La campaña militar de Turquía equivale a un castigo colectivo contra el pueblo kurdo

Después de que nueve soldados turcos murieran en enfrentamientos con las guerrillas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en la región de Metina, del Kurdistán iraquí (Bashur) el 13 de enero, las Fuerzas Armadas turcas respondieron una vez más con una intensa campaña militar. Conociendo los patrones de agresión turca, esto no es sorprendente. La renovada campaña de bombardeos aéreos y con drones no ha estado dirigida específicamente a las guerrillas del PKK estacionadas en el norte de Irak, sino que ha apuntado a infraestructura civil tanto en el Irak liderado por los kurdos como en el norte y este de Siria (NES).

Sobre el terreno, el Centro de Información de Rojava (RIC) ha estado rastreando el alcance de los ataques y la destrucción. El 16 de enero publicó un informe en el que afirma que Turquía atacó un mínimo de 50 lugares sólo en el NES. Los ataques confirmados afectaron infraestructuras claves de electricidad y petróleo, fábricas, viviendas civiles y puntos de seguridad. Según el RIC, aproximadamente dos millones de personas se ven privadas de acceso a la electricidad y al agua debido a que siete centrales eléctricas y emplazamientos industriales han quedado fuera de funcionamiento debido a los bombardeos turcos.

Esto no puede considerarse autodefensa por parte de Turquía, sin importar lo que digan los funcionarios turcos. Las acciones de Ankara deben verse como lo que son: un castigo colectivo. Los ataques a silos de cereales, almacenes o viviendas civiles no son actos directos de legítima defensa. La infraestructura civil no es responsable de las muertes de los soldados turcos, soldados desplegados por Turquía como parte de su continua campaña de escalada violenta en todo Oriente Medio. Los ataques ni siquiera se produjeron en el mismo país donde se produjeron los enfrentamientos que resultaron mortales para el personal militar turco. Los ataques son actos de castigo colectivo aplicados por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para presionar al pueblo kurdo, no a un enemigo militar armado. Una política que Erdogan ha mantenido durante años.

El castigo colectivo puede definirse como el castigo –en este caso, el bombardeo– de un grupo entero por las acciones de un miembro de otro grupo. En este caso, ese grupo son los kurdos. El IV Convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra, en su artículo 33, menciona explícitamente el castigo colectivo como prohibido por el derecho internacional.

Responsabilidad individual, penas colectivas, saqueo, represalias: ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Quedan prohibidas las penas colectivas y asimismo toda medida de intimidación o de terrorismo. Está prohibido el pillaje.

Las penas y castigos ilegales mencionados en la convención incluyen matar o herir a civiles, así como daños a la infraestructura civil esencial para el bienestar y la supervivencia comunes. Las autoridades turcas y las acciones del ejército turco han dejado en claro, una y otra vez, que tienen la intención de cometer estos crímenes. Además, la comunidad internacional lo está permitiendo.

El silencio occidental, y en particular el de Estados Unidos, no ha pasado desapercibido para sus aliados sobre el terreno en el norte y el este de Siria. Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que desempeñaron un papel vital en los esfuerzos por derrotar al Estado Islámico (ISIS) en asociación con Estados Unidos, calificó de “vergonzoso” el silencio del presidente Joe Biden ante los ataques transfronterizos de Turquía. Abdi compartió las sospechas de que el socio transatlántico de las FDS dio a Turquía un “consentimiento informal” para llevar a cabo sus operaciones militares en el norte y el este de Siria.

El comandante Abdi y el pueblo del norte y este de Siria están muy familiarizados con las consecuencias muy reales de la complacencia de Estados Unidos con las políticas sanguinarias de Erdogan hacia el pueblo kurdo. En 2019, vieron a la Casa Blanca dar luz verde a Erdogan para comenzar una invasión terrestre a el NES. Tres días después, vieron cómo grupos mercenarios respaldados por Turquía ocupaban las ciudades de Serekaniye (Ras al-Ayn) y Tel Abyad (Gire Spi), matando a cientos de civiles y desplazando a miles más.

El comandante de las FDS también puso en duda la creencia de que Turquía esté actuando en “represalia” por las recientes muertes de militares durante los enfrentamientos con la guerrilla del PKK en Irak, afirmando que las FDS no están afiliadas al PKK ni el PKK tiene presencia militar en el norte y el este, región de mayoría kurda de Siria, algo que afirma, con frecuencia, Ankara.

El desequilibrio y la injusticia de la brutal respuesta de Turquía amenazan con pasar nuevamente desapercibidos. El gobierno turco ha dejado claro que no tiene intención de controlar la situación y que tiene toda la intención de escalar la agresión.

El 17 de enero, Erdogan confirmó su compromiso con la continuación de las acciones militares tanto en Siria como en Irak, afirmando que las operaciones eran necesarias para la “seguridad nacional” de Turquía y la “seguridad de sus ciudadanos”.

Al día siguiente, el 18 de enero, la Gran Asamblea Nacional Turca (GANT) aprobó una moción en apoyo de la agresión del presidente turco contra los kurdos. El Partido Popular Republicano (CHP), el principal partido de la oposición, se unió al gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) para apoyar la resolución. El partido de oposición prokurdo, el Partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (Partido DEM), votó en contra de una mayor violencia en el norte y el este de Siria.

La solidez del derecho internacional humanitario establecido después de la Segunda Guerra Mundial se está poniendo a prueba mientras hablamos. Mientras Turquía actúa en flagrante violación del derecho y las convenciones internacionales humanitarias, Sudáfrica ha presentado un caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándolo de genocidio contra los palestinos de Gaza. El resultado del caso de la CIJ y la reacción del mundo ante la continua escalada de violencia en Turquía arrojarán luz sobre la siguiente pregunta: ¿son estas convenciones suficientes para prevenir el genocidio y el daño a civiles inocentes en 2024?

FUENTE: Robin Fleming / Medya News / Fecha original de publicación: 18 de enero de 2024 / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *