Han pasado dos años desde el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Turquía conmemoró el segundo aniversario de un sangriento intento de golpe de Estado seguido de una serie de purgas en el sector público y cambios para impulsar los poderes del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El 15 de julio es ahora una fiesta nacional, y Erdogan prometió que “no vamos a dejar que se olvide y no lo olvidaremos”.
Erdogan convirtió la conmemoración en una celebración para fortalecer a su gobierno de un solo hombre después del intento de golpe militar, durante el cual 248 personas perdieron la vida y 2196 resultaron heridas.
El estado de emergencia fue declarado el 20 de julio de 2016, justo después del intento de golpe. Todavía está vigente aunque levantarlo ha sido una de las promesas electorales de Erdogan. Con los decretos estatutarios emitidos como parte del estado de emergencia, 134.144 personas han sido despedidas de sus puestos de trabajo, al menos 228.137 han sido arrestadas y muchas más fueron investigadas.
Durante los últimos dos años ha sido peor en los informes de libertad de expresión, democracia, libertad de expresión, libertad de prensa y distribución económica.
El Consejo de Ministros ha dictado 32 decretos reglamentarios en el marco del estado de excepción durante los últimos dos años. Sin embargo, los decretos estatutarios no eran las herramientas para gobernar bajo el estado de emergencia, sino que se usaban como una herramienta para una inmensa presión política. 134.144 personas en total han sido despedidas de sus puestos de trabajo por decretos estatutarios. De los dados de alta, 3.981 han sido reintegrados a sus trabajos.
Human Rights Joint Platform (IHOP) publicó un informe que abarca el período comprendido entre el 21 de julio de 2016 y el 20 de marzo de 2018. Según el informe actualizado el 17 de abril de 2018:
-Del 16 de julio de 2016 al 20 de marzo de 2018 al menos 228.137 personas fueron arrestadas.
-Según informó la agencia de noticias estatal Anadolu, se presentaron 283 demandas en relación con el intento de golpe de Estado, 106 de las cuales concluyeron el 23 de marzo de 2018. 805 acusados fueron condenados a prisión, todos a cadena perpetua.
-45.415 cuentas de redes sociales fueron investigadas y se tomaron acciones legales contra 17.089 usuarios de redes sociales acusados de “propaganda y elogio de una organización terrorista, declarar abiertamente relaciones con organizaciones terroristas, incitar al público a la enemistad y el odio, insultar a los funcionarios del Estado, apuntando a la integridad indivisible del Estado y la seguridad de la vida de las personas y participando en el discurso de odio”.
-Según el Ministerio del Interior, 845 personas que criticaron la “Operación Rama de Olivo” lanzada contra Afrin, en Siria, fueron detenidas.
-El 10 de enero de 2016, se entabló una demanda contra los académicos que firmaron la declaración titulada “No seremos parte en este crimen”, según el Artículo No. 7/2 de la Ley Antiterrorista No. 3713 por el cargo de “propaganda para una organización terrorista”.
-Al 12 de julio de 2018, 256 académicos habían sido juzgados desde el 5 de diciembre de 2017. 16 de estos académicos fueron sentenciados a un año y 3 meses de prisión y todas las sentencias fueron suspendidas, excepto las del profesor Zubeyde Fusun, Ustel de la Universidad Galatasaray y la doctora Busra Ersanli de la Universidad de Marmara.
La pena del Ustel no se aplazó porque “no exigió el aplazamiento del anuncio del veredicto y no hizo una declaración de penitencia”. En cuanto a la pena de Ersanli, no fue diferida sobre el terreno porque “no ha surgido ninguna opinión sobre su evitación de cometer una ofensa teniendo en cuenta su personalidad que no expresa ningún remordimiento”.
-47 centros médicos privados fueron cerrados.
-2.271 instituciones educativas privadas fueron cerradas. Los permisos de trabajo de 21.860 ejecutivos, educadores, maestros, educadores especializados y otro personal fueron cancelados; las regulaciones legales relacionadas fueron introducidas para que las personas en cuestión no puedan obtener un permiso para trabajar en una institución educativa privada.
-174 medios de comunicación fueron cerrados.
-Se cerraron 1.414 organizaciones y asociaciones no gubernamentales.
-145 fundaciones fueron cerradas.
-15 universidades fueron cerradas
-19 sindicatos, que eran miembros de dos confederaciones, fueron cerrados.
-Se nombraron fideicomisarios para 99 municipios. 94 de estos municipios pertenecían al Partido de las Regiones Democráticas, cuatro de ellos pertenecían al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y uno de ellos era el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).
Según el Informe de monitoreo de medios de Bianet, 100 periodistas fueron enviados a prisión tras el intento de golpe del 15 de julio en 2017. La cifra fue de 31 en 2016. El número de periodistas encarcelados se convirtió en 131 el 1 de enero de 2018.
Por el momento, 127 periodistas todavía están en prisión.
Turquía ocupó el lugar 155 entre 180 países en 2017 que retrocediendo cuatro rangos en comparación con el año anterior en el Índice Mundial de Libertad de Prensa preparado por Reporteros sin Fronteras (RSF). En su informe, RSF declaró que Turquía retrocedió 57 rangos en los últimos 12 años, durante el gobierno del AKP.
En el “Índice del Estado de derecho” preparado desde 2008 hasta la fecha por World Justice Platform, Turquía ocupó el puesto 99 entre 113 países en 2016; según los datos anunciados en febrero de 2018, Turquía retrocedió dos rangos y se ubicó en el puesto 101.
Turquía ocupa el puesto 149 entre 163 países en el Índice de Paz Global publicado anualmente por el Instituto de Economía y Paz con sede en Australia. Turquía ocupó el 146º lugar en 2016 y el 138º en 2015.
FUENTE: The Region / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
