A pocas manzanas del agua, en el corazón de la ostentosa South Beach de Miami, hay una farmacia que no es como las demás. Los turistas que compran crema solar y sombreros de paja en el CVS de Washington Avenue están financiando a un cleptócrata de Oriente Medio.
El edificio de plexiglás que alberga la farmacia de aproximadamente 12.000 pies cuadrados vale 18,3 millones de dólares y, debido a las condiciones favorables de alquiler negociadas con CVS, debería generar importantes beneficios para su propietario. En 2019, basándose en los registros de propiedad de Miami, la prensa local acreditó a una empresa inmobiliaria con sede en Virginia, KLNB, con la compra del edificio. Pero la inclusión de la firma de Virginia en el registro de propiedades, fue una distracción. “KLNB no es el propietario de este inmueble y no tuvo ninguna participación en la transacción”, dijo un representante de la empresa.
La compra real fue realizada por una empresa fantasma anónima de Delaware. En los documentos de constitución de la sucursal de esta empresa de Delaware, en Florida, figura el nombre del verdadero propietario del edificio: Masrour Barzani, primer ministro del Kurdistán iraquí (Bashur, norte de Irak).
El Kurdistán, región semiindependiente del norte de Irak, es una monarquía hereditaria en todo, menos en el nombre, y ha estado dominada por la familia Barzani durante décadas. El primer ministro kurdo ha abusado de su poder para atacar, torturar y matar a sus críticos, incluyendo asesinatos de periodistas al estilo saudí. Mientras ocupaba el cargo de jefe de los servicios de inteligencia de la región, Barzani hizo torturar y matar a un estudiante universitario local, Zardasht Osman, por publicar un poema satírico sobre el ascenso social que supondría casarse con una de las hermanas del primer ministro.
El primer ministro kurdo no es un benévolo operador de farmacia. Pero debido al subestimado papel de Estados Unidos como facilitador del secreto empresarial, si no fuera por un error administrativo, los residentes de South Beach no tendrían ni idea del CVS de la Avenida Washington.
Nadie conoce el alcance de la riqueza ilícita que se oculta en Estados Unidos. Las leyes de secreto empresarial, mantenidas por estados como Delaware, lo mantienen así. Pero rastrear las inversiones de la familia Barzani, como esta farmacia de Miami, explica por qué Estados Unidos se ha convertido en un destino atractivo para el dinero sucio.
A través del petróleo y la corrupción, los Barzani, cuyos agentes no respondieron a las solicitudes de comentarios, han amasado enormes cantidades de riqueza. Por ejemplo, una inversión inmobiliaria en el Kurdistán, propiedad de una empresa secretamente relacionada con uno de los hermanos del primer ministro, ha sido valorada en 1.270 millones de dólares. Al igual que otros déspotas, los Barzani recurrieron a paraísos fiscales, el tipo de lugares expuestos por los Panamá Papers y los Pandora Papers, para ocultar su dinero.
Los paraísos secretos son jurisdicciones que no exigen la revelación pública de los nombres de los propietarios y accionistas de las empresas alojadas dentro de sus fronteras. Esto permite todo tipo de delitos financieros, desde la evasión de impuestos hasta el blanqueo de dinero y la facilitación de sobornos. Pero, a diferencia del rey de Jordania y del ex presidente de Argentina (Mauricio Macri), cuyas empresas secretas fueron descubiertas en anteriores filtraciones sobre paraísos fiscales, los activos y negocios de Barzani no fueron expuestos en los Panamá y Pandora Papers.
Sólo han sido descubiertos en una filtración importante, una base de datos de registros de propiedades de Dubai, obtenida por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una organización sin ánimo de lucro, que contiene detalles sobre los activos de los Barzani en el carísimo complejo Burj Khalifa y en una de las islas artificiales de la ciudad, Palm Jumeirah, junto con las conexiones de la familia con la realeza de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Y es que en lugar de las playas de las Islas Caimán, los Barzani optaron por un edificio de oficinas en Delaware, propiedad de la CT Corporation, una sucursal estadounidense de una empresa holandesa, Wolters Kluwer, especializada en la creación de empresas anónimas.
Aunque menos pintoresco, el régimen de secreto empresarial de Estados Unidos es prácticamente equivalente al que ofrece cualquier isla del Caribe. En muchos estados, en lugar de revelar la titularidad real, los individuos ricos pueden contratar a agentes y representantes para que pongan sus nombres y direcciones en la documentación de la empresa, o no están obligados a proporcionar información sobre la titularidad en absoluto. Una red de contables, bufetes de abogados y consultores, como Wolters Kluwer, creará y gestionará estas empresas secretas para cualquiera que pueda pagar.
Los Barzani tienen suficientes propiedades secretas, que también incluyen mansiones en California y Virginia, y ya han sido sorprendidos ocultando dinero en Estados Unidos cuatro veces. En conjunto, la familia ha pagado más de 75 millones de dólares sólo por estas cuatro propiedades. Estas inversiones representan probablemente sólo una pequeña fracción de la riqueza secreta de la familia en Estados Unidos. Ninguna de estas propiedades se descubrió a través de una filtración al estilo de los Panamá Papers. En cambio, las cuatro propiedades, que tenían propietarios apoderados y costosos bufetes de abogados para protegerlas, sólo fueron desenmascaradas porque sus agentes cometieron pequeños descuidos.
En el caso del CVS, fue un bufete de abogados con sede en Pensilvania, Cozen O’Connor, el que parece haber expuesto a su propio cliente secreto. Durante dos meses, a partir de diciembre de 2018, el bufete de abogados abrió tres empresas de Florida y una empresa de Delaware, todas ellas con el nombre de la dirección de la farmacia en la Avenida Washington. El papeleo de las empresas de Florida incluía el nombre y la firma del primer ministro kurdo, junto con el de otro de sus hermanos, Muksi Barzani.
Esos nombres no debían hacerse públicos y, poco después de la compra de la farmacia, el bufete de abogados los eliminó de las empresas. Los Barzani fueron sustituidos por uno de los propios abogados de Cozen O’Connor, Matthew Weinstein. No fue una solución perfecta, pero este triaje legal fue muy eficaz. No se encontrarán sus nombres en las bases de datos populares de investigación de empresas, y fue suficiente para engañar a los periodistas locales.
El acuerdo con CVS también pone de manifiesto hasta dónde llegan los abogados corporativos para defender a sus ricos clientes dictadores. Cuando se le pidió un comentario, Weinstein negó categóricamente que los Barzani fueran propietarios del edificio o que fueran clientes de Cozen O’Connor. En cambio, dijo que los documentos corporativos en poder del secretario de estado de Florida, eran incorrectos. (Más tarde, en respuesta a preguntas de seguimiento, Weinstein negó haber dicho nada de lo que había dicho anteriormente. “Si decide escribir un artículo sobre la familia Barzani, su caracterización de mi respuesta a usted debe ser ‘el Señor Weinstein no comentaría estos asuntos’”, escribió en un correo electrónico).
Sus declaraciones fueron de todo tipo, pero la afirmación principal de Weinstein, que los registros de la secretaria de Estado de Florida eran erróneos, es inverosímil. Los nombres del primer ministro kurdo y de sus familiares no aparecen al azar en los documentos de constitución de múltiples empresas de Florida sin ninguna razón. “El nombre es una pieza importante del registro corporativo”, dijo Robert Appleton, ex fiscal superior del Departamento de Justicia. Estos documentos fueron preparados por Cozen O’Connor y muchos fueron firmados por Weinstein personalmente. Presentar documentos falsificados al registro corporativo de Florida es un delito, pero eso es esencialmente lo que Weinstein afirmó que su bufete de abogados había hecho, en un último intento de ocultar la identidad de sus clientes.
Obviamente, los Barzani no toleran los errores, pero fue un error similar el que expuso su mansión de Virginia. Fue comprada en 2010 por una empresa anónima de Virginia, creada por un bufete de abogados local. Durante años, los observadores del Kurdistán habían especulado que la propiedad pertenecía a Masrour Barzani, pero las pruebas documentales no surgieron hasta que alguien permitió, accidentalmente, que el registro de la empresa de Virginia caducara. La documentación para su restablecimiento estaba firmada por el presidente del Grupo Ster, un conglomerado kurdo. Según los cables del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks, Ster Group es propiedad de miembros de la familia Barzani.
Los Barzani no sólo utilizan el secreto empresarial estadounidense para ocultar su dinero manchado de sangre. Lo aprovechan incluso para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Sus dos mansiones californianas estaban relacionadas con una conspiración para defraudar al Pentágono. Compradas en 2018 por empresas anónimas de Delaware y Virginia, a través de representantes de otro pequeño bufete de abogados de Virginia, estas mansiones fueron una de las mayores compras inmobiliarias de la historia de Beverly Hills. El esquema solo se descubrió cuando la vertical inmobiliaria de Variety descubrió el nombre de un empleado de la familia Barzani, Haval Dosky, en el papeleo asociado a las propiedades.
Dosky era un intermediario en una trama en la que las compras de combustible para abastecer a las bases estadounidenses en el Kurdistán se dirigían a los contratistas militares preferidos de los Barzani, que cobraban al Pentágono precios muy superiores a los del mercado. Es muy posible que los ingresos de esos tratos fueran los que financiaron estas mansiones.
Todo esto plantea la pregunta: ¿cuántas propiedades ocultas tienen los Barzani, y otros autócratas, dentro de Estados Unidos? Los abogados de las empresas cometen errores, pero no siempre, y probablemente ni siquiera a menudo.
La mayoría de las investigaciones periodísticas sobre empresas fantasmas anónimas y compras inmobiliarias secretas acaban en fracaso. Incluso en el proceso de elaboración de este artículo, no pude obtener los registros de propiedad para validar otra probable propiedad de Barzani en California. Los abogados que están detrás de esa empresa no cometieron ningún error y la mantuvieron totalmente anónima. Mientras estados como Delaware mantengan las leyes de secreto corporativo, las investigaciones periodísticas sobre la corrupción seguirán en un callejón sin salida.
Funcionarios de Delaware defendieron recientemente el statu quo ante la revista Prospect, y un ex juez dijo que “por algo se llaman los Panamá Pappers y no los de Delaware”. Pero la principal diferencia entre Panamá y Delaware es que no ha habido un denunciante de Delaware, todavía.
En enero, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa, que obliga a las empresas a presentar los nombres de sus verdaderos propietarios ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, con algunas excepciones importantes. Ya hay pruebas de que este enfoque no es suficiente.
Proporcionar a las fuerzas de seguridad acceso a los registros de propiedad es un paso en la dirección correcta, pero sigue siendo insuficiente. Esto vincula la capacidad de investigar eficazmente los delitos corporativos a las prioridades, los recursos y las desventajas legales del Departamento de Justicia. Los investigadores federales serán probablemente mucho más eficaces a la hora de atrapar a los financiadores del terrorismo y a los traficantes de drogas, pero cualquiera que no amenace la seguridad nacional, como los Barzani, que son estrechos aliados militares de Estados Unidos, será probablemente una prioridad mucho menor.
Otra importante filtración de archivos del FinCEN demostró que esa agencia hizo poco para detener los delitos financieros, a pesar de recibir pruebas de cientos de miles de transacciones sospechosas de los bancos. No hay pruebas de que las cosas vayan a ser diferentes en las investigaciones sobre transparencia empresarial.
Un registro público de beneficiarios reales es la única reforma adecuada, pero incluso ese enfoque tiene vulnerabilidades. Un servicio a menudo ilegal que prestan las empresas del sector del secreto es la titularidad nominal. Esto significa que la empresa proporciona un propietario falso, no sólo un abogado o agente, para firmar los documentos corporativos. El propietario real está protegido por documentos legales, como cartas de renuncia sin fecha firmadas por el propietario falso y un poder notarial que le permite dictar las decisiones corporativas, todo ello mientras permanece oculto al público y a las fuerzas del orden.
El secreto empresarial seguirá siendo un problema mientras personas como los Barzani tengan dinero que ocultar. La única solución real para ello, en Estados Unidos, es una filtración de los papeles de Delaware por parte de un denunciante. Los empleados de los bufetes de abogados, como Cozen O’Connor, y las empresas de servicios corporativos, como Wolters Kluwer, deberían tomar las bases de datos internas de sus clientes cleptócratas y los nombres de sus negocios secretos, y hacerlos públicos.
Las leyes de denuncia de las empresas son un mosaico imperfecto de protecciones, y cualquier denunciante lo suficientemente valiente como para exponer el régimen de secreto financiero criminal de Estados Unidos, se enfrentará a graves riesgos y posibles represalias por su acto de desobediencia civil. Pero necesitamos que esos empleados se levanten. Son los únicos que tienen el poder de derribar realmente este sistema.
*Actualización: el primer ministro kurdo, Masrour Barzani, ha negado las acusaciones de este artículo y ha acusado a la reportera de tener una aventura con una activista kurda. El reportero nunca ha conocido a esta activista, y los documentos a los que se hace referencia proceden de sitios web del gobierno de Florida.
FUENTE: Zack Kopplin / The American Prospect Magazine / Fecha de publicación original: 7 de diciembre de 2021 / Traducción: Rojava Azadi Madrid
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