De Turquía hasta Melilla: las muertes de niños y niñas migrantes marcan la política migratoria

Se cumplieron cinco años de la muerte de Alan Kurdi.

El niño de tres años que intentó, junto a su familia, tener una vida mejor fuera de su país, y murió en el intento. Desde entonces, su imagen ha sido utilizada como símbolo de las políticas migratorias tanto por políticos como sociedad civil y organizaciones enfocadas a los derechos humanos.

Unas zapatillas deportivas, un pantalón azul y una camiseta roja. La imagen capturada por el fotoperiodista Nilufer Demir en las costas turcas, en septiembre del 2015, desató la polémica por el anonimato del retrato de la migración actual. En la imagen no se le ve la cara, por lo que el mensaje transmitido es el de la empatía: podía ser cualquiera, podría ser nuestro hijo. Su fotografía revolucionó al mundo entero, desde políticos hasta la sociedad civil tomaron esta muerte como una llamada a la acción, al cambio, en las políticas migratorias europeas y mundiales. “No nos olvidemos y no nos quedemos callados”, denunciaba la tía de Alan, Tima Kurdi, tras reconocer el cadáver. El cuerpo de Alan Kurdi se encontró, sin vida, en las costas turcas de Bodrum, a finales del verano de 2015.

Alan Kurdi se sumó a las más de un millón personas que tomaron la decisión de cruzar el Mediterráneo en 2015, según la agencia de refugiados de Naciones Unidas, la cifra más alta de los últimos seis años. En este caso, la familia Kurdi tomó una lancha desde Turquía con la intención de llegar a Canadá cruzando Europa. En total, durante 2015, 3.771 personas murieron cruzando el Mediterráneo, mar que se conoce como el cementerio de Europa. El padre de Alan fue el único de su familia que sobrevivió. La barca en la que viajaban 16 personas naufragó cuando trataba de cruzar la estrecha franja que separa Turquía de la isla griega de Lesbos. Actualmente, esta ruta entre Turquía y Grecia, la ruta del Mediterráneo oriental, es la tercera más transitada por mar.

“Líderes europeos fueron los primeros en decir ‘nunca más’, pero desde la muerte de Alan Kurdi, las rutas son más complicadas y peligrosas para los migrantes y refugiados”, asegura la directora de la organización internacional Save the Children Europe, en Bruselas, Anita Bay. La organización denuncia que en torno a 210.000 menores no acompañados buscaron asilo en Europa en los últimos cinco años. Y que, en el mismo período de tiempo, más de 700 niños y niñas, bebés incluidos, perdieron sus vidas por el camino. “La forma en la que Europa ha tratado a los más vulnerables en los momentos de mayor necesidad es inaceptable”, califica Bay. “Niños y niñas siguen muriendo a las puertas de Europa mientras nuestros líderes miran hacia otro lado”.

Eran cerca de las 11 de la noche cuando dos chicos saltaron al agua desde la zona de los Juzgados de Melilla para entrar en el barco que va a Málaga. Otros chicos estaban en tierra, observando a sus compañeros, cuando oyeron un aviso de algún menor entrando a Melilla desde Marruecos. Una lancha de la Guardia Civil salió del puerto hacia el espigón sur. Y de repente, uno de los chicos comenzó a pedir auxilio. La zodiac había golpeado la cabeza de Ahmet, -pseudónimo para proteger su identidad- su compañero. Su cuerpo flotaba en el agua.

Este es el escalofriante relato de María Guillamet, una de las fundadoras de la asociación Solidary Wheels, que trabaja contra las vulneraciones de derechos fundamentales y que se encuentra, actualmente, en Melilla. “Te cuento lo que me han comentado los chicos, quienes están consternados por este hecho, porque podría haberle pasado a cualquiera de los más de 50 jóvenes que están en situación de calle en Melilla”, comparte la fundadora.

La desprotección y vulnerabilidad criticada por organizaciones internacionales se materializó con la muerte de un menor de 15 años en el puerto de Melilla. Durante la madrugada del pasado miércoles 26 de agosto, dos niños marroquíes hicieron lo que cientos de jóvenes hacen diariamente en la Ciudad Autónoma de Melilla: “risky”.

El “risky”, término utilizado por los menores extranjeros no acompañados en Melilla, es una práctica común en los alrededores del puerto de Melilla y Ceuta. Se trata de emplear cualquier técnica efectiva que permita a un niño, en este caso, colarse en alguno de los barcos trasatlánticos que cruzan el Mediterráneo durante siete horas hasta llegar a la Península. “Hacer ‘risky’ es la única posibilidad que te queda para salir de aquí sin dinero a través del mar”, valora un educador social de Bienvenidos Refugiados, que visita frecuentemente la ciudad y trabaja con los menores. “Es que no te queda otra alternativa, cuando intentas hacer las cosas ordenadas pero la administración no te lo permite, cuando vas al centro para conseguir la documentación, cuando acabas tu estancia en el centro con 18 años y te botan sin papeles. No te queda otra alternativa, puedes salir a Marruecos, pero en otra dirección no queda otra”, denuncia.

Esta es la situación a la que se enfrentan menores y jóvenes extranjeros no acompañados que viven en las calles de Melilla. En su mayoría marroquíes, los jóvenes huyen de sus hogares en busca de una vida mejor en Europa. Sin embargo, se enfrentan a las barreras burocráticas y administrativas de la Ciudad de Melilla. Prefieren poner sus vidas en riesgo cada día haciendo “risky” que ser tutelados por la Ciudad Autónoma y correr el riesgo de no obtener la documentación de residencia, que les permite vivir legalmente en territorio español al cumplir la mayoría de edad.

Externalización de fronteras como solución

Melilla es una de las dos ciudades españolas ubicadas al norte de África y único territorio europeo en el continente. Es un enclave fundamental para entender las relaciones exteriores de la Unión Europea (UE) con el continente y, en este caso, con Marruecos. Al otro lado de la frontera europea, Turquía juega el mismo papel con una posición geopolítica que conecta Oriente y Occidente.

El 2015, año de la muerte de Alan Kurdi, fue también el inicio de la comúnmente denominada “crisis de los refugiados”, momento en el que estalló la situación de crisis en Siria y millones de personas huyeron de sus hogares buscando refugio en Europa. 2015 significó un cambio de la percepción de la migración tanto en España como en Europa. Desde ese momento, unido a atentados terroristas como el 11-M y el 11-S, la migración se convertía en una problemática ligada a la seguridad y la protección. “Para los ciudadanos, la inmigración es el mayor reto al que se enfrenta la UE”, publicaba la Comisión Europea (CE), en relación con el eurobarómetro de la primavera de 2015. Este cambio de mentalidad implicó un incremento en el interés por parte de la UE en la vecindad y en la creación de una política exterior fuerte. Concretamente, un año después nacería la estrategia de seguridad europea, titulada “Visión compartida, la acción común: una Europa más fuerte”. Además, es en septiembre de 2015 cuando los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Nace así el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que busca la promoción de sociedades pacíficas e instituciones inclusivas.

La muerte de Alan en el 2015 significó un giro en la política europea, traduciéndose en 900.000 solicitantes de asilo acogidos en Alemania en ese mismo año, en su mayoría sirios. Países como Austria y Suecia, menos acostumbrados a la recepción de migrantes, abrieron sus puertas. Destaca la declaración del canciller austríaco Sebastian Kurz, que valoraba esta iniciativa como un error, evidenciando que la apertura de fronteras ha generado “grandes sumas de dinero” para las mafias y traficantes, al mismo tiempo que “incalculables” muertes de personas al intentar cruzar el Mediterráneo.

Se comenzó a hablar de cuotas como medida para que todos los países europeos acogieran a 160.00 solicitantes de asilo que huían de sus hogares por conflictos con países como Yemen, Siria, Afganistán o, en los años siguientes, países latinoamericanos como Colombia y Venezuela. Se dio un plazo dos años, desde 2015 a 2017. España no cumpliría con su cuota, acogiendo al 16.6% de los 17.000 migrantes prometidos a fechas de 2018. Es decir, España tenía pendiente de acoger a más del 80% de las personas prometidas. La última medida urgente liderada por la comisaria europea de materia migratoria, Ylva Johanson, es la reubicación de 1.600 niños y niñas migrantes que viven ya en las costas griegas. España no se encuentra en la lista de Estados Miembros que se ofrecieron a acoger, pero sí se están países como Portugal, acogiendo 500 menores, Alemania con 290 o Francia con 350. Sin embargo, Save The Children denuncia que estas promesas contrastan con duras políticas en las fronteras, el incremento de las detenciones y de barreras en la reunificación familiar.

Los chantajes y presiones de Turquía

Las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se reforzaron en marzo de 2016 con el acuerdo entre ambas partes. Los medios de comunicación reproducían los vídeos difundidos por el autoproclamado Estado Islámico (ISIS) y la sociedad temía nuevos ataques. Turquía, al hacer frontera con Siria, decidió acoger a los refugiados que huían de la guerra y hacer de primer filtro para Europa. A cambio, recibiría una financiación inicial de tres billones de euros, cantidad que se duplicó posteriormente. De los seis billones destinados a la gestión de refugiados en territorio turco, 685.000 niños y niñas refugiados tuvieron acceso a colegios, según publicaciones de la UE. Sin embargo, las críticas comenzaron pronto. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF eran algunas de las organizaciones que se alejaba de este acuerdo, valorándolo como contradictorio. La subdirectora de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) para Europa, Judith Sunderland, hablaba de “tirar por la borda los derechos humanos durante el proceso”.

Como valoración del acuerdo, a primeros de este año, la Comisión Europea publicaba que 2.735 personas irregulares habían sido devueltas de Grecia a Turquía, y que las llegadas habían caído un 94%, a pesar de que unas 300.000 personas habían alcanzado las costas griegas desde 2016. Esto significa que Grecia tiene más solicitantes de asilo per cápita que ningún otro Estado Miembro de la Unión Europea. Esta última cifra ha sido utilizada por organizaciones internacionales evidenciando el fracaso del acuerdo.

Save The Children constata en su último informe “Protección más allá del alcance”, que este acuerdo redujo significantemente el número de llegadas a Europa, pero implicó el incremento de personas y menores estancados en las islas griegas “en condiciones inhumanas”.

Meses atrás, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reabría las tensiones rompiendo este acuerdo de 2016. Turquía abrió las fronteras a las miles de personas que estaban en su país, y cruzaron a Grecia, donde actualmente hay unas 40.900 personas, de las cuales un 34% son niños. La semana pasada, el vicepresidente y comisario griego de la Unión Europea, Margaritis Schinas, enviaba un mensaje claro hacia Turquía: “Nadie puede chantajear o abusar de la Unión Europea con amenazas ni lágrimas”.

Las controversias con las concertinas entre España y Marruecos

España y Marruecos tienen muchas tensiones abiertas. Temas como el de los caladeros pesqueros, los recursos energéticos de las Islas Canarias, la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el Sáhara, el pasado conflicto en relación con la Isla del Perejil y el contrabando de drogas, ya que Marruecos es el primer país productor y exportador de hachís. De ahí que las relaciones estén en tensión y relajación continuamente. Los últimos gestos polémicos, el cierre de las fronteras de Farhana y Beni Enzar, punto caliente de entrada de menores y jóvenes a territorio europeo.

La última controversia nace este año con la decisión del gobierno de España de retirar la sirga tridimensional de la valla de Melilla, un entramado de 12.000 kilómetros de concertinas instaladas en 2006 como medida ante las entradas de extranjeros sucedidas durante el año anterior. En junio, el gobierno afirmaba que las concertinas estaban siendo reemplazadas por una corona metálica que “garantiza la seguridad de la frontera”, afirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta acción política fue la primera promesa de Grande-Marlaska al frente de Interior, tras las declaraciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Cecilia Malmström: “Voy a hablar con el ministro español para averiguar todos los detalles”, y averiguar así si las concertinas eran compatibles con la legislación comunitaria.

Mientras Ceuta y Melilla agilizaban estas obras, aumentando en un 30% ambas vallas, Marruecos iniciaba las suyas.

Han pasado cinco años desde la llamada a la acción provocada por la muerte de Alan Kurdi. La Unión Europea tomó medidas para estar a la altura, y desde el inicio del mandato la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, está trabajando en un nuevo Pacto de Asilo y Migración, una de sus principales responsabilidades. Este pacto se basa en el refuerzo de las fronteras externas, reformar el sistema de asilo, las reglas de devoluciones y retornos, y la integración real de rutas legales hacia la Unión Europea. “Necesitamos este pacto porque, primero de todo, los más vulnerables lo necesitan, y, en segundo lugar, porque nuestra economía y sociedad se benefician de la migración legal”, afirmaba la comisaria en la presentación conjunta con el Comité Económico y Social Europeo el pasado mes de agosto. Además, desde la pandemia, la palabra solidaridad está en la boca de todos los funcionarios de la Unión Europea.  Javier Moreno Sánchez, presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, relacionaba el aniversario de la muerte de Alan con este pacto, hablando del deber de “prever un mecanismo de solidaridad obligatorio entre los Estados miembros, una acción efectiva de búsqueda y rescate para los migrantes en el mar y una política de integración que mejore la contribución de los migrantes al desarrollo de nuestras sociedades”. Sin embargo, es importante que el futuro de la política migratoria comunitaria y española aprenda de las lecciones de estos últimos anos, y no se olvide de los miles de refugiados y migrantes que han desaparecido, ni de las muertes de Alan ni de Ahmet.

FUENTE: Sabela González / Atalayar / Edición: Kurdistán América Latina