A principios de octubre, el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró que Turquía atacaría instalaciones de infraestructuras en Siria e Irak en represalia por el ataque del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Ankara el 1 de octubre, en el que, según informes, dos agentes de policía turcos resultaron heridos. Poco después, Turquía inició una campaña de ataques aéreos como represalia contra áreas gobernadas por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), matando a civiles y agravando la crisis económica y de abastecimiento de agua y combustible existentes justo cuando se acerca el invierno.
Turquía, con el segundo ejército más grande de la OTAN y una capacidad ilimitada para moverse por todo el espacio aéreo del norte y el este de Siria, tiene las manos casi libres para hacer lo que quiera en la región mientras la comunidad internacional permanezca pasiva.
Escalada de ataques aéreos contra infraestructuras civiles
Los aviones de combate y drones turcos atacaron implacablemente la infraestructura civil vital, incluidas plantas de energía, bombas de agua, refinerías de petróleo y la única planta embotelladora de gas para cocinar de la región, atacando más de 200 sitios. Se han bombardeado zonas residenciales e incluso un campamento de desplazados internos, lo que ha causado víctimas civiles.
El Centro de Información de Rojava (RIC, por sus siglas en inglés) continúa documentando el grave impacto económico de esta agresión. La AANES depende en gran medida de los ingresos del petróleo, y los ataques aéreos turcos tienen claramente como objetivo socavar la estabilidad económica en un momento en el que la economía siria en general se está deteriorando.
Estos ataques aéreos han anulado los recientes avances en la modernización de la infraestructura eléctrica, dejando sin electricidad a la región de Jazira, en el norte y el este de Siria. La destrucción de la economía local impide la recuperación de los estragos provocados por ISIS pero también profundiza una crisis humanitaria persistente.
El agua como arma de guerra
La utilización de los recursos hídricos como arma por parte de Turquía es una estrategia de larga data diseñada para atacar a los civiles en el norte y este de Siria y socavar el apoyo popular a la AANES. Atacar la infraestructura hídrica es una violación flagrante y particularmente grave del derecho internacional, pero no ha provocado apenas reacción de la comunidad internacional.
En Qamishlo, los hospitales y centros de atención sanitaria funcionan ahora bajo una presión extrema debido a un suministro poco fiable de agua y electricidad, lo que genera preocupación sobre posibles cierres, resultado directo de los ataques de Turquía a las instalaciones de agua que han provocado una grave escasez en toda la región.
Tanto por la reducción del caudal del río Éufrates como por el cierre repetido de la estación de agua de Alouk, la crisis del agua se ha vuelto particularmente aguda en la ciudad de Hesekê. Desde que tomó el control de Alouk durante su invasión en octubre de 2019, Turquía ha dejado repetidamente de bombear agua desde la estación a Hesekê durante meses y ha rechazado los esfuerzos de negociación de las Naciones Unidas para garantizar su funcionamiento continuo. Los repetidos cierres de Alouk han puesto en peligro el suministro de agua a más de un millón de habitantes y provocaron importantes riesgos para la salud durante el apogeo de la pandemia de la COVID-19.
La reducción ilegal del caudal del río Éufrates por parte de Turquía casi ha detenido por completo el embalse de la presa de Tishreen, con el riesgo de un cierre que sería catastrófico. Además de representar una violación de las convenciones internacionales básicas de derechos humanos, las acciones de Turquía también constituyen una violación del acuerdo de reparto de agua de 1987, poniendo en gran peligro el bienestar de una numerosa población civil.
El río Khabur, que atraviesa el corazón del valle del mismo nombre y que incluye un enclave cristiano siríaco-asirio autónomo, se ha visto especialmente afectado, lo que coloca a esta población vulnerable y cada vez menor en un riesgo aún mayor. Los residentes de Tel Tamr, la ciudad más grande del valle del río Khabur, dependen del río para el riego. Ahora, la construcción de represas río arriba por parte del Ejército Nacional Sirio (ENS), aliado de Turquía, está amenazando su sustento.
Incluso antes de la invasión de 2019, Turquía había cortado el flujo de agua del río, casi secándolo y transformando este antiguo río, cuna de la civilización, en un inusual caldo de cultivo para insectos portadores de enfermedades. La leishmaniasis se ha vuelto endémica y desde el verano se han notificado numerosos casos diariamente.
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, y cualquier acción adoptada por los Estados o sus fuerzas aliadas que comprometa este derecho debe ser condenada rápida y enérgicamente por la comunidad internacional.
Llamamientos a la intervención no escuchados e ignorados
Ciento diez organizaciones sirias que reflejan las diversas comunidades del norte y este de Siria emitieron una declaración conjunta pidiendo una intervención internacional urgente a medida que se profundiza la crisis del agua en su región. Aunque la situación ha atraído cierta atención internacional, sobre todo por parte de Human Rights Watch (HRW) y la presidenta de la Secretaría de Libertad Religiosa Internacional y ex presidenta de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), Nadine Maenza, la respuesta internacional a la crisis ha sido silenciada, con sólo unas pocas declaraciones de condena y ninguna acción.
“Al atacar infraestructura crítica en todo el noreste de Siria, incluidas las estaciones de energía y agua, Turquía ha incumplido su responsabilidad de garantizar que sus acciones militares no agraven la ya terrible crisis humanitaria de la región”, ha dicho Adam Coogle, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “La población de la ciudad de Hesekê y sus alrededores, que ya se viene enfrentando a una grave crisis de agua durante los últimos cuatro años, ahora también debe soportar la peor parte del aumento de los bombardeos y la destrucción, lo que exacerba su lucha por conseguir suministros esenciales de agua”.
En las últimas semanas, el ataque premeditado de Turquía a las infraestructuras civiles en Siria ha sido completamente eclipsado por la explosión del conflicto entre el gobierno israelí y Hamas en Gaza, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amonestando públicamente a Israel por cortar el agua y la electricidad en Gaza sin que lo tachen de hipócrita.
Turquía claramente está apuntando a civiles en el norte y este de Siria, pero aún no está claro si estas medidas pretenden ser sólo un medio de castigo colectivo (en sí mismo un crimen de guerra según las Convenciones de Ginebra) o como un preludio a otra invasión terrestre destinada a expandir la zona de ocupación de Turquía en Siria y el cambio demográfico de la región. Independientemente de las motivaciones o la estrategia final de Turquía, la campaña de ataques aéreos contra las infraestructuras civiles y la actual crisis del agua en el norte y este de Siria han sembrado las semillas de una catástrofe aún peor en el futuro cercano.
Es probable que los ataques continúen. Las recientes declaraciones de Hakan Fidan indican que Turquía aún no ha terminado de aterrorizar a la población del norte y este de Siria.
Es imperativo que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea (UE), adopten una postura para abordar esta crisis, garantizar el acceso al agua, salvaguardar el bienestar de la población y el entorno ecológico del norte y este de Siria, y presionar a Turquía para que respete los diversos acuerdos y convenios internacionales de los que es parte. Sin una acción rápida y decisiva, la población civil de la región sufrirá enormemente en las próximas semanas y meses, y Turquía se envalentonará para seguir cometiendo crímenes de guerra en Siria y más allá.
Es responsabilidad colectiva de la comunidad internacional, y en particular de aquellos países y organizaciones con especial fuerza e influencia sobre las partes hostiles, proteger los derechos y el bienestar de los civiles, defender el derecho internacional y trabajar por una resolución pacífica de los conflictos. La crisis actual exige un esfuerzo concertado para abordar tanto las necesidades humanitarias inmediatas como las causas subyacentes del conflicto, garantizando un futuro sostenible y justo para la población del norte y este de Siria. Si la situación actual persiste, las consecuencias se dejarán sentir más allá de la región e incluirán el desplazamiento masivo de cientos de miles de civiles y el resurgimiento de ISIS y otros grupos similares que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional mundial.
FUENTE: Kevin T. Mason / Washington Kurdish Institute / Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
Be the first to comment