Estado turco sigue deteniendo a dirigentes y periodistas

El Estado turco continúa con su política represiva y de encarcelamiento de dirigentes y periodistas.

La diputada por Siirt en el Parlamento de Turquía, Besime Konca, que había sido puesta en libertad a la espera de juicio, ha sido detenida en el aeropuerto de Batman, en el Kurdistán turco.

Konca, miembro del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), había sido detenida el 13 de diciembre de 2016 como resultado de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Batman.

Fue juzgada por el Tribunal Penal Superior de Batman acusada de ser un enlace con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), “ser miembro de una organización terrorista” y “propaganda a favor de una organización terrorista”.

En la sesión celebrada el 3 de mayo, Konca fue puesta en libertad a la espera de juicio con la prohibición de abandonar el país, si bien la Fiscalía se opuso a su liberación.

Tomando en consideración la objeción de la fiscalía, el 8 de mayo, el Juzgado Superior de lo Penal nº 3 de Batman emitió una orden para arrestar por la fuerza a Konca.

Ahora a la legisladora le fu dictada la prisión preventiva.

Otros diez diputados del HDP, entre ellos el copresidente Selahattin Demirtas y la excopresidenta Figen Yüksekdag, se hallan en prisión preventiva, la mayoría desde inicios de noviembre.

Tanto Yüksekdag como otra diputada, Nursel Aydogan, han sido despojadas de su escaño parlamentario por decisión judicial, al haber sido condenadas a penas menores, pero relacionadas con delitos terroristas.

El HDP ha calificado de “inaceptable” la detención de Konca, que considera un ejemplo de que “la política da instrucciones a la Judicatura”.

Desde julio de 2015, Turquía ha iniciado una polémica campaña militar contra el PKK en la región suroriental del país después de que Ankara diera por finalizado un acuerdo de alto el fuego de dos años de duración. Desde el comienzo de la campaña, Ankara ha impuesto varios toques de queda ininterrumpidos, evitando que los civiles huyan de las regiones donde se llevan a cabo las operaciones militares.

Los observadores declaran que la represión ha tenido un elevado coste para la población civil kurda y acusan a Turquía de hacer uso del castigo colectivo contra esta minoría. En marzo de 2017, las fuerzas de seguridad turcas fueron acusadas por la ONU de cometer graves abusos durante las operaciones contra militantes kurdos en el sureste del país.

Por otro lado, la agencia ANF informó que la policía turca realizó un allanamiento en la casa del presidente de la agencia de noticias DİHA, Zekeriya Güzüpek, y del editor kurdo Mehmet Ali Ertaş, en el distrito central de Bağlar, en Amed.

Después de revisar la casa, ambos periodistas fueron puestos bajo custodia.

FUENTE: ANF/Rojava Azadi/EFE