Con total nocturnidad, en un decreto aprobado durante la pasada madrugada (19 de marzo), el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, retiró a su país del Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, más conocido como la Convención de Estambul, pues se firmó en la ciudad turca en 2011. Fue el primer documento internacional vinculante de este tipo que creó un marco legal común para prevenir y luchar contra este tipo de violencia. Erdogan era entonces primer ministro y fue anfitrión de aquella reunión y, de hecho, Turquía fue el primer país en firmarlo. Con este giro, acaba de convertirse en el primer país en abandonarlo, aunque otros como Hungría o Polonia lo han intentado también.
“La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica representan en Europa una de las violaciones más graves de los derechos de la persona fundamentado en el género, y permanece enterrado en un manto de silencio”, recoge el convenio. El objetivo del acuerdo, que se negoció durante más de año y medio, y al que los países se van adaptando a cuentagotas y con altibajos, es acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres, desde las agresiones en pareja, las mutilaciones genitales, los matrimonios forzosos, los crímenes de honor a la violencia sexual. Todos los firmantes se comprometían a adaptar sus reglamentos y leyes para incorporar las medidas de prevención y educación, y también a ofrecer ayuda económica a las organizaciones que combaten la violencia machista.
La retirada de Turquía “supone una noticia muy triste”, ha dicho la secretaria general del Consejo de Europa (CE), Marija Pejčinović Burić. El convenio abarca 34 países europeos y está considerado “el patrón oro en los esfuerzos internacionales para proteger a mujeres y niñas de la violencia que sufren a diario en nuestras sociedades”. La retirada, según la secretaria general, “es un gran revés para esta lucha y es aún más condenable porque amenaza la protección de las mujeres en Turquía, en toda Europa y más allá”.
El año pasado, sectores ultraconservadores turcos comenzaron a proponer salirse de este tratado argumentando que su objetivo final es “acabar con la familia” tradicional, puesto que, en algunos de sus artículos, habla de “personas convivientes” y de “orientación sexual” en lugar de matrimonio y relaciones entre hombres y mujeres. Erdogan dijo que lo haría si la población así lo reclamaba, aunque las encuestas muestran que la mayoría de los turcos o bien se oponen a romper con el convenio o bien desconocen de qué se trata. Los debates sobre la salida fueron aparcados después de que la esposa del presidente, Emine Erdogan, y su hija, Sümeyye Erdogan Bayraktar -vicepresidenta de una asociación de mujeres conservadoras-, lo defendiesen. Varias diputadas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que preside Erdogan, también se mostraron en contra de abandonar el tratado.
Los movimientos feministas y de mujeres organizaron numerosas manifestaciones exigiendo no solo que no se rompa el convenio, sino que se aplique realmente ya que achacan el creciente número de mujeres asesinadas en Turquía (más de 400 al año desde 2018, según los datos recopilados por la plataforma Paremos los Asesinatos de Mujeres) a la falta de medidas y a las políticas y declaraciones del gobierno. El presidente turco, de hecho, ha dicho en varias ocasiones que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres.
Finalmente, Erdogan ha llevado a cabo lo prometido en lo que parece una medida destinada a contentar a las congregaciones religiosas y las facciones más islamistas de su partido. La ministra de Familia, Trabajo y Asuntos Sociales, Zehra Zümrüt Selçuk, ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que los derechos de las mujeres siguen protegidos por el ordenamiento interno: “Continuaremos nuestra política de ‘cero tolerancia’ hacia la violencia”. Por su parte, KADEM, la asociación de mujeres que lidera Sümeyye Erdogan, subrayó que la convención es “una importante iniciativa para combatir la violencia contra las mujeres”, pero que también ha despertado “tensiones” en la sociedad y por ello se ha retirado Turquía.
El convenio contempla la actuación de un grupo de expertos independiente, el Grevio, encargado de examinar si los países que han ratificado el documento cumplen sus compromisos. En su informe sobre Turquía, de 2018, criticó que distintas medidas de su gobierno, desde los planes antiterroristas al despido masivo de funcionarios públicos tras el golpe de Estado fallido, “no facilitan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”. Los especialistas ahondaron en la falta de datos judiciales de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los agresores, un “grave obstáculo” para controlar y supervisar la aplicación de las leyes.
La salida del acuerdo contra la violencia machista ha puesto en pie de guerra a las organizaciones feministas, que han convocado manifestaciones en varias ciudades del país. “Las mujeres quieren vivir, y quieren vivir libres e iguales (…). Tienen tanto miedo a las mujeres que han tenido que aprobar una decisión en mitad de la noche”, denunció Fidan Ataselim, portavoz de las Asambleas de Mujeres: “No van a poder parar a millones de mujeres. No van a aplastar nuestras demandas de libertad. No nos vamos a ir ningún sitio. Esa decisión será retirada y se aplicará la convención”.
En la manifestación de Estambul se reunieron unas 10.000 personas que corearon gritos como “¡Todo asesinato de mujeres es un asesinato político!” y, tras la alocución de varias representantes, trataron de marchar por las calles del distrito de Kadiköy hasta que lo impidió la policía. En Ankara, la policía no dio permiso a un grupo de 50 activistas para manifestarse en una de las plazas más céntricas de la capital y se llevó a varias detenidas, según informó el diario Cumhuriyet.
“No hay día que pase sin que mujeres sean asesinadas o sujetas a la violencia, y mientras esperamos que el Estado tome medidas para prevenir estos asesinatos y esta violencia (…) lo que hace es alentar a los asesinos de mujeres, a los abusadores y a los violadores”, denunció la Coalición de Mujeres de Turquía en un comunicado. La decisión de Erdogan “viola la Constitución y las leyes internacionales de derechos humanos” y es “un claro abuso de poder”, añade esta alianza de asociaciones.
El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, reunió a su comité central de urgencia para evaluar la decisión, tras lo cual anunció que presentará un requerimiento ante el Consejo de Estado para que anule la decisión de Erdogan, e invitó a las organizaciones de mujeres y a “las 42 millones de turcas” a que se presenten en el juicio como parte denunciante. “Veréis que conquistaremos de nuevo nuestros derechos que nos han sido usurpados con una operación de medianoche”, criticó la líder provincial del CHP en Estambul, Canan Kaftancioglu, una activa defensora de los derechos de las mujeres y dirigente política en ascenso que se enfrenta a varios años de cárcel por sus tuits.
Tanto el CHP como la Unión de Colegios de Abogados han dicho que la decisión de Erdogan es ilegal y contraria a la Constitución. Con todo, varios analistas han llamado la atención de que, mediante otro decreto ley de 2018, el presidente se otorgó a sí mismo la potestad de retirar al país de tratados internacionales.
Sergei Lagodinsky, eurodiputado verde e implicado en las negociaciones con Ankara, denunció que en las últimas 24 horas “Turquía ha corrido a alejarse de las posiciones comunes con la UE”, en referencia a la retirada de la Convención de Estambul y el inicio del proceso de ilegalización del principal partido kurdo del país. Además, lo tachó de “provocación” antes del Consejo Europeo en el que se debía debatir si se imponen sanciones a Turquía o se inicia un proceso de normalización.
FUENTE: Andrés Mourenza y Pilar Álvarez / El País
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