El peligroso oficio del periodismo en Turquía

No quedan lugares seguros para los y las periodistas en Turquía. Para el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, cualquier medio de comunicación o trabajador de prensa que no puede controlarse, se convierte en un enemigo que debe ser derrotado a cualquier costo.

Al hostigamiento contra partidos políticos opositores, la represión contra las minorías étnicas y religiosas -principalmente los kurdos del sudeste del país-, y las políticas de injerencia en otros países -como en Siria, Libia o en la reciente guerra de Azerbaiyán contra Artsaj y Armenia-, el Ejecutivo turco suma en su prontuario la persecución sistemática a periodistas, el cierre de medios de comunicación y hasta la censura de redes sociales.

Algunos casos y datos difundidos en las últimas semanas confirman el puño de acero que Erdogan lanza sobre los y las trabajadoras de prensa que considera díscolas:

—En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, la Coalición por las Mujeres en el Periodismo (CFWIJ) emitió un comunicado en el que alertó las violaciones de derechos a las que son sometidas las periodistas. En el caso de Turquía, CFWIJ documentó “documentó 114 casos de acoso legal, detenciones y ataques en todo el país”. A su vez, reveló que al menos 50 trabajadoras de prensa comparecieron ante un tribunal “para defender las historias que revelaron o las publicaciones que compartieron en las redes sociales”. A esto se suma que “tres periodistas fueron condenadas a prisión desde principios de año”. Müyesser Yıldız, directora de noticias de Oda TV, fue condenada a casi cuatro años de prisión por supuestos cargos de espionaje. La sentencia se dio a conocer el 8 de marzo, cuando en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

—El mismo 3 de mayo, la Plataforma de Mujeres Periodistas de Mesopotamia difundió una declaración en la que se afirmó: “Creemos que el hecho de que Turquía ocupe el puesto 153 entre los 180 países incluidos en la Clasificación de la Libertad de Prensa, no deja nada de lo que enorgullecerse”. Las periodistas remarcaron que el periodismo en el país dejó “de ser una profesión para convertirse en un campo de resistencia para nosotras”.

—A finales de abril se conoció que el portal de noticias JinNews, encabezado por mujeres kurdas, había sido bloqueado por cuarta vez en apenas 10 días. Quien dio la orden para esta medida de censura fue la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK), citando la decisión del Segundo Tribunal Penal de la ciudad de Diyarbakır.

También en abril, el Tercer Tribunal Penal de Diyarbakir ordenó a la BTK el bloqueó del sitio web de la agencia de noticias Mezopotamya Ajansi (MA), una de los principales medios de comunicación kurdos.

—A principios de mayo se conoció el informe “El costo de las noticias”, realizado por la Comunidad de Periodistas y financiado por el proyecto Media for Democracy/Democracy for Media. En la investigación se reveló que solo en abril, al menos 49 periodistas fueron juzgados en 21 casos separados en las ciudades de Estambul, Van, Mardin, Batman, Kars, Adiyaman, Edirne, Agri y Amed. Las penas que se demandan para los comunicadores suman un total de 485 años y nueve meses de prisión. Del total de imputados, 11 periodistas son acusados ​​de “ser miembro de una organización terrorista”, ocho ​​de “hacer propaganda para una organización terrorista” y otros tres por “insultar al presidente”.

—En su reciente informe Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía, la organización Press in Arrest Journalist Prosecutions difundió el monitoreo que realizó en casi 600 audiencias judiciales, en 240 casos que procesaron a 356 periodistas. En la investigación, encabezada por la abogada Ayse Bingol Demir, se pudo confirmar “un patrón continuo de ‘acoso judicial’ dirigido a periodistas” y que Turquía incumple sistemáticamente sus obligaciones ante el derecho internacional. Para violar las normativas, el Estado turco utiliza el Código Penal y la Ley Nº 3713 sobre Prevención del Terrorismo, con lo cual incurre en la violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, las autoridades judiciales anulan “los principios constitucionales y del derecho de prensa”.

En el informe se alertó que en el país se aplica “el uso arbitrario de arrestos y prisión preventiva” contra quienes critican al gobierno. A su vez, se advirtió del incumplimiento del debido proceso y el derecho a un juicio justo en los casos contra de periodistas, como también la “falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.

Cuando en octubre de 2018, la monarquía de Arabia Saudí ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, hecho que se concretó en el consulado saudí en Estambul, el presidente Erdogan se encaramó a las protestas mundiales por este crimen aberrante. El mandatario amenazó a Riad, impulsó una investigación y declaró que el asesinato no quedaría impune. La realidad es que a la hora de tratar con la prensa y sus trabajadores, el presidente turco no es demasiado diferente al joven monarca Mohamed Bin Salmán. Para ambos, las denuncias que los periodistas hacen en su contra los convierten, de forma automática, en presas en plena caza furtiva.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

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