Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Amed, Kurdistán del Norte (sudeste de Turquía), difundieron un comunicado en el que denunciaron el estado de emergencia que aplica el gobierno desde el intento de golpe de Estado de 2016.
Las ONG alertaron que las torturas aumentaron en las prisiones, que las cárceles han alcanzado su capacidad máxima y que los secuestros de personas continúan en todo el país.
La Asociación de Derechos Humanos (İnsan Hakları Derneği – İHD), la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (Türkiye İnsan Hakları Vakfı – TİHV), la Asociación Médica Diyarbakır, la Asociación de Iniciativa de Derechos y la Asociación de Abogados de Amed celebraron una conferencia de prensa en las oficinas de TİHV, en el centro de Yenişehir, el 26 de junio, cuando se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
El integrante de TİHV, Elif Turan, señaló que en los últimos años las prácticas de tortura han experimentado un severo aumento, no solo en los regímenes autoritarios y las dictaduras, sino también en las democracias desarrolladas.
Turan subrayó la importancia de la solidaridad con las víctimas de la tortura y declaró que con el estado de emergencia declarado el 20 de julio de 2016 en Turquía, comenzó un período en el que se ignoran los derechos y las libertades fundamentales.
El miembro de TIHV detalló que 616 personas apelaron a su organización TİHV en 2017 para denunciar torturas o malos tratos recibidos, y agregó que estos hechos han llegado a un nivel extremo.
Turan enfatizó que al menos 1.809.000 personas se vieron afectadas por las prácticas de “toque de queda” entre el 16 de agosto de 2015 y el 1 de junio de 2018.
También señaló que el IED constató que 5.268 personas (incluidos 133 niños) fueron sometidas a tortura en cárceles, bajo custodia, fuera de los centros de detención, en manifestaciones y por “guardias de aldea” y agentes de seguridad privados.
“Durante el estado de emergencia, estudiantes, periodistas y políticos fueron arrestados y las tasas de ocupación en las cárceles aumentaron. Según los propios datos del Ministerio de Justicia, el número de arrestados y condenados aumentó de 55.870 en 2005 a 232.179 en 2017. El hecho de que 467.673 personas están bajo libertad condicional a partir de abril de 2018 es otra señal del ambiente general en el país”, remarcó.
Turan indicó que en la actualidad hay 1.154 arrestados enfermos y que 401 de ellos están graves. Agregó que los problemas de los presos enfermos están a la espera de una solución.
De acuerdo con el IED, se han registrado 12 casos de secuestros y desapariciones forzadas en 2017 y 2018, la mayoría en Ankara, y que cuatro de estas personas han sido liberadas, pero el paradero de ocho de ellas aún son desconocidas.
Turan dijo que las prácticas apuntan a crear una sociedad de miedo: “Los decretos emitidos durante el estado de emergencia han restringido severamente los derechos y libertades individuales y el derecho a la defensa, sin tener en cuenta la vida. Durante este tiempo, se ha creado una atmósfera para violar la prohibición de la tortura y se ha alentado y protegido a los torturadores”.
Turan enfatizó que las ONG exigen el final inmediato del estado de emergencia, ya que consideran “el riesgo de qué tan duraderos y destructivos puedan ser los efectos de la tortura después del estado de emergencia. Una intensificación de los esfuerzos sociales para prevenir la tortura se vuelve imperativa”.
Por último, convocó a redoblar la solidaridad con las víctimas de la tortura y pidió a todas las personas que han sido sometidas a torturas o malos tratos que recurran a los organismos de derechos humanos para denunciar sus casos.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
