El gobierno turco no había tomado ninguna precaución contra los terremotos, y cuando ocurrió, el 6 de febrero de 2023, no intervino rápida, eficaz y adecuadamente, añadiendo muerte y desastre al devastador seísmo.
Ha pasado un año y el Ejecutivo sigue sin tomar las medidas necesarias; es más, ha convertido la reconstrucción posterior al terremoto en un beneficio económico y político, y está chantajeando a la población utilizando las próximas elecciones locales en marzo, como hizo antes, con los comicios generales.
Ya pasaron 12 meses desde los terremotos de magnitud 7,8 en el distrito de Bazarcix (Pazarcık), de Maraş, y de magnitud 7,6 en el distrito de Elbistan. Según cifras oficiales, más de cincuenta mil personas perdieron la vida en las ciudades afectadas de Hatay, Maraş, Adiyaman (Semsûr), Malatya, Kilis, Osmaniye, Adana, Antep (Dîlok), Amed y Urfa (Riha). Sin embargo, se sabe que las pérdidas reales son mucho mayores. Millones de personas tuvieron que emigrar de las ciudades en las que vivían. Los ciudadanos que quedaron atrás luego del terremoto luchan por sobrevivir.
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, un total de 36.932 edificios quedaron completamente destruidos: 23.883 en Hatay, 7.295 en Maraş, 5.826 en Adiyaman, 4.019 en Malatya, 3.805 en Antep. Un total de 311.000 edificios quedaron inutilizables.
Promesas incumplidas
El gobierno hizo muchas promesas a los damnificados, pero ninguna se cumplió. Prometió que se construirían 319.000 viviendas en el plazo de un año. Sólo en Hatay, al cumplirse el primer año del terremoto, 200.000 personas seguían alojadas en casas prefabricada y 5.000 en tiendas de campaña. El número de casas prometidas que se entregaron no superó las 20.000.
Una de las promesas hechas fue que se restablecería la vida y se proporcionaría cierta cantidad de ayuda a comerciantes y ciudadanos. Más tarde, las promesas que se anunciaron como ayudas se convirtieron en préstamos sin intereses y de pago tardío. En la ayuda que se anunció que se daría como subvención y como préstamo, el Estado impuso condiciones a quienes no pudieran pagar las deudas de sus préstamos para, de esa forma, embargarles sus casas y puestos de trabajo.
En cuanto a la sanidad, que fue el tema que más atención atrajo tras el terremoto, el Estado no cumplió casi ninguna de sus promesas. La falta de baños en los asentamientos de casas prefabricadas distribuidos en muchas regiones y la ausencia de obras para llevar agua potable han provocado un aumento de las enfermedades infecciosas, sobre todo de la sarna, e incluso las más comunes tienen consecuencias mortales.
Personas y niños desaparecidos
Según las cifras facilitadas por la Asociación de Solidaridad con las Víctimas del Terremoto y los Familiares de Desaparecidos (ASVTFD), 147 personas, entre ellas 36 niños, siguen desaparecidas en 11 provincias afectadas por el terremoto. Esta cifra es la de los niños que ASVTFD ha detallado, pero se afirma que el número real es mayor. Hasta la fecha, el Ministerio de Familia y Servicios Sociales no ha dado una cifra exacta. Ha trascendido que algunos niños fueron secuestrados y vendidos, mientras que otros fueron “confiados” a sectas religiosas.
La experta en derechos de la infancia Hatice Kapusuz declaró que, según los datos que mantiene la Coordinación Civil de la Infancia en Catástrofes desde los primeros días, 670 niños fueron declarados desaparecidos o registrados como no acompañados.
Hatice Kapusuz dijo: “Tras las elecciones, el ministerio dejó de divulgar datos periódicos. No hay datos fiables sobre la situación actual. El número de víctimas depende de la magnitud del terremoto, pero también es el resultado de la falta de coordinación interministerial, de no tener en cuenta la seguridad infantil en los planes de acción de emergencia y de no intervenir con rapidez. No situar la seguridad infantil en el centro ha tenido consecuencias vitales. La administración pública no ha proporcionado información transparente y adecuada durante mucho tiempo”.
Tras la primera semana del terremoto, aparecieron en los periódicos fotografías y vídeos que mostraban que algunas de las víctimas del seísmo, sobre todo niños, acudían al pueblo de Menzil, en Antep, donde se organizó la secta Menzil.
El hecho de que todavía haya zonas en las que no se han retirado los escombros y que las imágenes de partes humanas encontradas durante la retirada de escombros se tiraron junto con los escombros, quedó demostrado por los vídeos en las redes sociales, reforzando las afirmaciones de que ni siquiera se registró la muerte de algunos de los desaparecidos.
Sirios sin registrar
Otro grupo, aparte de los niños, cuyos datos no se conservaron durante el terremoto y ni siquiera se presentaron como desaparecidos, son los refugiados que viven sin registrar en las provincias afectadas por el seísmo. No se hizo ninguna declaración sobre el destino de los cadáveres de miles de refugiados que llegaron ilegalmente y no tenían registro oficial.
Taha Elgazi, portavoz de la Plataforma por los Derechos de los Refugiados, afirmó un mes después del terremoto que el número de refugiados sirios que perdieron la vida ascendía a 6.700.
Discriminación en la zona del terremoto
El hecho de que en las regiones donde se produjo la mayor destrucción vivieran kurdos, alevíes y árabes alevíes dio lugar a planteamientos racistas y discriminatorios. La discriminación, especialmente por parte del gobierno del AKP y de los grupos y sectas apoyados por el gobierno, también se reflejó en los periódicos de la época. El hecho de que en las zonas afectadas por el terremoto vivieran kurdos y alevíes a los que casi nunca llegaba la ayuda, o ésta llegaba muy tarde, también mostró el alcance de esta discriminación.
Todavía no se ha producido una mejora completa de los espacios vitales de alevíes y kurdos. Además de kurdos y alevíes, los refugiados también sufrieron las políticas discriminatorias y racistas durante el terremoto.
Destrucción ecológica
Otra destrucción fue la ecológica, debida a la urbanización no planificada y al saqueo de la naturaleza. No se tomaron precauciones para retirar los escombros tras el terremoto, y los problemas de salud de los supervivientes empezaron a aumentar con el problema del amianto que salía de los edificios. Especialmente en Hatay, donde se produjo la mayor destrucción, las nubes de polvo que contenían amianto cubrieron la ciudad durante días durante las demoliciones y la gente se vio obligada a vivir respirando ese polvo.
Fosas comunes
Muchos cadáveres fueron enterrados en fosas comunes en ciudades como Adiyaman y Hatay, donde se experimentó la mayor destrucción del terremoto. A la gente no se le permitió ser enterrada según sus creencias. Aunque ninguna institución autorizada, especialmente la estatal AFAD, ha aceptado las fosas comunes hasta la fecha, las imágenes y noticias en los medios confirmaron la existencia de fosas comunes.
Ayuda y solidaridad que no llegan
Aparte de que el Estado prestó ayuda especialmente a las regiones suníes, pasando por alto incluso las casas y calles donde viven los alevíes y retrasando la ayuda, los camiones de ayuda procedentes de instituciones alevíes, estructuras revolucionarias y el HDP (Partido Democrático de los Pueblos) fueron a menudo confiscados y entregados a la AFAD tras permanecer días en las fronteras provinciales.
El gobierno trató de impedir que el público, las organizaciones no gubernamentales y el HDP proporcionaran ayuda a las regiones a las que no ayudaba.
Problemas sin resolver en la zona del terremoto
A un año del terremoto, las promesas no se han cumplido. La gente sigue viviendo en contenedores y tiendas de campaña. En su declaración sobre la región del seísmo, la Asociación Médica Turca (AMT) afirmó que no se dispone de agua limpia, el problema de la higiene empeora, las enfermedades epidémicas aumentan y el desarrollo de los niños se ve afectado negativamente. La AMT subrayó que no se proporciona apoyo psicológico, es difícil acceder a un médico y la mayoría de las familias posponen sus problemas de salud porque luchan por sobrevivir.
FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina
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