Hace casi dos décadas que se creó un tribunal para juzgar a genocidas. Las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, avaladas por la ONU y constituidas en 2006, acusaron a nueve personas, la mayoría octogenarias, por el genocidio cometido por los Jemeres Rojos a finales de la década de 1970. El 10 de junio, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) anunció que empezaría a juzgar a varios miles de miembros extranjeros del Estado Islámico (ISIS), grupo acusado de perpetrar un genocidio contra la comunidad religiosa yazidí de Irak, en 2014. En lugar de seguir esperando la ayuda internacional para establecer un tribunal, la región autónoma afirma que actuará en solitario.
Un comunicado publicado en la página web de la AANES explica que iniciará “juicios abiertos, justos y transparentes, de acuerdo con las leyes internacionales y locales sobre terrorismo”. La medida, que según un diplomático occidental citado por Reuters fue “una sorpresa”, se debe al “fracaso de la comunidad internacional a la hora de responder a los llamamientos de la Administración Autónoma para repatriar a sus ciudadanos pertenecientes al ISIS”, añade el comunicado.
Tras la caída de Baghouz, el último resquicio del llamado califato del ISIS -que antaño se extendía por amplias franjas de Siria e Irak-, en 2019, la AANES tuvo que lidiar con cerca de 100.000 sospechosos del grupo terrorista y sus familias. A día de hoy, esa cifra asciende todavía a 67.000. Alrededor de 13.000 de ellos no son ciudadanos sirios ni iraquíes.
“Esta situación no puede continuar así”, declaró la AANES, “ya que el hecho de no llevar a estos criminales ante los tribunales y hacer justicia, es contrario al derecho internacional. Si permanecen en esta situación, seguirán suponiendo una amenaza para la seguridad”.
Los sospechosos del ISIS en prisión preventiva han protagonizado hasta ahora varios intentos de fuga. El más grave se llevó a cabo a finales de enero de 2022, cuando células del ISIS atacaron el complejo penitenciario de Al Sinaa, en la ciudad de Hasaka, que albergaba a varios miles de hombres sospechosos de ISIS, y tomaron brevemente el control del sur de la ciudad. 121 miembros de las fuerzas de seguridad (de la AANES) murieron mientras retenían a los fugados, en una sangrienta batalla que duró diez días.
La AANES invitó a la Coalición Internacional, a la ONU y a ONG extranjeras a participar en los juicios, así como a los medios de comunicación a asistir y seguir los procedimientos. La Administración Autónoma ha pasado los últimos cinco años presionando a la comunidad internacional para que repatríe a sus ciudadanos y le ayude a establecer un tribunal internacional en el noreste de Siria. El comunicado advierte de que la decisión de juzgar unilateralmente a ciudadanos extranjeros “no implica que la AANES dé marcha atrás en su opinión sobre la necesidad de establecer un tribunal internacional o un tribunal de carácter internacional específico para la cuestión del ISIS”.
12 mil hombres furiosos
El número de hombres detenidos en prisión preventiva, además de los que ya han sido juzgados, oscila entre 12.000 (según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, observatorio del país) y 15.000 (según Khaled Barjas Ali, miembro del Consejo de Justicia de la AANES). Entre 2.000 y 3.000 de ellos no son ni iraquíes ni sirios. Los campos de Al Hol y Al Roj albergan a otros 52.323 detenidos, de los que algo más de 10.000 son los llamados nacionales de terceros países. La mayoría, sin embargo, son menores de edad.
Al menos 60 países están representados en este grupo. La AANES ha instado sistemáticamente a los gobiernos a repatriar a sus ciudadanos. Además de ser un problema de seguridad, retener a tal cantidad de sospechosos de terrorismo es una carga económica para la Administración Autónoma. El coste mínimo de funcionamiento de Al Hol, un campo que alberga a 49.831 personas vinculadas al ISIS, es de 200 millones de dólares anuales, según un recuento oficial. La fuga de la prisión de Al Sinaa, en 2022, se debió en parte a la negativa del gobierno estadounidense a proporcionar financiación para instalaciones de detención adecuadas en el noreste de Siria, lo que obligó a las AANES a recluir a unos 4.000 combatientes del ISIS en un edificio escolar reconvertido.
Según el Centro de Información de Rojava (RIC), un observatorio local, 2.774 ciudadanos de terceros países han sido devueltos a sus países desde los campos y prisiones del noreste de Siria. Sin embargo, las cifras están sesgadas. Cinco países -Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán- representan dos tercios de todas las repatriaciones. Muchos países, especialmente los de Europa y Oriente Medio, están dando largas al asunto. Desde 2020, las repatriaciones a terceros países se han reducido a un goteo: una media de 380 cada año. Además, la mayoría de estos retornos han sido de menores (70%) y mujeres (23%). North Press solo pudo confirmar la repatriación de 74 hombres extranjeros desde el noreste de Siria desde 2018.
Los abogados del diablo
Casi desde que comenzó a hacer retroceder a ISIS, la AANES ha trabajado en el establecimiento de una sólida legislación antiterrorista y de un sistema judicial que la acompañe. El Consejo de Justicia de la AANES creó dos tribunales -los llamados Tribunales de Defensa del Pueblo- para juzgar delitos de terrorismo. Uno se encuentra en Qamishlo y el otro en Kobane. Según Sipan Ahmad (nombre ficticio), juez de la sucursal de Qamishlo entrevistado por el RIC, han juzgado a más de 8.000 sirios desde 2014. Sin embargo, se cree que los miembros del ISIS son solo una fracción de esa cifra, ya que los Tribunales de Defensa del Pueblo también procesan a milicianos respaldados por Turquía, a miembros del Frente Al Nusra, así como a espías de Turquía, del Gobierno Regional del Kurdistán en Irak y del gobierno de Damasco.
En 2014, se aprobó por primera vez una ley antiterrorista histórica (la Ley 20-2014) que se ha ido modificando a lo largo de los años, entre otras cosas gracias a las aportaciones de expertos jurídicos internacionales que visitaron la región. Por ejemplo, en 2021, el Consejo General de la AANES aprobó enmiendas a la ley que añadían un proceso de apelación a los juicios antiterroristas, siguiendo la opinión de expertos internacionales. Según la Ley 20-2014, la pertenencia al ISIS puede acarrear al acusado de uno a dos años de prisión; la participación en la guerra, de cinco a 10 años; dar órdenes de ejecución, de 20 años a cadena perpetua; la violación, de 15 a 20 años; la trata de personas, de 10 a 20 años; la lucha contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de 10 a 20 años; y el asesinato, de 15 años a cadena perpetua. La pena capital ha sido abolida con el sistema AANES. Las leyes antiterroristas aún no abordan el delito de genocidio, aunque, según Ahmed, se está trabajando en ello.
Tras una investigación de unos seis meses, las Fuerzas de Seguridad Interna (Asayish) del noreste de Siria tienen los casos de terrorismo en manos de una fiscalía especial, que lleva a cabo su propia investigación sobre los acusados. La recopilación de pruebas no es tan difícil como podría pensarse, dijo Ahmad. Los miembros del ISIS “consideran legítimas sus acciones y están orgullosos de ellas, suelen filmarlas”, explicó. Los juicios individuales pueden durar entre tres meses y un año, e incluir múltiples sesiones, así como un proceso de apelación (alrededor del 60 por ciento de los casos son apelados). Esto es comparable a los tristemente célebres “juicios de diez minutos” contra miembros del ISIS en Irak, muchos de los cuales acabaron en ejecución.
No obstante, el acceso de los sospechosos del ISIS a los abogados sigue siendo limitado. El derecho existe sobre el papel, pero rara vez se hace uso de él. Según Ahmad, esto se debe a que los propios abogados no quieren defender a miembros del ISIS. Se ha introducido el derecho a un abogado de oficio, pero los datos anecdóticos indican que los sospechosos de terrorismo rara vez tienen acceso a él. Badran Chiya Kurd, alto funcionario de la AANES, declaró a Reuters el 11 de junio que los sospechosos extranjeros de pertenecer al ISIS tendrían derecho a contratar a un abogado de su propio bolsillo, pero no dijo que los tribunales les designarían uno.
Los Tribunales Populares de Defensa siguen siendo pequeños. En 2021, la sección de Qamishlo contaba con 14 jueces, ocho fiscales y otros tres funcionarios. Todos los jueces tienen que completar una Licenciatura en Derecho, así como un curso adicional de seis meses en una academia especial. Cada caso está presidido por un panel de tres jueces, de los cuales al menos uno tiene que ser una mujer. “Tenemos mucho trabajo”, añadió Ahmad, “puede ser agotador”.
Las estadísticas sobre el trabajo del tribunal son escasas, pero una encuesta realizada en 2020 reveló que el 10% de los sospechosos de terrorismo fueron declarados inocentes y puestos en libertad, el 10% recibió penas máximas y el resto tuvo condenas de diversa duración. Muchos antiguos miembros del ISIS también han sido puestos en libertad tras visitar programas voluntarios de desradicalización.
Inténtalo de nuevo
El anuncio del 10 de junio está lejos de ser la primera iniciativa lanzada por la AANES para establecer un tribunal que enjuicie a ISIS. Apenas dos días después de la caída de Baghouz, el 25 de marzo de 2019, la Administración ya había creado una comisión para ocuparse de los detenidos extranjeros, había celebrado una rueda de prensa en Ain Issa pidiendo un tribunal internacional, había propuesto un comité común con la Coalición Global liderada por Estados Unidos para debatir sobre la obtención de pruebas y las prisiones, y había presentado un plan para celebrar un congreso internacional sobre el tema. Según Abdulkarim Omar, ex copresidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la AANES, el plan de un tribunal internacional para juzgar a los miembros de ISIS nació de la falta de compromiso de los gobiernos para repatriar a sus ciudadanos. Sin embargo, estos planes también recibieron una tibia acogida internacional, por lo que fueron archivados.
“La AANES presentó muchas propuestas e iniciativas que fueron compartidas con la comunidad internacional, pero no tenían posturas claras al respecto”, declaró el domingo a North Press Khaled Ibrahim, funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores de la AANES. “Por tanto, para lograr justicia social para las víctimas que fueron objeto de terribles crímenes por parte de este grupo, deben celebrarse juicios públicos”.
Los juicios se celebrarán contra “todos” los implicados en actos terroristas, que podrían ascender a “miles” de personas, dijo Ibrahim. Sin embargo, la AANES no tiene previsto procesar a las mujeres extranjeras retenidas en los campos. “Consideramos a estas mujeres y a sus hijos víctimas de esta guerra absurda y sucia”, explicó. Esto podría reducir significativamente el número de miembros de ISIS juzgados. Las mujeres y los niños del campamento de Al Roj y Al Hol son unos 10.000, de los 13.000 extranjeros que se calcula que hay. Por lo general, los tribunales antiterroristas de la AANES también han evitado procesar a mujeres sirias. Menos del 1% de los procesados en los tribunales de defensa popular son mujeres, según Ahmad. No obstante, cada vez hay más pruebas de la participación de las mujeres en el ISIS. En el campo de Al Hol, poblado mayoritariamente por mujeres y menores, se producen decenas de asesinatos cada año. Muchos de ellos son cometidos u ordenados por las llamadas “Baghouziat”, en su mayoría mujeres extranjeras que permanecieron leales al ISIS hasta el final.
Los miembros extranjeros del ISIS serán procesados en virtud de la legislación antiterrorista vigente y juzgados por los Tribunales Populares de Defensa. “Ciertamente, estos juicios se dirigirán contra los extranjeros contra los que existan pruebas y evidencias contundentes de que han cometido delitos”, declaró Ibrahim a North Press. “En cuanto a aquellos contra los que no haya pruebas de que hayan cometido delitos, su situación podrá discutirse en deliberaciones especiales con la comunidad internacional y los países interesados”.
No obstante, la AANES sigue haciendo “hincapié en la creación de un tribunal internacional especial para estos miembros terroristas que, como criminales internacionales, cometieron delitos contra las sociedades, la mayoría de los cuales equivalían a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Aunque la naturaleza de los crímenes, incluido el genocidio cometido contra los yazidíes en Irak, ofrece suficiente justificación legal para que sean juzgados en Siria, la legislación vigente aún no contempla crímenes de este calibre.
Los costes de estos juicios, al igual que los actuales Tribunales Populares de Defensa, correrán a cargo de la AANES, “independientemente de la cuantía”, señaló Ibrahim. No se han facilitado estimaciones de costes. Una propuesta iraquí de 2019 para juzgar a los combatientes extranjeros del ISIS pedía dos millones de dólares por sospechoso y año. Sin duda, la AANES no dispone de ese dinero. Pero eso no les detiene. “Los juicios comenzarán en los próximos días”, añadió Ibrahim.
¿Es legal todo esto?
Se ha debatido cómo sería un tribunal que exigiera responsabilidades al ISIS. La jurisdicción universal se ha empleado en algunos casos para juzgar a algunos miembros de bajo rango del ISIS que llegaron a las costas europeas. Pero este enfoque fragmentario no es una solución viable. Los tribunales patrocinados por la ONU que juzgaron a genocidas y criminales de guerra en Ruanda y Yugoslavia se centraron en unas pocas docenas de altos cargos. Estos modelos no son adecuados para el noreste de Siria, donde los miembros del ISIS se cuentan por decenas de miles, pero su cúpula está muerta o escondida. Hasta ahora, los gobiernos iraquí y sirio no han presentado argumentos convincentes sobre su capacidad para juzgar humanamente a los sospechosos de pertenecer al ISIS, ya sea unilateralmente o como parte de un tribunal híbrido respaldado internacionalmente. Varios comentaristas también han señalado que es probable que Rusia y China veten cualquier iniciativa liderada por la ONU.
Por otra parte, algunos juristas afirman que la victoria militar de la Coalición Internacional -una alianza de 85 países- sobre el ISIS constituye en sí misma justificación suficiente para establecer un tribunal internacional. Según el abogado francés Dominique Inchauspé, ya existe una base legal para juzgar al ISIS en virtud de las Resoluciones 2170 y 2249 de la ONU, que permiten a la Coalición establecer un tribunal mediante un acuerdo interno, similar a los Juicios de Núremberg (1945-6). Dicho tribunal no existe, no porque viole el derecho internacional humanitario, sino por falta de voluntad política.
La jurisdicción de la AANES sobre los crímenes del ISIS es directa. Muchas de las peores violaciones se cometieron en el noreste de Siria. La gravedad de los crímenes y la presencia de células del ISIS en todo el mundo significa que los miembros del grupo como tales pueden ser juzgados como hostis humani generis (“enemigos de la humanidad”), lo que según el derecho internacional humanitario consuetudinario permite a cualquier país procesarlos.
El hecho de que la AANES sea una entidad subnacional no reconocida, tampoco es la desventaja que puede parecer. Según el Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICCT), un think tank con sede en Holanda, el derecho internacional humanitario “no autoriza explícitamente (a las AANES) a establecer tribunales, pero sí regula y proporciona ciertas garantías judiciales mínimas que deben cumplirse, sin tener una base en el derecho nacional”. El artículo 3 de la Convención de Ginebra y el artículo 6 del Protocolo Adicional II prohíben a las partes en conflicto “dictar sentencias y llevar a cabo ejecuciones sin previo juicio pronunciado por un tribunal regularmente constituido, que ofrezca todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. Sí estipulan que los tribunales deben ser independientes. Sin embargo, no hacen referencia a la necesidad de que los tribunales sean “establecidos por ley”. Por lo tanto, el ICCT considera que un tribunal local no violaría el derecho internacional humanitario consuetudinario, siempre que esté libre de injerencias, como las de las estructuras militares o los cuadros políticos del noreste de Siria.
Veredicto
La AANES necesitará ayuda internacional para llevar a cabo esta gigantesca empresa. Sin ella, los tribunales antiterroristas del noreste de Siria se verán rápidamente desbordados y el presupuesto de la Administración Autónoma agotado. Esto llevaría a una paralización o a un error judicial. La supervisión internacional también garantizaría que la AANES mantiene su compromiso con la legislación vigente basada en el derecho internacional. Además, es probable que estos juicios alboroten a las células existentes de ISIS, aumentando el riesgo de más violencia. Las ONG internacionales que operan en el noreste de Siria ya se están preparando para un repunte de los ataques de ISIS. La comunidad internacional, especialmente la Coalición liderada por Estados Unidos, debe proporcionar toda la ayuda que pueda. No sólo porque les interesa, sino también porque es su deber.
Sin embargo, si se hace bien, los juicios contra los miembros del ISIS en el noreste de Siria podrían convertirse en un hito del derecho internacional humanitario. Su amplitud, sus organizadores no estatales y el contexto en el que se celebrarán hacen que los juicios anunciados no se parezcan a ningún otro tribunal mayor de posguerra. También es probable que aporten tranquilidad a muchos en una región asolada por la violencia en la última década. “Es la gente de esta tierra la que ha sufrido a manos (del ISIS), cuyos hijos han sido asesinados”, dijo Ahmad a RIC, en 2021. “Todas estas personas están aquí, y deberían tener derecho a que los responsables rindan cuentas aquí”, agregó.
FUENTE: Sasha Hoffman / North Press Agency / Traducción y edición: Kurdistán América Latina
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