Gobierno turco profundiza las intervenciones ilegales en municipios kurdos

El gobierno de Turquía profundizó su política de represión contra el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). En este caso, con el arresto de los co-alcaldes electos de ese partido en la ciudad de Sarıcan, en el distrito Karayazı de la provincia de Erzurum (este de Turquía).

Ambos funcionarios fueron detenidos esta mañana por las fuerzas de seguridad en sus propias viviendas. Además, fue arrestado el administrador local del HDP, Mehmet Sarı. En medio de las redadas, los soldados turcos también rodearon el edificio donde se ubica la municipalidad.

Por el momento, los co-alcaldes permanecen bajo custodia, y ahora se espera que el gobierno de Ankara designe a un fideicomisario (interventor) para que ocupe el cargo de manera ilegal.

En las elecciones de marzo de 2019, el HDP obtuvo el triunfo en 65 municipios del país, pero la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó intervenciones masivas contra esas administrando, expulsando a los co-alcaldes electos de más de 40 administraciones.

Ayer también se conoció que Sara Kaya, la ex co-alcaldesa del distrito de Nusayibin en Mardin elegida en los comicios de marzo de 2014, fue condena a 16 años de prisión.

Kaya fue arrestada durante un allanamiento de su casa en Nusaybin, el 13 de enero de 2017, acusada de “interrumpir la unidad e integridad del Estado”, y de “ser miembro de una organización ilegal”. Luego fue destituida de su cargo y el gobierno envió un interventor al municipio.

Mientras la política kurda permanecía en la cárcel desde hace más de tres años, el lunes se llevó a cabo la audiencia final en su juicio en el Cuarto Tribunal Penal de Mardin. Kaya asistió a la audiencia desde la Prisión Cerrada Tipo T de Tarsus, donde está recluida, a través de un sistema de videoconferencia.

La fiscalía solicitó la cadena perpetua para la ex co-alcaldesa, pero Kaya rechazó las acusaciones y sus abogados solicitaron su absolución. Al final, el tribunal dictaminó la falta de pruebas de la acusación de “perturbar la unidad y la integridad del Estado”, y sentenció a Kaya a 13 años y 6 meses por “pertenencia a una organización ilegal”, a 6 meses por “mala conducta en el cargo”, y a 2 años por “instigar el odio y la animosidad en el público”.

Las acusaciones contra Kaya son las que el Estado turco arguye como excusa para arrestar, detener y condenar a opositores políticos.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina