Las últimas horas han sido bastante tensas en Turquía por el ya casi eterno choque entre el Estado turco y los kurdos. Varias urbes fueron el escenario de una serie de fuertes protestas contra el cese y detención de cuatro alcaldes del opositor Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco), acusados de estar ligados a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco).
Esta facción del PKK es considerada una fuerza terrorista por la propia Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y la relación con el HDP ha sido utilizada por la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan para llevar a cabo una purga contra elementos significativos de esta formación política, de tendencia izquierdista y pro-kurda.
Los regidores apresados gobernaban en localidades del sureste de Turquía, donde residen la mayoría de kurdos que viven en la nación otomana (una población que algunas fuentes cifran entre 15 y 20 millones de ciudadanos). El gobierno del país euroasiático protagoniza una larga campaña contra la etnia kurda, a la que considera responsable de actos terroristas sufridos en el sur del territorio nacional. Los implicados son tres regidores de la provincia de Siirt, entre ellos el alcalde de la homónima capital y el alcalde de la ciudad de Igdir, provincia fronteriza con Armenia, junto con el rector de los distritos de Baykan y Kurtalan. Estos fueron arrestados bajo la acusación de “ser miembro de una organización terrorista” y, además, financiarla; todo ello derivado del citado nexo al PKK. La policía los detuvo en sus domicilios al inicio de la jornada del viernes (pasado) y la operación continuó con el registro de los ayuntamientos, según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu.
En este escenario, según el portal web de noticias TR724, varias ciudades con una mayoría significativa kurda, como Diyarbakir, Batman, Sirte, Mersin y Sirnak, acogieron estas protestas populares contra la detención de los alcaldes electos y el nombramiento de funcionarios estatales del Ministerio de Interior, en su sustitución. Un gran número de miembros del HDP participó en estas protestas, y los asistentes exhibieron pancartas con lemas contra el denunciado abuso que ejerce Turquía contra la población kurda, hecho sobre el cual lanzaron mensajes directos como “nunca lo aceptaremos”.
La estrategia del Ejecutivo turco contra los kurdos prosigue con paso firme. El pasado 9 de marzo, un tribunal de justicia condenó a nueve años de prisión al destituido alcalde de Diyarbakir, Adnan Selcuk Mizrakli, por “pertenecer a una organización terrorista”. Mientras, 12 diputados del HDP, tercera formación en el Parlamento turco, permanecen en prisión desde 2016 acusados de vínculos con las milicias kurdas. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan acusa así al HDP de tener estrechos lazos con grupos armados del PKK, lo que ha dado lugar al enjuiciamiento de miles de sus miembros y algunos dirigentes. Mientras, el HDP niega sustentar actividades insurgentes.
La rígida postura estatal contra el tildado como enemigo común kurdo se endureció a raíz de las elecciones locales de marzo de 2019, en las que Erdogan recibió un fuerte revés electoral al perder importantes plazas en la nación, como Estambul (corazón financiero de Turquía) y Ankara (capital administrativa), que pasaron a manos del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), del que forma parte el actual alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, gran rival político del máximo dirigente del presidencialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco).
Después de la derrota en los comicios municipales, el presidente turco aceleró una campaña de persecución a rivales políticos para desviar la atención, sumar apoyos populares frente a un “enemigo común”, y tratar de mitigar el golpe político recibido con la pérdida de confianza de gran parte de la ciudadanía. Los alcaldes afectados desde entonces han sido sustituidos por funcionarios del Estado en más de la mitad de los 65 municipios ganados por el HDP, y el Ejecutivo central ha nombrado a gobernadores y otras autoridades locales como regidores circunstanciales en esos distritos. Antiguos dirigentes del HDP han sido encarcelados desde 2016 por cargos de terrorismo, y varios otros miembros destacados del partido han sido acusados de apoyar el terrorismo, por lo que el gobierno entiende que son peligrosos vínculos con el PKK.
Esta táctica en el marco interno sirve a Recep Tayyip Erdogan para desviar la atención sobre graves problemas que atraviesa, como la pérdida de confianza y la crisis económica nacional que atraviesa el país, agravada por la fuerte caída de la lira turca y por el parón de la actividad generado por la actual crisis sanitaria de la enfermedad Covid-19. Así, desde órganos oficialistas se tacha la actitud de los kurdos y de agrupaciones como el HDP de auténtica subversión y golpe de Estado contra las instituciones nacionales.
La maniobra de Erdogan de abrir otros frentes para desviar la atención y unir a la población en torno a su gobierno, también se extiende al plano internacional. Los claros ejemplos son las guerras de Siria y Libia, donde Turquía tiene un papel activo. El soporte a milicias rebeldes en el país árabe y el norteafricano ponen al país euroasiático en el centro de las miradas internacionales, y esto sirve al “sultán” para intentar buscar argumentos que refuercen su debilitada posición política.
La actuación de Turquía en el marco de la guerra civil de Siria se inició cuando entró en el norte del país vecino de Oriente Medio para hostigar a los kurdo-sirios, incursión justificada por las denuncias sobre las acciones terroristas kurdas en el sur del territorio otomano. Turquía ocupa una zona de seguridad en la frontera turco-siria que pactó con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, y posee diferentes puestos de control próximos a los que despliega también Rusia, rival circunstancial de Turquía en el conflicto sirio y que se erige como el principal aliado del régimen de Bashar Al Assad, que busca derribar el último bastión rebelde de la provincia nororiental de Idlib, bajo el pretexto de perseguir a los elementos terroristas refugiados allí. Precisamente, la nación turca es señalada por dar soporte a elementos asociados a la insurgencia yihadista.
Turquía protagoniza también otra operación internacional, en este caso en la guerra civil de Libia, donde apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) del primer ministro Fayez Sarraj, quien resiste el acoso del Ejército Nacional libio (LNA, por sus siglas en inglés) del mariscal Jalifa Haftar, quien intenta acabar con el último polo de resistencia de la capital Trípoli (sede del GNA), también bajo el argumento de acabar con la insurgencia rebelde instalada en la urbe tripolitana (cabe recordar, entre otras cuestiones, que Turquía envió allí a mercenarios yihadistas procedentes de Siria), y proceder posteriormente a un nuevo proceso democrático. Mientras que Sarraj denuncia que lo que se está materializando es un golpe de Estado rebelde por parte del LNA contra su Ejecutivo, reconocido internacionalmente por la ONU desde 2016.
FUENTE: Raúl Redondo / Atalayar / Edición: Kurdistán América Latina
