucró en operaciones militares. “Estaba a cargo de actividades pacíficas, por eso en mi situación en este escenario era aún más absurda”, dice, exasperado.
Claudio Novaro, el abogado defensor de los cinco acusados, dijo a la revista italiana L’Espresso que “el reclamo de la corte es que sus habilidades militares podrían ser potencialmente utilizadas en el contexto No Tav”, lo que lo convierte en un juicio contra sus posibles intenciones en lugar de responsable de crímenes reales cometidos.
El caso judicial comenzó unos días antes de que otro voluntario italiano, Lorenzo Orsetti, muriera en el campo de batalla en la aldea de Baghouz, el 18 de marzo de 2019. Su muerte atrajo la atención de los medios en Italia.
Zerocalcare, un dibujante italiano y autor de “Kobane Calling”, un cómic sobre su propia experiencia como voluntario en Rojava, rindió homenaje al “martirio” de Orsetti a través de uno de sus cómics.
Elisa dice que el acto de coraje de Orsetti resonó con ella, porque ve que los regímenes que imponen su poder a través del miedo y la violencia son enemigos de su generación, como lo fue el fascismo para sus abuelos, que vivieron la Segunda Guerra Mundial.
“Creo que muchos jóvenes políticamente activos se sintieron representados por el compromiso de Orsetti con la justicia social, es por eso que alzamos la voz y reunimos la resonancia de las redes sociales para no dejar que este episodio pase desapercibido”, remarcó.
Como resultado de la protesta pública en Italia, los jueces decidieron retirar los cargos contra dos de los acusados, Davide Grasso y Fabrizio Maniero, y posponer una decisión por separado sobre los tres restantes hasta el otoño de 2019 que, según los acusados, fue un movimiento para separarlos y debilitarlos.
“Cuando Turquía comenzó a bombardear el noreste de Siria en octubre, los jueces pospusieron su decisión nuevamente”, dijo Davide Grasso a New Internationalist. El 16 de diciembre de 2019, los fiscales finalmente se reunieron en una audiencia especial contra los tres restantes, con un período de 90 días para aprobar oficialmente la decisión de condenarlos o revocarla. Finalmente, el 17 de marzo de este año el tribunal de Turín decidió aplicar el procedimiento especial únicamente a María Edgarda Marcucci, la única mujer del grupo.
El tribunal basó su decisión en la idea de que Marcucci era el caso más amenazante, porque en el otoño de 2019 participó en una protesta contra el comercio de armas entre Italia y Turquía, mientras Ankara lanzaba, en octubre, bombardeos aéreos sobre el norte de Siria.
“Todos nos sentimos personalmente atacados por esta decisión, sin distinciones. Todavía nos sentimos orgullosos de lo que hicimos por Siria y la democracia, para liberar a las personas del fundamentalismo e informar a los italianos sobre lo que realmente sucede en Siria”’, escribieron los cinco acusados en una declaración conjunta referida a la decisión judicial.
“Es una acción seria contra una mujer que arriesgó su vida para luchar contra ISIS y el terrorismo, y proteger a los civiles”, apuntaron.
El juicio ha representado una carga mental para los jóvenes activistas. Años después de su regreso, Grasso admite que se sorprendió y decepcionó al enterarse de que su propio país ahora lo consideraba una amenaza. Su cuenta bancaria se cerró por “razones de seguridad” relacionadas con su estancia en Rojava, y su cuenta de Facebook se suspendió tres veces por haber compartido fotos y publicaciones sobre sus experiencias en Siria.
Por otro lado, Bindi dice que su tiempo en Siria fue un cambio de vida: “Me hizo darme cuenta de nuestra indiferencia hacia lo que sucede en el resto del mundo y lo aislados que estamos”.
Pero cuando regresó, el juicio tenía como objetivo limitar su libertad de compartir su experiencia. A pesar del procedimiento legal de un año que tuvieron que enfrentar, tanto Bindi como Grasso se sienten aliviados de haber tenido la opinión pública de su lado.
Stefania Pusateri, una trabajadora humanitaria, produjo un documental sobre el juicio, con el título “Temas peligrosos”, para crear conciencia sobre lo que ella considera un ejemplo de injusticia legal.
“Es absurdo pensar que sean considerados peligrosos (…) mientras que los actos reales de terrorismo a menudo quedan impunes”, resume Pusateri.
FUENTE: Stefania D’Ignoti / New Internationalist / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
