Turquía-Unión Europea: crónica de un pacto polémico

El acuerdo migratorio firmado entre la Unión Europea (UE) y Turquía en 2016 cumplió, el pasado 20 de marzo, cinco años. El documento, que suponía que Ankara controlaría los flujos humanos en la ruta del Mediterráneo y el Egeo, una de las más transitadas y complejas, ha estado rodeado de polémica desde su adopción, y trajo resultados inmediatos, aunque no duraderos. Actualmente, el pacto se encuentra paralizado y con un futuro incierto, pero desde el inicio de este año 2021, ambas partes han mostrado su voluntad de reactivarlo, y se han multiplicado los contactos, infructuosos hasta el momento.

Desde el inicio de la crisis europea de 2015 y 2016, Turquía, que desde siempre había sido un país de origen, tránsito y destino de demandantes de protección internacional, se convirtió en uno de los lugares a los que llegaban más migrantes, debido en gran parte a su cercanía geográfica con Siria, el Estado del que procedía un importante número de los demandantes de asilo. Por ello, la Comisión Europea, entonces presidida por Jean-Claude Juncker, decidió iniciar las negociaciones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para buscar una fórmula legal que facilitase la gestión de los flujos. El resultado fue un acuerdo de externalización con beneficios para ambas partes.

Según dicho acuerdo, el gobierno de Ankara se comprometía a hacerse cargo de las personas que entrasen a Europa por Grecia y a organizar su reubicación en un Estado miembro de la UE. A cambio, Turquía se beneficiaría de una serie de medidas, como la donación de 6.000 millones de euros para la revisión y reforma del sistema migratorio, la liberalización de los visados para los ciudadanos del país, y, especialmente, la reanudación de las negociaciones para la adhesión turca a la UE. Los primeros resultados del pacto fueron impresionantes: en una semana, las llegadas irregulares a Grecia cayeron de 1.470 a 47.

Sin embargo, estos efectos duraron poco, sobre todo a partir del 15 de julio de 2016, cuando un sector del Ejército se levantó en armas contra Erdogan y su gobierno. Tras unas horas de incertidumbre, el intento de golpe de Estado fue sofocado, pero produjo un recrudecimiento de la política del presidente, que se alejó de la órbita europea y empezó a descuidar los compromisos firmados unos meses antes. En los años siguientes, Turquía amenazó en repetidas ocasiones con romper el pacto, acusando a la Unión Europea, que observaba con preocupación esta evolución, de no cumplir con lo acordado.

Pasos mutuos hacia una nueva etapa

En febrero de 2020, el pacto pasó por la que fue quizá su mayor crisis, cuando las autoridades turcas abrieron las fronteras durante varios días y permitieron que miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Afganistán, Pakistán e Irak, entrasen en Europa. Sin embargo, en 2021 empezaron a verse signos de deshielo en las relaciones bilaterales. El primer gesto vino de parte de la Comisión, quien, en febrero de este año, decidió no incluir a Turquía en la lista europea de paraísos fiscales y le concedió una prórroga de seis meses que vence en el próximo agosto para regularizar su situación tributaria.

Esa decisión ha venido acompañada de otras. La más importante se produjo el pasado 23 de junio, cuando la Comisión Europea anunció un proyecto para destinar 5.000 millones de euros a los tres países que más ciudadanos sirios reciben: Jordania, Líbano y Turquía. Este último país, al ser el que más migrantes ha acogido, es el más beneficiado por la decisión, ya que recibirá 3.000 millones. La medida fue el resultado de una polémica cumbre celebrada en abril de 2021 entre Erdogan, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel, y servirá para financiar el control en la frontera este de Turquía.

Asimismo, durante los últimos meses se han escuchado varias declaraciones de dirigentes europeos y nacionales para volver a sentarse en la mesa de negociación con Turquía, que parece estar demostrando un cambio de rumbo. “Pese a todas las dificultades que tenemos con el gobierno turco, tenemos que reconocer que se han responsabilizado de una importante carga migratoria en los últimos años”, declaró el pasado 21 de junio el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas. Europa tiene, pues, una buena disposición, pero siguen existiendo algunas suspicacias ante la actitud de las instituciones turcas.

Desde Ankara, Erdogan ha criticado el acuerdo, prácticamente desde que se firmó. El presidente ha acusado en repetidas ocasiones a las instituciones europeas de no llevar a cabo las medidas pactadas, algo que Bruselas justifica por algunas decisiones del Ejecutivo turco, como la reinstauración de la pena de muerte (1) tras el golpe de Estado de 2016. En el último lustro, el jefe de Estado de Turquía ha cambiado su postura respecto de las instituciones comunitarias, girando hacia una gran desconfianza y paralizando las negociaciones para el ingreso turco en la Unión Europea, que ha perdido interés político para él.

Pese a todo esto, el presidente turco también ha dado pasos este año. En marzo, anunció que había solicitado a la canciller alemana, Angela Merkel, que desbloquease la aplicación del pacto, aunque en las mismas declaraciones dio a entender que si Europa no cumplía con su parte, podría relajar el control fronterizo, algo que supondría un súbito aumento de los flujos migratorios a nivel continental. Pocos días después, Erdogan anunció un nuevo plan de derechos humanos para el país, con una mayor libertad de expresión e información y la liberalización de los documentos de viaje para ciudadanos con destino a Schengen.

Grecia cambia de postura

Uno de los puntos más polémicos del pacto es la consideración de Turquía como tercer país seguro para la recepción de migrantes. Esta condición garantiza que un demandante de asilo puede ser trasladado a un Estado sin que exista ningún peligro para su integridad física. Sin embargo, varias ONG cuestionaron que se pudiese aplicar esta consideración al caso de Turquía, dadas las numerosas vulneraciones de derechos humanos registradas allí, y Grecia también lo hizo. De hecho, sus tribunales solo han permitido hasta el momento 2.000 devoluciones de demandantes de asilo hacia el país vecino, al juzgar que existen riesgos graves para ello.

Sin embargo, esto cambió inesperadamente el pasado 8 de junio, cuando el gobierno heleno aprobó una medida que consideraba a Turquía como un Estado seguro para recibir migrantes originarios de Somalia, Pakistán, Afganistán, Siria y Bangladesh. Atenas, por tanto, no considera ya que estas personas estén en peligro y necesiten protección en Europa. El ministro de Migraciones griego, Notis Mitarakis, anunció la decisión, afirmando: “Es un gran paso para la lucha contra la migración ilegal y las actividades criminales por parte de los traficantes”.

Al día siguiente, 38 organizaciones humanitarias, entre las que se encuentran Médicos del Mundo o el Consejo Griego para los Refugiados, escribieron una carta al gobierno griego y a la Unión Europea en la que afirmaban que considerar a Turquía como tercer país seguro ponía en peligro a los migrante y a los refugiados, detallando las vulneraciones de derechos humanos registradas en este lustro y pidiendo a Atenas que reconsiderase su nueva posición. Las organizaciones no gubernamentales han sido las principales críticas del acuerdo desde 2016. El 16 de marzo, coincidiendo con el quinto aniversario de la firma, el colectivo Intersos publicaba un informe en el que mostraba su frontal oposición al documento y su desarrollo. “El pacto entre la Unión Europea y Turquía es un acuerdo inhumano que ha traído dolor, muerte y sufrimiento a los cientos de personas afectadas por él”, declaró Apostolos Veizis, director ejecutivo de esta entidad en Grecia.

Cuando se presentó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, sus promotores aseguraron que tendría un éxito contundente; cinco años después, sin embargo, varias voces coinciden en señalar que el pacto no ha cumplido sus objetivos. La situación migratoria en el Mediterráneo y el Egeo ha empeorado, solamente 25.000 solicitantes de protección internacional de un total de 72.000 han sido reubicados en un Estado miembro, y Turquía no ha realizado la mayoría de las reformas prometidas. Los expertos reconocen la importancia de la voluntad mostrada por ambas partes de negociar el acuerdo, pero no son optimistas, ya que sigue habiendo importantes puntos de desacuerdo sobre el papel jugado por cada uno. Los próximos meses serán por tanto fundamentales para el futuro del pacto.

(1) Nota del editor: la pena de muerte en Turquía fue prohibida por Constitución en 2004. El autor se debe referir a las expresiones de Erdogan, en varias ocasiones, de que la abolición de la medida punitiva fue un error.

FUENTE: Felipe Manchón Campillo / El País

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