El Estado turco está ejerciendo una presión sistemática para reclutar a kurdos políticamente activos como informantes, declaró en Amed el presidente de la IHD, Ercan Yılmaz.
El Estado turco utiliza la presión sistemática para reclutar a personas políticamente activas como informadores, y los kurdos y las kurdas se ven especialmente afectados. En Amed (Diyarbakir) se han conocido nuevos intentos de reclutamiento en los últimos meses.
Meliha Cömert, dirigente de distrito del Partido del Pueblo, la Igualdad y la Democracia (Partido DEM) en Sur, fue acosada por agentes de la policía turca en octubre y presionada para convertirse en informante. En noviembre, estudiantes de la Universidad de Dicle hicieron públicos los brutales métodos utilizados por la policía turca para reclutar informantes. Los estudiantes de la Universidad Munzur en Dersim también denunciaron tales intentos en diciembre.
Recientemente, se ha conocido en Amed el caso del sindicalista Erhan Gümüş. El secretario del Sindicato de Trabajadores Públicos de Energía, Industria y Minería (ESM) ha sido acosado sistemáticamente desde agosto de 2023. El 18 de diciembre fue interceptado en la calle por personas que decían ser agentes de los servicios secretos (MIT) y que lo amenazaron por negarse a ser reclutado como informante.
El presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) en Amed, Ercan Yılmaz, declaró a ANF que la presión de las autoridades y los intentos de reclutar informantes han aumentado desde que el Estado turco rompió unilateralmente las negociaciones sobre una solución pacífica a la cuestión kurda con Abdullah Öcalan en 2015. Yılmaz dijo: “Después de 2015, cuando el proceso de conflicto comenzó de nuevo y la presión sobre la sociedad aumentó, Turquía recurrió a prácticas antidemocráticas cada vez con más frecuencia. Buscamos en nuestros archivos desde 2018 hasta la actualidad y nos encontramos con perfiles muy diferentes. Hay trabajadores públicos, familiares de presos, sindicalistas y estudiantes que se enfrentan a estas presiones. Creemos que las fuerzas del orden utilizan este método para disuadir a las personas que luchan por sus derechos, así como a los sindicatos. Según nuestros archivos, recibimos la primera solicitud de apoyo sobre este tema en 2006”.
Después de eso, la contratación de agentes aumentó sistemáticamente. Yılmaz añadió: “En algunos periodos, no recibimos ninguna solicitud, especialmente durante el periodo del proceso de negociación y resolución entre 2013 y 2015. Somos de la opinión de que la situación actual en Turquía es un ejemplo del trabajo que se realiza para resolver la cuestión kurda como parte de la supuesta lucha antiterrorista. Cuando los agentes de policía, los miembros de las fuerzas de seguridad y las personas que se hacen pasar por agentes de los servicios secretos abordan a los ciudadanos y las ciudadanas de esta manera y les hacen sugerencias o amenazas, se trata, como mínimo, de una ofensa que constituye abuso de autoridad. Al mismo tiempo, se dan casos de tortura psicológica en las solicitudes. El acecho constante, el acoso telefónico, las visitas al lugar de trabajo y las amenazas son parte de esta tortura psicológica. Muchas solicitudes contienen información sobre amenazas graves e insultos. Algunos de los afectados no quieren hacerlo público. Estamos obligados a atender las demandas de los solicitantes. La mayoría exige nuestro apoyo en este asunto. Nos piden que tomemos iniciativas para poner fin a las amenazas y presiones que sufren. Basándonos en estas peticiones, hacemos averiguaciones ante el Ministerio del Interior, la Dirección de Seguridad de Diyarbakır y la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y exigimos que se investiguen los incidentes. Muchas solicitudes contienen información muy detallada; números de teléfono móvil, matrículas y descripciones personales.”
Yılmaz señaló que recientemente se han recibido casos muy graves de reclutamiento forzoso de agentes, y continuó: “Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta del Ministerio del Interior a las solicitudes presentadas hasta ahora. Esto refuerza nuestra creencia de que estas personas son en realidad funcionarios. De lo contrario, el Estado abordaría esta cuestión y haría algo al respecto. La falta de cualquier explicación, de cualquier trabajo sobre este asunto y el silencio al respecto refuerza nuestra sospecha de que las acusaciones son ciertas y de que estas personas cometieron estos delitos aprovechándose de su cargo público. Queremos que los ciudadanos y las ciudadanas se pongan en contacto con la IHD sobre cualquier violación de derechos que hayan sufrido. La IHD tiene casi 40 años de experiencia. Estas violaciones sólo pueden detenerse denunciando a quienes las causan. Pedimos a nuestros ciudadanos y ciudadanas que se pongan en contacto con organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y fiscalías en relación con este asunto y con cualquier otra violación de derechos que experimenten. Estos procedimientos privan a las personas de su libertad. Consideramos que las denuncias de los ciudadanos y las ciudadanas son un paso importante para que este régimen rinda cuentas.”
Fuente: ANF
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