El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, consiguió el martes pasado fotocopias de documentos que prueban nuevas violaciones de los derechos humanos cometidas contra los kurdos de la ciudad siria de Ras Al Ain, en la provincia de Heseke, en el noreste de Siria.
Los documentos incluían nombres de dos ciudadanos que fueron detenidos por las fuerzas proturcas, cuando estaban en camino de regreso a sus hogares, y llevados a una llamada “estación policial”, donde les preguntaron si eran dueño de sus casas. Cuando demostraron que sí, las fuerzas proturcas los obligaron a firmar documentos para ceder sus propiedades y dejar por completo la ciudad.
El OSDH considera esta práctica una “nueva violación” a los derechos humanos realizada por los mercenarios respaldados por Ankara.
Los dos ciudadanos en cuestión, no obstante, no eran los únicos que perdieron sus hogares. “Tratan así a cada habitante que entra a la ciudad, con el objetivo de evacuarla por completo de sus habitantes originales”, afirmaron desde la OSDH, citando a fuentes fidedignas, que consideraban que obligar a los propietarios a firmar documentos de cesión busca darle “un aspecto legal” al plan turco para crear una llamada “zona segura”, que cubre un tramo entre el río Éufrates y la frontera iraquí, y separa la frontera turca de las localidades kurdas en el noreste de Siria.
Entre otras violaciones a los derechos humanos, el OSDH reveló que las fuerzas proturcas esclavizan a los ciudadanos en Ras Al Ain, obligándolos a trabajar en campos de algodón que habían robado a las familias kurdas.
El Observatorio también alertó que los grupos armados financiados por Ankara han robado un gran número de piezas arqueológicas. Según el OSDH, los mercenarios están saqueando “sistemáticamente” las antigüedades del cantón kurdo de Afrin, especialmente las que se hallan en la localidad de Al-Nabi Hori, también conocida como Korsh, para luego contrabandear estos objetos a la vecina Turquía.
En la denuncia se remarcó que la facción armada Soqur Al Shemal, apoyada por Ankara, está llevando a cabo unas excavaciones indiscriminadas en la región, utilizando equipos técnicos y maquinaria pesada, dañando gravemente las capas culturales y los emplazamientos arqueológicos.
De igual modo, se alertó que las operaciones militares del Ejército turco y sus aliados en el norte de Siria han causado la destrucción de artefactos históricos frágiles, como cristalería, porcelana, cerámica y pinturas de mosaico.
Por su parte, a finales de noviembre Human Rights Watch (HRW) denunció a Turquía y a los mercenarios aliados por los crímenes cometidos en el noreste de Siria contra la población kurda y otras minorías étnicas de la región.
El organismo internacional instó a las autoridades turcas a investigar los “abusos de los Derechos Humanos” perpetrados por sus militares y las facciones armadas que respalda en la llamada “zona segura”.
“Ejecutar individuos, robar propiedades e impedir que las personas desplazadas vuelvan a sus casas es una prueba terrible de por qué la ‘zona segura’ propuesta por Turquía no será segura”, lamentó la directora de HRW para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, para después condenar que estos actos “suponen en su mayoría crímenes de guerra”.
El pasado 15 de octubre, el presidente turco, Recep Tayyib Erdogan, anunció la creación de la llamada “zona segura” a lo largo de la frontera turco-siria con 444 kilómetros de longitud y 32 kilómetros de profundidad, la cual dijo crear para que “los refugiados sirios regresen a sus hogares”.
“Al contrario de lo que indica la narrativa turca sobre el establecimiento de una zona segura, los grupos que utilizan para administrar el territorio están cometiendo abusos contra civiles y discriminándolos por motivos étnicos (…) Turquía es responsable de investigar y acabar con estas violaciones siempre y cuando mantenga el control sobre esas áreas”, ha sostenido la representante de HRW.
FUENTE: Agencias / Edición: Kurdistán América Latina
