Si no fuese porque ya ha ocurrido antes, se podría pensar que el juicio a la revuelta turca de Gezi es una burda copia de El proceso, de Franz Kafka. El próximo martes, el tribunal encargado del caso tiene previsto leer la sentencia, y los nueve acusados de “dirigir” las protestas que sacudieron Turquía en primavera de 2013 no tienen muchas esperanzas de que les sea favorable. Tres de ellos se enfrentan a cadena perpetua no revisable y seis a penas de entre 15 y 20 años de cárcel, bajo la acusación de liderar una “insurrección para derrocar al gobierno”, si bien las defensas sostienen que las imputaciones son una “farsa”.
“Siento que estoy asistiendo a mi propio funeral. Todos los días viene gente a mi casa a mostrar solidaridad, pero el ambiente es triste, vienen a despedirse”, explica a El País el académico y trabajador de ONG, Yigit Aksakoglu, para el que la Fiscalía pide cadena perpetua no revisable. Si se le pregunta por la posibilidad de que el tribunal desestime las acusaciones, responde: “No hay justicia. No hubo justicia cuando me detuvieron en 2018 y me mantuvieron 221 días en una celda de aislamiento. El tribunal ni siquiera nos escucha”. Y pone un sencillo ejemplo: una y otra vez los diversos jueces que han pasado por el tribunal -ha habido varias sustituciones- le preguntan si trabaja en la Universidad de Bilgi, pese a que desde la fase de instrucción explicó que dejó de pertenecer a esa institución en 2008 (y la propia universidad lo corroboró). Aun así, en los documentos de la Fiscalía sigue constando como profesor de Bilgi. “La sentencia está escrita de antemano”, dice con pesar.
A finales de mayo de 2013, un grupo de activistas acamparon en el céntrico parque Gezi de Estambul para protestar contra la tala de unos árboles. Fueron desalojados por la policía. Al día siguiente, los manifestantes fueron decenas; al otro, cientos. A la semana, las manifestaciones y ocupaciones de plazas se extendieron por todo el país y se convirtieron en un movimiento de protesta contra el creciente autoritarismo del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. El entonces primer ministro y hoy presidente de Turquía, en lugar de establecer un diálogo como le recomendaron algunos de sus colaboradores, ordenó acabar a toda costa con las protestas. En menos de un mes -ocho muertos y 8.000 heridos mediante-, la policía había barrido la revuelta de Gezi.
Hubo un primer intento de juzgar a los responsables de Gezi, si bien se trataba de un movimiento horizontal que se articuló a través de asambleas, de modo parecido al 15-M en España. Algunos activistas fueron llamados a declarar pero aquella instrucción quedó rápidamente desacreditada, pues sus autores eran agentes de policía y fiscales vinculados a la organización político-religiosa del predicador Fethullah Gülen, cuyos seguidores infiltraron durante décadas la administración pública y colaboraron activamente con el partido de Erdogan, hasta que ambos iniciaron una cruda lucha por el poder que culminó en el intento de golpe de Estado de 2016.
“Esta banda criminal gülenista había pinchado ilegalmente los teléfonos de miles de personas y la investigación se sobreseyó. A pesar de ello, años después la Fiscalía recupera aquella investigación sin siquiera cambiar un punto o una coma”, se queja Aksakoglu, quien asegura que sólo asistió a Gezi como observador, pues su especialidad son los movimientos sociales. Además, alega que las conversaciones telefónicas que cita la Fiscalía para acusarlo empiezan el 21 de junio de 2013, cuando la revuelta ya había sido reprimida: “¿Cómo puedo organizar una protesta que ya había terminado?”.
La Fiscalía arguye que Gezi fue “planeado de manera sistemática” como una adaptación de la Primavera Árabe: “El principal objetivo era crear un ambiente de caos y desorden en todo el país por medio de la violencia y actos terroristas, incitando a la rebelión armada y la revuelta contra el gobierno”. Todo ello se habría hecho con financiación del filántropo y especulador George Soros, vehiculada a través de la fundación Kültür A.S., una institución dedicada a actividades culturales y a la promoción de derechos de las minorías que dirige el filántropo turco Osman Kavala. Kavala es el único de los acusados que sigue en prisión preventiva desde su detención en 2017, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado su liberación. Junto a Kavala y a Aksakoglu, se pide también la cadena perpetua para Mücella Yapici, en su momento secretaria general de la Cámara de Arquitectos e Ingenieros y que estuvo involucrada en la Plataforma Taksim de apoyo a Gezi. Los otros acusados son cuatro empleados de Kültür A.S., un abogado y otro arquitecto involucrados en la plataforma. Hay otros seis imputados (actores, periodistas y activistas) que se han exiliado y para los que se constituirá una pieza separada del sumario principal.
“Kavala es el verdadero objetivo. Se ha construido un juicio farsa para justificar la encarcelación de Kavala, y el resto son meros figurantes a los que les ha tocado”, sostiene el politólogo Umut Özkirimli, del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Erdogan se ha personado como acusación en el juicio a Gezi y ha calificado a Kavala de “financiador de terroristas” y “representante del famoso judío húngaro Soros”. “Hay personas con las que Erdogan tiene una fijación particular, como Kavala o el escritor Ahmet Altan, condenado a perpetua por enviar mensajes subliminales”, opina Özkirimli. “Desde el golpe de Estado –agrega-, Erdogan se ha vuelto cada vez más autoritario y paranoico, y lo que nos dice gente cercana a él es que realmente se cree que Gezi fue un movimiento organizado para derrocarlo y que lo dirigió Kavala”.
FUENTE: Andrés Mourenza / El País
