Los integrantes extranjeros del Estado Islámico (ISIS o Daesh), detenidos en el norte y el este de Siria, serán llevados a juicio ante la negativa de la comunidad internacional de conformar un tribunal especial para investigar los crímenes que cometieron y juzgarlos. Esto fue anunciado el 10 de junio pasado por la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), el organismo de autogobierno impulsado por el movimiento político kurdo e integrado por comunidades árabes y minorías étnicas y religiosas, como armenios, asirios, turcomanos, ya sean musulmanes, cristianos y yezidíes.
Desde la derrota del Daesh en la aldea de Baghouz, en la provincia siria de Deir Ezzor –fronteriza con Irak-, la AANES y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) tuvieron que responsabilizarse no solo de los militantes yihadistas detenidos, sino de sus numerosas familias. Bloqueada económicamente, atacada de forma diaria por la aviación turca y asediada por el gobierno de Damasco, el norte y el este sirio es un territorio frágil para albergar a más de 60 mil miembros de ISIS, repartidos en prisiones y, principalmente, en los campos de refugiados de Al Hol y Al Roj.
De un total de 67 mil integrantes de Daesh retenidos por las FDS, 13 mil no son sirios ni iraquíes. De la primera cifra, entre 12 y 15 mil se encuentran bajo prisión preventiva, y, entre esos, hay entre 2.000 y 3.000 extranjeros. En Al Hol y Al Roj, hay más de 52 mil integrantes de ISIS (en general, familias enteras), de los cuales 10 mil son extranjeros y extranjeras de, al menos, 60 países y, en su mayoría, menores de edad.
En el comunicado de la AANES en el que anunció los juicios, se explicó que los procesos serán “abiertos, justos y transparentes, de acuerdo con las leyes internacionales y locales sobre terrorismo”. La medida tomada se debe, según la Administración Autónoma, al “fracaso de la comunidad internacional a la hora de responder a los llamamientos (…) para repatriar a sus ciudadanos pertenecientes al ISIS”, añade el mensaje.
Según el Centro de Información de Rojava (RIC), 2.774 miembros de Daesh fueron devueltos a sus países de origen. La agencia North Press indicó que cinco países -Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán- representan dos tercios de todas las repatriaciones. En un extenso informe elaborado por Sasha Hoffman, se advirtió que “muchos países, especialmente los de Europa y Oriente Medio, están dando largas al asunto. Desde 2020, las repatriaciones a terceros países se han reducido a un goteo: una media de 380 cada año. Además, la mayoría de estos retornos han sido de menores (70%) y mujeres (23%). North Press solo pudo confirmar la repatriación de 74 hombres extranjeros desde el noreste de Siria desde 2018”.
En otra parte del informe, se detalló que “retener a tal cantidad de sospechosos de terrorismo es una carga económica para la Administración Autónoma. El coste mínimo de funcionamiento de Al Hol, un campo que alberga a 49.831 personas vinculadas al ISIS, es de 200 millones de dólares anuales, según un recuento oficial. La fuga (de terroristas) de la prisión de Al Sina’a, en 2022, se debió en parte a la negativa del gobierno estadounidense a proporcionar financiación para instalaciones de detención adecuadas en el noreste de Siria, lo que obligó a la AANES a recluir a unos 4.000 combatientes de ISIS en un edificio escolar reconvertido”.
En los últimos días, medios de comunicación kurdos informaron que los preparativos para los procesos judiciales están en marcha, aunque no se conoce una fecha concreta para el inicio. El andamiaje para estos juicios está sostenido por la legislación vigente y aplicada por la AANES, estarán a cargo del denominado Consejo de Justicia Social del norte y el este de Siria. La agencia de noticias ANHA reveló que “según fuentes jurídicas” de la región, “los miembros de ISIS serán juzgados y condenados por los delitos que hayan cometido. Si no hay ninguna acusación específica (asesinato, extorsión, tortura, inmoralidad, etc.) contra un miembro de ISIS, esta persona sólo será juzgada por ‘pertenencia a una organización criminal’. Si un miembro del ISIS es acusado de delitos distintos de pertenencia (asesinato, complicidad en asesinato, ayuda, tortura, secuestro, etc.), será juzgada por un artículo separado. Las penas de prisión van desde leves a cadena perpetua. No hay pena de muerte en la AANES”.
Un tema pendiente, y para nada menor, es que la AANES y su organismo de justicia definan qué tipo de defensa van a tener los integrantes del grupo terrorista que, hace apenas unos años atrás, llegó a controlar un territorio que se extendía por Siria e Irak donde vivían entre ocho y diez millones de personas.
Luego del anuncio de los juicios a Daesh, la AANES también alertó sobre la respuesta de Turquía ante los procesos. Es sabido que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan es el principal sostén de los remanentes de ISIS en Siria y de otros grupos terroristas que ocupan ilegalmente zonas como Afrin, Serêkaniyê, Al Bab y Gire Spî, en la región kurda de Siria (Rojava). La respuesta del reelecto mandatario no se dejó esperar: el 20 de junio, un dron turco bombardeó un auto en el que se trasladaban Yusra Darwish (co-presidenta del consejo de gobierno del cantón de Qamishlo, capital administrativa de Rojava), su adjunta Lîman Şiwêş y el conductor Firat Tûma. Los tres fueron asesinados en el ataque en las cercanías de la aldea Tal Shair. En el vehículo, también se encontraba el co-presidente del autogobierno de Qamishlo, Kabi Shamoun, que resultó herido, pero pudo salvar su vida.
En una declaración, la propia AANES advirtió: “La política de la ocupación turca, con objetivos políticos claros, se ha hecho cada vez más evidente, teniendo por objetivo específico socavar el proyecto de la propia Administración Autónoma y poner en peligro a los funcionarios y trabajadores de sus instituciones”. En el texto, se denunció que “no es casualidad que este atentado se produjera cuando la AANES anunciaba su intención de perseguir a dirigentes y miembros de la organización terrorista ISIS. Turquía, patrocinadora del terrorismo, trata de ocultar su apoyo al terrorismo, especialmente en lo que se refiere a proporcionar un entorno propicio al ISIS en los territorios ocupados”.
En un artículo publicado en Medya News, la analista internacional Robin Fleming señaló que “resolver el problema de los miembros del ISIS no pertenece únicamente a la AANES. Pertenece a todos los que quieren ver eliminada la amenaza, quieren paz y estabilidad en Medio Oriente y más allá, a cualquiera que valore los derechos de la mujer, la democracia y la libre y voluntaria búsqueda de la religión”. Fleming también se preguntó algo que, por estos días, parece importarle muy poco a los líderes mundiales: “¿Quién demostrará que cree en estos principios? ¿Quién, además de las autoridades de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria?”.
FUENTE: Leandro Albani / La tinta
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