El Gobierno sueco celebró como una gran victoria el acuerdo con Turquía en la cumbre de Madrid que permitió levantar el veto a la entrada en la OTAN de este país nórdico y de Finlandia. Sin embargo, el pacto ha suscitado fuertes críticas en la prensa sueca, así como entre los partidos de izquierda y en el seno de la numerosa comunidad kurda, pues existe el temor de que lleve a la extradición de decenas de opositores al presidente turco, Recep Tayip Erdogan, bajo una falsa acusación de “terrorismo”.
“Mucha gente nos llama preocupada. Me preguntan: ¿Me pueden deportar ahora? ¿Cómo afecta a mi situación este acuerdo?”, comenta Vefa Bedlisi, responsable del Centro Cultural Kurdo en Estocolmo. Y es que, entre los puntos del controvertido pacto, figura una gestión “ágil y completa” de las peticiones de extradición de las autoridades turcas de personas residentes en Suecia que ellas consideran “terroristas”.
Los miedos se han exacerbado después de que la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, no haya desmentido las afirmaciones del Gobierno turco respecto a su presunto compromiso de llevar a cabo todas las solicitudes de extradición que le hagan llegar. “He sido ministra durante ocho años y nunca he hablado sobre lo que se dice en las negociaciones”, se ha limitado a comentar Andersson en su primera rueda de prensa desde la firma del acuerdo en la cumbre de la OTAN en Madrid. Hasta que el Parlamento turco no haya ratificado el protocolo de adhesión de los dos países nórdicos, Erdogan podrá chantajear a sus Gobiernos.
“Estoy muy triste. Yo había elegido venir a Suecia porque creía que era el país más democrático del mundo y que las leyes estaban por encima de la política”, explica Rukken Yetikaim, demandante de asilo que llegó a Suecia hace cuatro años. Antes, ella era alcaldesa de Yuksekova, una ciudad de cerca de 70.000 habitantes ubicada en la región de mayoría kurda en el sudeste de Turquía. Condenada a 19 y 36 años de cárcel, en dos juicios distintos, por su militancia política en el partido pro-kurdo HDP, se enfrenta a una posible petición de regreso a Turquía.
En los últimos años, Ankara había pedido la extradición de 33 personas residentes en Suecia y Finlandia, pero ahora está preparando una nueva lista con 73 nombres. “Rukken no está en la primera lista, ya que su composición es conocida. Pero nada sabemos de la segunda”, comenta preocupado Bedlisi. Andersson ha dicho que no se deportará a ningún ciudadano sueco, marcando una diferencia con los migrantes y demandantes de asilo.
Además de militantes kurdos, también se encuentran en el punto de mira de Erdogan otros refugiados turcos, como el periodista Levent Kenez, el defensor de derechos humanos Ragip Zarokolu, o los miembros del movimiento religioso liderado por el clérigo Fetullah Güllen, a quien el presidente culpa del golpe de Estado frustrado que sufrió en el 2016. “Erdogan describe a toda la oposición como terroristas. Yo soy un periodista, y eso no es un crimen”, remacha Kenez, cuya extradición fue bloqueada el año pasado por la Corte Suprema.
Incluso los kurdos originarios de otros países se verán afectados por el acuerdo. Erdogan sostiene que el PYD, el partido que gestiona la entidad autónoma de mayoría kurda en el norte de Siria, forma parte del entramado del PKK. De hecho, uno de los puntos del acuerdo entre Ankara, Estocolmo y Helsinki es el fin de su apoyo a este gobierno autónomo conocido como Rojava. “Es una situación muy injusta porque nadie ha derramado tanta sangre como nosotros en la lucha contra el Estado Islámico. Nosotros hemos hecho el mundo más seguro”, se queja Xiar Ali, representante del Ejecutivo de Rojava en Suecia. Según este delegado, hasta ahora ambos países nórdicos han dado apoyo humanitario, político y moral en la región kurda de Siria.
“El pacto también repercutirá en una mayor cooperación entre los servicios secretos de Suecia y Turquía, lo que puede traducirse en el rechazo de muchas peticiones de asilo por el mero hecho de que alguien haya participado en una manifestación contra el régimen islamista turco”, advierte Amineh Kakabaveh, una diputada independiente de origen kurdo-iraní. Pese a no haber vivido nunca en Turquía, Ankara también ha pedido su extradición. “Erdogan quiere destruir todo el pueblo kurdo, no sólo la zona turca”, espeta Kakavabeh.
Se calcula que la cifra de kurdos residentes en Suecia supera con creces los 100.000, y por tanto, representan más del 1% de la población del país nórdico. Además de Kakavabeh, hay otros cuatro diputados de origen kurdo en el Parlamento.
El analista Gunnilla Herolf, del Instituto Sueco de Asuntos Exteriores, considera que los miedos que suscita el acuerdo son exagerados. “El Gobierno ha dicho que no cambiará las leyes suecas, ni la definición de ‘terrorismo’. Además, la cuestión de las deportaciones no depende del gobierno, sino de los tribunales, y seguro que las bloquearán”, sostiene Herolf.
Sin embargo, los líderes kurdos señalan que ya existe un precedente: la expulsión hace poco más de un año de Resul Ozdemir, un joven demandante de asilo que Turquía acusó de ser miembro del PKK, el movimiento que lleva décadas luchando contra el Estado turco para lograr la soberanía de la región de mayoría kurda. Actualmente, Ozdemir, que todavía era menor de edad a su salida de Turquía, se encuentra encarcelado y no puede ni tan siquiera recibir la visita de su familia, que reside en Suecia.
El acuerdo con Erdogan también ha indignado a los partidos e intelectuales de izquierda, que ya se habían opuesto a la integración de la OTAN por cuestiones de fondo y forma. “No sé si ahora Suecia estará más segura, pero estoy en contra de la OTAN por una cuestión moral. Está liderada por uno de los países más imperialistas del mundo”, razona John Lapidus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Goteborg.
“Pero es que la forma ha sido el mayor escándalo desde el punto de vista democrático de mi vida. No ha habido un verdadero debate. En los medios, había un solo punto de vista. Se debería haber hecho un referéndum, pero si no, al menos, haber dado el paso tras las elecciones de septiembre, con la aprobación de los electores”, remacha Lapidus. Y es que en cuestión de semanas, el Gobierno socialdemócrata puso fin a 200 años de política exterior basada en la neutralidad.
FUENTE: Ricard González / El Salto Diario
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