Turquía: la violación generalizada de los derechos humanos

Conocí a Aysel Tugluk en la Semana de la Cultura Kurda que se celebró el año 2006 en Santiago de Compostela. Me pareció una persona valiente, de sólida formación política y con esa larga melena negra que caracteriza a las mujeres de Dersim, una de las zonas del Kurdistán turco más progresistas del país.

Entonces tenía 41 años y era una de las grandes promesas del Partido Democrático de los Pueblos (HDP).El HDP es la tercera fuerza política de Turquía, en las elecciones de 2018 consiguió casi el 12% de todos los votos y después, en el 2019, buena parte de las ciudades del sureste del país; algunas, como Diyarbakir, con un millón de habitantes. El HDP se caracteriza también por ser uno de los pocos casos en todo el planeta que practica la paridad total entre hombres y mujeres tanto en cargos internos como en candidaturas electorales.

Igual que ha ocurrido a buena parte de los cuadros y dirigentes del HDP, Aysel Tugluk no tardó en ser procesada y condenada de acuerdo con la ley antiterrorista; primero, en el 2007, por difundir declaraciones en lengua kurda; después, en el 2009, 2012 y 2018, por pertenencia o apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización calificada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE). En total, unas 10.000 personas están encarceladas bajo acusaciones semejantes, mientras el propio HDP está en vías de ilegalización y decenas de sus ayuntamientos sustituidos por gestores municipales nombradas por el gobierno.

Hoy, de aquella sonriente y atractiva mujer que conocí junto a la catedral compostelana nada queda; con 56 años, apenas se le reconoce en las fotografías tomadas la prisión de Kandira, donde se encuentra internada y que, como todas las del “tipo F”, han sido calificadas como cárceles de castigo y aislamiento para los presos políticos más peligrosos.

Con un alzheimer avanzado, hasta el punto que no sabe utilizar un bolígrafo y tiene que valerse de sus compañeras de prisión para el aseo personal, varios médicos han certificado que debe seguir tratamiento fuera de la cárcel, pero, como en muchos otros casos similares, el estatal Instituto de Medicina Forense ha valorado, por el contrario, que, pese a su estado de salud, debe continuar tras las rejas.

Lo mismo ocurre, según la Asociación turca de Derechos Humanos (IHD), con 600 casos más. No importa que la persona encarcelada, como Ayse Ozdogan, se encuentre con cáncer terminal y sus familiares rueguen simplemente que se le deje morir con dignidad, o como Mehmet Ozkan, un kurdo de 83 años a quien, además de sus dolencias crónicas, los médicos han catalogado con una discapacidad del 87%.

Para Figen Yuksekdag, compañera de celda de Tugluk y copresidenta del HDP junto con Selahatin Demirtas, igualmente encarcelado, el gobierno de Erdogan ha convertido el sistema penitenciario en una nueva forma de acabar, lentamente, con la vida de los presos políticos, sin que nadie en Turquía tenga el valor de cuestionar su política por miedo a ser igualmente víctima de este sistema diabólico, basado en la venganza y la persecución constante de los opositores.

Desde el fallido golpe de Estado de 2016, y tras la profunda depuración de todos los organismos de la administración, en Turquía ha desaparecido la división de poderes, y tanto la policía como la justicia, el ejército, los medios de comunicación y las universidades se han convertido en instrumentos para ampliar y reforzar el poder absoluto de Erdogan.

La arbitrariedad, la persecución y el trato inhumano, con denuncias de torturas e incluso de desapariciones, no deja libre ningún sector de la sociedad. Al menos 130.000 simpatizantes de la Cofradía Gülen, una organización islámica moderada acusada de impulsar el golpe de Estado, han sido investigados judicialmente y 60.000 procesados.

Continúan igualmente los ataques a los medios de comunicación bajo la misma acusación de apoyar el terrorismo. Solo el pasado mes de octubre fueron llevados ante la justicia 58 periodistas, abriéndose además a las cadenas televisivas Fox TV, Halk TV y Tele 1, mientras que el Premio Nobel Orhan Pamuk era encausado por “insultar” a Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, en su último libro –Veba Gceleri (Noches de Plaga)-, donde reflexiona sobre la proyección social de las pandemias. Solo por dudar de la buena salud de Erdogan, han sido procesados recientemente una treintena de internautas y unas 200 mujeres han sido detenidas durante las manifestaciones contra la salida de Turquía de la Convención de Estambul para prevenir la Violencia contra las Mujeres.

Tal y como denuncian constantemente las organizaciones humanitarias, la violación de los más elementales derechos humanos se ha convertido en moneda corriente, permitiéndose Turquía, incluso secuestrar decenas de jóvenes sirios en las zonas que el ejército ha ocupado al norte de ese país. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), se han documentado al menos 63 casos de personas detenidas en esas regiones para trasladarlas ilegalmente a cárceles de Turquía, donde, en una verdadera aberración legal, se les aplica el Código Penal turco pese a haber sido detenidas y acusadas de delitos cometidos en otro país. Otras fuentes elevan a dos centenares el número de apresados en Siria y trasladados a Turquía.

Para realizar estas detenciones, el gobierno turco se vale del llamado Ejército Nacional Sirio (ENS), una coalición de grupos islamistas financiada y armada por Turquía, encargada de llevar a cabo una amplia limpieza étnica en las regiones kurdas ocupadas por el ejército otomano desde el año 2018.

Lo más grave de estos casos estriba en que estos ciudadanos están totalmente indefensos al no poder comunicarse con sus familias y carecer de defensa legal, quedando a merced de los servicios de información que los interrogan buscando información y datos para continuar aplastando el movimiento kurdo en Siria.

Se trata, en definitiva, de una situación que hace totalmente imposible cualquier aspiración a negociar siquiera la entrada de Turquía en la Unión Europea, por muchos acuerdos que el gobierno de Pedro Sánchez y otros países occidentales firmen con Ankara.

FUENTE: Manuel Martorell / Público

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