Tanto la Administración Autónoma del Norte de Siria como una veintena de organizaciones humanitarias europeas y sirias, han exigido la apertura de una investigación sobre las prisiones secretas de la División Al Hamza, uno de los grupos pro-turcos más importantes, tras haberse descubierto que en sus instalaciones de la ciudad de Afrin mantenían presas a un grupo de mujeres secuestradas, algunas de ellas prácticamente desnudas y en lamentables condiciones físicas.
Según las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), que este mes de abril ha recibido el premio internacional de la revista Stern por sus informaciones sobre la situación de Siria, el pasado 28 de mayo estallaron unos duros combates entre Al Hamza y el grupo Ahrar Al Sham, compuesto por desplazados de guerra procedentes de la región de Damasco. Los enfrentamientos comenzaron cuando miembros de la primera organización se negaron a pagar en una tienda, perteneciente a una persona próxima a Ahrar, que fue apoyado por la milicia damascena.
Los combates se extendieron, participando igualmente otros grupos, asaltando los locales de la División Al Hamza y obligándoles a abandonar la ciudad. Fue entonces cuando encontraron encerradas a un grupo de mujeres -las primeras informaciones hablaban de decenas-, algunas de las cuales permanecían desnudas y en condiciones físicas deplorables.
Al día siguiente, una manifestación multitudinaria, también de acuerdo con las noticias difundidas por el OSDH, desafiando a los grupos armados, se dirigió hacia la residencia del gobernador para exigir a Turquía la salida de la División Al Hamza de la ciudad.
Esta milicia, perfectamente organizada, es uno de los grupos más importantes del denominado Ejército Nacional Sirio, formado por Ankara en base a distintos movimientos islamistas, que finalmente se han convertido en verdaderas mafias, dedicándose al robo y al pillaje en los territorios kurdos ocupados por Turquía.
Entre las organizaciones de derechos humanos que han denunciado estos hechos se encuentran el propio Observatorio, la Sociedad alemana para la Defensa de los Pueblos, la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos de Austria y el Comité por los Derechos Humanos de Siria que, junto a otras dieciséis organizaciones kurdas, piden al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que la región de Afrin sea puesta bajo protección internacional para detener la escalada de los graves abusos y crímenes cometidos por esta milicias, que cuentan con el respaldo del Ejército y de la Fuerza Aérea de Turquía desde la invasión de 2018.
Gracias a la existencia de un vídeo grabado por el Ejército Nacional Sirio, la organización Ezdina, dedicada a denunciar las agresiones a la minoría yezidi, ha podido identificar a alguna de las mujeres que permanecían como rehenes. Una de ellas es Arin Dili Hasan, joven yezidi cuya familia ya denunció en febrero su secuestro por miembros de la División Al Hamza, exigiéndoles un cuantioso rescate para su liberación.
Igualmente, se sabe que otras dos de las apresadas son Haifa Al Jasín, que trabajaba como enfermera en el Hospital de Afrin antes de la invasión de 2018, y Ruken Manla Muhamad, cuyo padre, Abdulmanan Manla, también estaba en la misma prisión. Fueron secuestrados en septiembre de ese año 2018 y dos de sus hijos todavía continúan desaparecidos.
Por su parte, la Administración Autónoma, que gobernaba Afrin antes de la citada invasión, ha pedido a la ONU, a las principales potencias implicadas en la crisis siria -especialmente a Estados Unidos y Rusia-, y a las organizaciones en defensa de los derechos de la mujer de todo el mundo, que intervengan para poner fin a estos crímenes.
Además de los secuestros, especialmente de mujeres, para exigir rescates, estas denuncias se refieren a continuas extorsiones, al robo de ganado y grano almacenado, a saqueos, confiscación de propiedades -tierras y viviendas-, a ejecuciones sumarias y también a la persecución de minorías religiosas, en especial de los kurdos yezidis, una religión no musulmana que tiene una significativa presencia en esta región, también conocida como Kurd Dag (Montes Kurdos), próxima al mar Mediterráneo.
Se da la circunstancia de que tanto la invasión turca de Afrin a comienzos de 2018 como la de la franja fronteriza entre Tel Abyad y Ras Al Ain el año pasado, se llevaron a cabo con el apoyo clave de la base Incirlik, una de las mayores instalaciones aéreas de Turquía, defendida hasta ahora por un contingente español dentro de un programa de la OTAN, rebautizado por los españoles con el nombre de “Ayuda a Turquía”.
También durante estos últimos meses, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha realizado numerosas denuncias sobre detenciones ilegales y nuevas exacciones a los agricultores de esta franja fronteriza, imponiéndoles la entrega de una parte de la cosecha de cereal -trigo o cebada-, además confiscar los campos y viviendas pertenecientes a las familias que optaron por marcharse cuando se produjo la invasión turca.
Estas familias, junto con las que tuvieron que huir de Afrin, forman ahora una comunidad de más de 200.000 desplazados internos, a los que las milicias islamistas, al amparo del Ejército turco, impiden retornar a sus hogares con el expreso objetivo de reemplazarles en sus tierras y casas por refugiados árabes o turcómanos de otras partes de Siria.
El mismo objetivo tendrían los últimos cortes en el suministro de agua, tanto para el cultivo como para su uso doméstico, un hecho especialmente grave debido a que la actual crisis sanitaria también está afectando a Siria, lo que dificulta enormemente la necesaria limpieza e higiene corporal para prevenir los efectos del coronavirus.
Lo mismo se podría decir de la sucesión de incendios intencionados a lo largo de todo este mes de mayo, que han destruido miles de hectáreas de trigo y cereal, aniquilando las cosechas de decenas de pueblos todavía en comarcas bajo control de las fuerzas kurdas. Por lo general, los incendios se desencadenan tras disparos de artillería realizados sobre esos campos desde posiciones situadas en las zonas ocupadas por el Ejército turco y sus milicias.
Todas estas denuncias coinciden con la publicación de un informe del Consejo Europeo sobre Relaciones Exteriores (ECFR), integrado por 300 personalidades europeas estrechamente vinculadas a la política exterior, sobre la actuación turca en las zonas que mantiene ocupadas dentro de Siria. Este informe no duda en señalar que el principal objetivo de Turquía con las operaciones militares en Afrin, Tel Abyad y Ras Al Ain es crear una zona mayoritariamente árabe suní que sustituya a la población kurda local.
FUENTE: Manuel Martorell / Cuarto Poder
